Desde los fuegos del tiempo

Ramón Vera-Herrera

Una probadita del infierno

Foto: Ligia García Villajuana

“Exigimos un compromiso justo de este gobierno de declarar zonas de emergencia ambiental, zonas de emergencia sanitaria y la atención extraordinaria en materia de salud en todas las regiones visitadas por la caravana”, dijo Alan Carmona, de la agrupación Un Salto de Vida al término del recorrido que realizaron observadores y observadoras nacionales e internacionales del 2 al 10 de diciembre por seis zonas de devastación ambiental extrema en territorio mexicano. Zonas que han sido calificadas como zonas de sacrificio, o como paraísos industriales, según la mirada de quien valore lo que ocurre en tales regiones, pero que en todo caso son regiones donde la vida perdió sus posibilidades de reproducción, por la irresponsabilidad criminal de las corporaciones que impusieron sus explotaciones industriales con un alto grado desregulación ambiental, al punto de poner en riesgo, en lo inmediato, la posibilidad de vivir realizando actividades normales.

Emprendieron tal recorrido dos europarlamentarias, un parlamentario del País Vasco, una senadora estadunidense más científicos, cientificas y activistas de Alemania, Argentina, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Cataluña, el País Vasco e Irlanda, junto con personas y colectivos de la sociedad civil mexicana que realizaron encuentros con la gente interesada en El Salto, Jalisco; Dolores Hidalgo en Guanajuato; Apaxco y Atitalaquia en Hidalgo y Edomex, El río Atoyac en Tlaxcala; la ciudad de Puebla, y comunidades de toda la región del istmo norte reunida en Coatzacoalcos, Veracruz.

De acuerdo al recuento realizado por la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), todas estas regiones pueden considerarse no sólo zonas de devastación ambiental sino también “zonas de explotación social y laboral en México”. Ahí están enseñoreadas empresas mexicanas, estadunidenses, canadienses, y europeas (alemanas, francesas y españolas, sobre todo).

Las condiciones generales de vida que las empresas provocan contamina de modo muy grave el aire, el agua superficial y subterránea, los suelos y los espacios humanos donde la gente ya no puede realizar sus actividades sin riesgos graves. Dicha contaminación está dañando de manera tan brutal la salud de las personas a partir de enfermedades (como el cáncer de riñón, hígado, piel y estómago, las mutaciones genéticas, los abortos espontáneos, la insuficiencia renal, la fluorosis dental y esquelética y otras ) que por el número de muertes en el lapso de unos 12 años es factible constatar que estamos ante un genocidio ambiental y sanitario, es decir ante el asesinato irresponsable de miles y miles de personas a las que se le han impuesto condiciones invivibles con tal de que las empresas mantengan y aumenten su tasa de ganancia, sin miramiento alguno hacia las comunidades y colectivos (ya no digamos los ríos, manantiales, bosques, mantos freáticos, suelos fértiles y el propio aire, que en lugares como Coatzacoalcos, se ha hecho totalmente irrespirable).

La experiencia fue brutal. La gente que hizo el recorrido expresó emociones fuertes al constatar la deplorables condiciones en que viven cientos de miles de personas y vivir en carne propia la experiencia de la fetidez, la toxicidad, el malestar, que es cotidiana y de largo plazo, hasta el punto de haber quedado normalizada para cierta parte de la población que puede incluso creer que así es la vida.

Es importante recalcar que el recorrido no fue meramente una ocurrencia sino que se desprende de un trabajo de gran aliento que comenzó ya hace algunos años, y que dio origen a la fundación de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales hace más de diez años.

Es un trabajo emprendido por los colectivos preocupados que, en cada una de sus propias regiones, fue documentando con los años; extrayendo testimonios, vinculando personas, grupos de científicos locales y otros de fuera, hasta arribar paulatinamente a diagnósticos: verdaderos estudios de caso que configuraron agravios puntuales que ya fueron presentados ante el Tribunal Permanente de los Pueblos cuando sesionó en México entre 2011 y 2014.

Este trabajo fue auxiliado (conforme cundió la alarma creciente de lo que ocurría), por grupos formados por científicos de instituciones de investigación que aportaron datos duros con cotejos y experimentaciones, mediciones y análisis de todo tipo para determinar no sólo lo que estaba ocurriendo, sino las afectaciones a la salud humana y las condiciones reales de emergencia sanitaria y ambiental.

Claro que en varias de tales regiones era la primera vez que la gente se escuchaba una a otra, pues algunas no se conocían pese a compartir preocupaciones e interés por ahondar en lo que ocurría. Y la caravana fue un momento que ayudó a que la gente de las regiones pusiera en común sus agravios, complejizara sus propios análisis y se reconociera.

