Foto: Cuartoscuro

Las balas como instrumento privilegiado del proceso de aterrorizamiento social, de la construcción de paz militarizada y del gran negocio intercapitalista de la violencia (Los recursos que mueve el narcotráfico superan a una gran cantidad de industrias del país, a las remesas y dan trabajo aproximadamente a un millón de mexicanos, según una amplia investigación de catedráticos impulsada por el Dr. José Luis Calva de la UNAM (La Jornada, 11-11-18).

¿Cómo construir una reflexión-acción que permita hacer -al menos en forma incipiente- inteligible el proceso de tan violenta guerra e impunidad que nos atraviesa en México, sin caer en más aterrorizamiento y desánimo, y, en cambio, sea útil para organizarnos y fortalecernos mejor para enfrentarlo?

BALAS ¿“PERDIDAS”?

El 29 de abril acaba de darse otro hecho de extrema violencia en la UNAM: el criminal asesinato de Aideé Mendoza Jerónimo, estudiante de 18 años del CCH-Oriente, dentro de su salón de clases en plena sesión de Matemáticas. No están aclaradas aún las formas en que este asesinato se dio, pero una hipótesis fuerte es que puede haberse tratado de una “bala perdida”, proveniente de un terreno abandonado contiguo o de una instalación de la Marina cercana.

El 22 de abril otra “bala perdida” asesinó al niño Axel de 10 años, en una colonia de Jiutepec (Morelos), mientras regresaba de misa de Pascua -¡qué cruel ironía!- con su familia. En menos de 10 días, han muerto asesinados por acciones de gran violencia 4 niños en Morelos.

¡Brutales imágenes del nivel al que ha llegado la violencia, inhumanidad e impunidad en el país! Resultaría infame llamar a estas víctimas como “daños colaterales”, al igual que a los familiares o asistentes que acompañan a funcionarios públicos o activistas sociales y son asesinados junto a ellos en el ataque armado. El cuerpo de una víctima no es sólo individual, sino social, y a esa dimensión mucho más amplia y compleja se expanden las balas del exterminio, en su política de aterrorizamiento del tejido social, central para construir su impunidad y reproducción. Para entender la magnitud de este hecho social de la guerra y el terror, es bueno leer una reciente investigación acerca del “Costo humano del Exterminio Selectivo y del Exterminio Electoral durante el reciente periodo electoral mexicano del 2017-2018”, donde se registra que “en el 41% de las acciones de exterminio selectivo las víctimas iban acompañadas, siendo en el 50% familiares directos de las víctimas”.

Asimismo, estas balas no estaban tan “perdidas” porque atacaron las identidades sociales más vulnerables de la actual guerra en México: joven, mujer, niño, estudiante, UNAM, Morelos. Se trata de espacios corporales y territoriales de los más violentados en el país.

En los 10 años de la cínicamente llamada “guerra al narco”, han sido asesinados 118 mil jóvenes: “Son las principales víctimas de la violencia en los últimos dos sexenios” (Contralínea, 18-7-18). Los feminicidios en México aumentaron más del 100% en los últimos 3 años; y los asesinatos a mujeres, aunque sin un aparente contexto de género, aumentaron un 60% en el mismo periodo (Sistema Nacional de Seguridad Pública). El primer bimestre de este año superó a todos los anteriores de años pasados.

Save the Children acaba de declarar que “Los datos oficiales de gobierno registran en promedio tres niñas, niños o adolescentes asesinados cada día en el país” (LJ 30-4-19). Mientras el Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes declara que “en 2018 se reportaron 2908 denuncias de homicidios contra infantes” (La Jornada, 29-4-19).

Claro, que la UNAM no es una isla, y refleja -aunque en otras proporciones- la realidad de guerra que vive México. El año pasado, en septiembre, se dio el también brutal e impune ataque -en las puertas de rectoría- de porros del CCH-Azcapotzalco contra un grupo de estudiantes que marchaban pidiendo más seguridad y transparencia del presupuesto en ese CCH, ante la mirada cómplice de los responsables universitarios de la seguridad.

¿Por qué tanto interés en mostrar públicamente a la universidad como un “territorio inseguro”? ¿Por qué aumentar la “siembra del aterrorizamiento” ciudadano en el país, evidenciando la fragilidad al respecto de uno de los espacios más emblemáticos de la “paz social”, casi una “isla de paz” en el imaginario social?

En el primer trimestre de este año hubieron 272 homicidios en Morelos, según datos oficiales, mientras que el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, habla de 400 ejecutados… La semana pasada veía una gran manta a la entrada de un fraccionamiento en la zona poniente de Cuernavaca: “Si te agarramos no sales vivo, tenlo por seguro”.

BALAS “DIRIGIDAS” AL EXTERMINIO SELECTIVO

El primer trimestre de este año es el más violento desde 1997, con casi 9000 homicidios, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. No se trata de un juego de cifras ni de aumentar el aterrorizamiento social, sino de tomar conciencia del carácter normalizador y creciente en lo cualitativo y cuantitativo del proceso, y la urgencia de implementar otro tipo de medidas, empezando desde el poder que no han atacado en nada el contubernio autoridades-empresario-delincuentes y sus intereses económicos, ni han destinado la cantidad de fondos indispensables para tamaña tragedia, empezando desde lo forense, los bancos genéticos y las investigaciones. Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los DDHH, extrañamente sorprendida, declaraba el 9 de abril con justeza lo que quienes habitamos este país conocemos bien: “México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: 252 mil 538 muertos desde el 2006”.