El arribar a esta caravana, y poder tejer los vínculos y relaciones necesarios para que llegaran personas de todos los países nombrados, habla de una labor paciente de largo plazo, que pone a la ANAA ante una coyuntura distinta. Entre las organizaciones que promovieron desde el exterior a la Caravana, se ubican entre muchas otras el Transnational Institute, Corporate Accountability, la Taula per Mèxic, UDAPT, OPSUR, Acción Ecológica, la Campaña argentina Gane quien Gane / la Multisectorial Anti-extractivista, Ekologistak Marxan, México Via Berlín y OMAL, varias de las cuales se integran en un movimiento activo en diferentes países y a nivel internacional por conseguir normas vinculantes que obliguen a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos.

Esto implica reconocer la enorme asimetría entre las corporaciones que acaparan territorios en diferentes partes del mundo imponiendo no sólo sus condiciones laborales y la socialidad que más les convenga, sino condiciones ambientales y sanitarias que la poblacion no habría decidido si hubiera entendido a plenitud lo que implicaba (Ver Desinformémonos, columnas, Desde los fuegos del tiempo, “El cotejo de la sociedad civil”, noviembre, 2019.)

Estamos entonces ante unas condiciones de vida que nos son robadas sistemáticamente y que nos orillan a grados de letalidad en muchos casos irreversibles. El Tratado Vinculante de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, actualmente en proceso de negociación, cuestiona estas condiciones y es un llamado a que las empresas se sometan a compromisos de responsabilidad hacia sus acciones y los efectos derivados de ellas. Esto por supuesto, tendría que abarcar no sólo su actuar en las circunstancias más cercanas de su accionar sino a lo largo de toda la cadena de suministro en la que está inmersa al producir una gama amplísima de cosas, sustancias, artefactos, maquinaria, automóviles, textiles, alimentos procesados, y otro sin fin de productos de todo tipo.

Los resultados que arrojan los estudios de cada región nos permiten reconstruir las sustancias tóxicas como los fluoruros, el arsénico, el cadmio, el plomo, el mercurio, las altas concentraciones de benceno, que genera la industria.

Es la industria química, la minería de todo tipo, la industria automotriz, la industria cementera, y toda la petroquímica y la electrónica.

En Puebla, además de Volkswagen y Audi, está Driscoll y sus invernaderos agroindustriales, más 258 concesiones de mineras. Por si fuera poco están las refresqueras como Coca-Cola y las granjas Carroll que abren más instalaciones. Hoy operan en Puebla 5 granjas de cerdos.

En Edomex e Hidalgo, son las 6 cementeras que funcionan en la región cuya fuente fundamental de contaminación es la quema del llamado coque, “uno de los subproductos más tóxicos del petróleo”. Está también la presa Endhó a donde van a parar muchas de estas sustancias desde donde se reparten a los campos de cultivo de tales regiones. Son las 116 plantas de agroquímicos y las termoeléctricas y refinerías que también operan. El río Salado se ha dividido en canales de aguas negras de la ciudad de México. Según Júlia Marti del Observatorio de Multinacionales en América latina (OMAL), “la planta de tratamiento de aguas de Atotonilco de Tula, que ocupó tierras comunales, hoy deja lodos tóxicos al aire libre, generando enfermedades, contaminación de tierras y plagas. Esta planta costó el triple de lo previsto, no limpia los tóxicos industriales y se usa para riego de maíz y hortalizas, contaminando los alimentos”.

De acuerdo con la ANAA, “En Apaxco se queman al año más de 127 mil toneladas de residuos peligrosos. Los pobladores de la zona padecen diversos tipos de cáncer causados por los polvos y gases que se generaran”.

En la zona del Istmo y sobre todo en la dupla Coatzacoalcos-Minatitlán es tal la mortandad, la letalidad, que los trabajadores duran cuando mucho uno o dos años, y se habla de que cada dos horas se muere una persona resultado de estas contaminaciones. El coque en la región es una de las causas principales pues cambió el proceso de refinación del petróleo por lo que ahora esos granulados negros que son la basura tras producir gas y gasolina, terminan en basureros de residuos tóxicos que están contaminando incluso manantiales. Erróneamente la gente cree que echándole agua se aplaca la dispersión, pero en realidad se generan nubes, vapores que penetran hasta los últimos rincones y que son altamente tóxicos.

Una de las exigencias importantes de la Cuenca de la Independencia en Guanajuato es que se reconozca que toda la región es una sola unidad, una sola cuenca cuyas afectaciones en un lugar repercuten en toda la cadena. La evidencia de la contaminación terminal en aire, tierra, aguas profundas y afectaciones a la salud es gravísima. La sobreexplotación de los mantos acuíferos es tan extrema que se están succionando aguas desde las profundidades, aguas de 10 mil o 30 mil años de antigüedad que contienen arsénico, flúor, aluminio. Por si fuera poco, quienes investigan sufren amenazas, pierden sus empleos, aun siendo científicos de alto nivel, y los casos de mortandad son de los más graves del país.