Samir Flores, líder indígena de Amilcingo y activista social ambiental y de los DDHH muy reconocido en Morelos, fue arteramente asesinado el 20 de febrero pasado, en la puerta de su casa. Hasta hoy no se tiene ningún responsable ni arresto. Nos preguntamos si el Fiscal General, Uriel Carmona, todavía sigue en su cargo? ¿Por qué?

Una compañera activista ambiental de larga data en Morelos, me decía: “Nadie puede decir nada porque te matan. No podemos hacer nada”. Estas últimas, han sido semanas brutales de todo tipo de exterminio, pero muy particularmente sobre el exterminio selectivo de activistas sociales y funcionarios públicos, como parte de esta guerra despiadada por los grandes negocios de la ilegalidad organizada. Una verdadera lista del terror.

En cuanto a los asesinatos selectivos hacia sujetos de la Administración Pública:

Maricela Vallejo, alcaldesa de Mixtla de Altamirano (Veracruz) fue asesinada el 24 de abril; el exalcalde de Chalco, Juan Carbajal el 4 de abril; el alcalde de Nahuatzen (Mich.), David Otlica, el 23 de abril; 4 funcionarios municipales de Salvatierra (Gto.) el 25 de marzo y uno de Zamora (Mich.) el 3 de mayo.

A su vez, el pasado 10 de abril vimos en la Universidad Autónoma de Zacateca una muestra clara de los peligros de la espiral de la guerra para construir la paz: mientras el Fiscal General del Estado, Francisco Murillo, estaba en la misma Unidad Académica de los asesinatos con sus escoltas, la estudiante de 22 años y trabajadora del Poder Judicial Nallely Nohemí Delgado fue allí acribillada, a pesar de tener escoltas que no actuaron; y el joven de 22 años vendedor de celulares -Marco García- murió de asfixia al ser “sometido” por policías ministeriales. Desafío conjunto público total de la guerra y la “paz armada”: del crimen organizado y la policía estatal.

Respecto a los asesinatos selectivos de Activistas Sociales:

Abiram Hernández, miembro del Colectivo por la Paz en Xalapa, que había apoyado muchas acciones y organizaciones de familiares de desaparecidos desde 2011, fue asesinado en Xalapa el 30 de marzo; 4 miembros de la CRAC-PC de Tixtla, entre ellos Gonzalo Molina –vocero de la CRAC- y preso político casi 6 años recién liberado, fueron desaparecidos el 26 de marzo, luego liberados y ahora están protegidos. El 2 de mayo fue asesinado Telésforo Santiago Enríquez, maestro de la CNTE y fundador de la radio comunitaria oaxaqueña El Cafetal en San Agustín Loxicha; el 1° de mayo asesinaron en el mpio. de Guadalupe y Calvo (Chihuahua) a Otilia Martínez y su hijo Gregorio Chaparro, defensores de los bosques y familiares de Julián Carrillo, indígena rarámuri también asesinado el pasado 24 de octubre por las mismas razones. Asimismo, el 4 de mayo fueron desaparecidos y luego asesinados, los representantes indígenas José Bartolo Faustino -concejal nahua del Concejo Indígena de Gobierno- y Modesto Verales Sebastián -delegado del Congreso Nacional Indígena-, cuando regresaban de una reunión del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) en Chilpancingo.

¿Qué Hacer?

Marchas (médicos en Cuautla, estudiantes en Zacatecas y Ciudad Juárez, sociedad en Minatitlán….), Vía Crucis (familiares de desaparecidos en Xalapa…) y muy numerosas acciones más recorren al país, son ejemplares y heroicas, pero no son suficientes para detener este nivel de guerra y violencia, ya que además muchas veces el grueso de la sociedad no sumamos suficientemente nuestros cuerpos a estas manifestaciones radicales de un “¡Ya Basta a la Guerra!”. Tal vez todavía, como sociedad, no hemos alcanzado a percibir la “frontera moral” tan endeble que estamos dejando avanzar en estos niveles de inhumanidad, y que tanto costará hacerla “regredir”.

Los familiares de víctimas han estado elevando constantemente el nivel de las acciones de resistencia civil noviolenta, en la línea de la No-Cooperación y la Desobediencia Civil, mostrándonos el camino por dónde avanzar realmente. Recientemente se han multiplicado las Caravanas y Brigadas de Búsqueda de Desaparecidos: las del Colectivo por la Paz-Xalapa encontraron fosas clandestinas en el municipio Úrsulo Galván; Guerreras Buscadoras de Sonora hallaron muchos cuerpos en fosas clandestinas en el municipio de Cajeme; el Colectivo Familias Unidas por Nayarit encontró fosas en el municipio de Xalisco; el Colectivo Las Rastreadoras de El Fuerte localizó fosas con cuerpos en los municipios de Ahome y Guasave; el Colectivo de Familias en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Zona Córdoba-Orizaba hallaron cuerpos en el mpio. de Río Blanco; el Colectivo Los Otros Desaparecidos de Acapulco encontró cuerpos en el mpio. de Iguala; ya comenzó la 5ª. Caravana de Búsqueda de Personas Desaparecidas “Buscando Encontraremos” en Michoacán, en medio de una fuerte denuncia hacia las autoridades estatales, la Policía federal y el Ejército que no han cumplido con la seguridad a que se comprometieron, en territorios tan riesgosos; se han creado nuevos Colectivos de Búsqueda de Desaparecidos en Oaxaca y Sinaloa.

A su vez, familiares de desaparecidos de distintos Estados -8 mujeres- llevan más de 20 días en huelga de hambre afuera de SEGOB, exigiendo la localización de sus desaparecidos y la entrega de miles de cuerpos ya genéticamente identificados: “Sólo nos sacarán muertas de aquí. Ya estamos cansadas de mesas de trabajo donde se firman acuerdos que no se cumplen” (La Jornada, 24-4-19).