En la región de Tlaxcala la urbanización salvaje y la deregulación ambiental propician 700 toneladas de contaminantes vertidos al ambiente día a día, procedente de 150 sustancias tóxicas. La industria de la mezclilla y los 18 parques industriales de la región en torno a empresas como Volkswagen, producen enfermedades como leucemia linfoblástica, anemia, insuficiencias renales, cáncer y abortos espontáneos. Esto se agrava por las explosiones que han ocurrido en pocos años, como en San Martín Texmelucan, por la responsabilidad e irresponsabilidad de las plantas de Pemex que operan también en la región.

Aquí, según el recuento que hizo Alejandra Méndez Serrano, del Centro Fray Julián Garcés, se exigió la instalación de un Grupo Interinstitucional pero no ha ocurrido ninguna acción por parte del gobierno. La CNDH ya dio por cumplimentada la recomendación, pero “es pura simulación”. Muchas comunidades de la región incluso elaboraron una propuesta comunitaria de saneamiento y todavía el gobierno no ha respondido. Por tanto ella hizo una exhortación a que en verdad se integre un grupo que comience a trabajar seriamente en el asunto. “No hay justicia social”, dijo, “sin justicia ambiental”.

Finalmente, en El Salto Jalisco, hay 1090 sustancias que libera la industria entre las cuales de nuevo se cuentan los fluoruros, el cadmio, el plomo, el mercurio, el benceno en altísimas concentraciones están creando condiciones críticas de “disminución plaquetaria en 70% de la población infantil, lo cual configura la antesala a enfermedades como la leucemia”.

En la cuenca del río Santiago, operan más de 700 empresas de química, petroquímica, farmacéutica, alimentaria, automotriz, metal-mecánica, electrónica y de ensamblaje: hablamos de Honda, Hersheys, Huntsman, Mars, Cargill Cyanamid, Celanese —por citar unas cuantas. Son más de 500 toneladas diarias de desechos tóxicos a los torrentes.

Es por todas estas razones que uno de los integrantes de la caravana afirmó en su intervención: “Venimos con escepticismo de los esfuerzos que han realizado pero también desesperados ante la debacle que vivimos”.

Fue una decisión colectiva tomada entre los representantes de las organizaciones de toda la gente involucrada en la caravana el denunciar las condiciones de estas seis regiones mediante un diagnóstico acabado de cada región y configurar una exigencia concreta ante Semarnat con la que el gobierno quede comprometido, de cara a las representaciones internacionales de parlamentarias y parlamentarios, a tomar acciones concretas y no sólo, como ha ocurrido tantas veces, decir que sí pero no decir cuándo.

La intención es realizar una visibilización internacional de tal magnitud que el gobierno mexicano sienta la vigilancia de la sociedad civil local-regional-nacional y de la sociedad civil y sus representaciones institucionales en Europa y Estados Unidos, y para que tenga que mostrar su voluntad de comenzar a resolver estos casos extremos que son ineludibles y de extrema urgencia. Durante 2020, se realizarán presentaciones de resultados en los países de origen de las principales transnacionales en Europa y Estados Unidos.

Y en lo inmediato se está demandando que se tome en cuenta a las comunidades, que se involucre la academia que lleva acompañándolas desde hace años en la solución, que se establezcan mesas de diálogo públicas en el corto plazo y que “la definición de emergencia ambiental sea decidida por las personas que trabajan los problemas e investigan soluciones a nivel local”. Tienen que contemplarse entonces planes de restauración y prevención, siempre con la participación plena de las sociedades y comunidades afectadas.

Esta definición de emergencia ambiental no puede solamente decidirse como una respuesta a una contingencia, sino que, como bien señala Graciela González “no hay claridad legal de que este daño es paulatino, progresivo, incesante y que igual mata. Y entonces, colectivamente, y con el acompañamiento de las organizaciones internacionales que acompañan el proceso, hay que reconfigurar el concepto de emergencia ambiental, sin que por eso quieran imponernos sandeces o instigarnos con el ejército alegando que estamos bajo emergencia ambiental”.

Según lo planteado por quienes participaron en la caravana (las organizaciones y colectivos involucrados), tendría incluso que preverse la participación de las comunidades en la caracterización legal de la figura de Emergencia Ambiental, la prevención de los daños y no sólo una restauración, el fincar responsabilidades en las empresas pero también en las instancias gubernamentales que han permitido que esto ocurra y que alcance estos niveles de letalidad y tal vez de irreversibilidad. Para esto tendría que invitarse también a relatores de Naciones Unidos e impulsar, justamente, el tratado vinculante con las empresas y una ley de responsabilidad corporativa.

Los más importante es que sean las propias comunidades agraviadas, afectadas por estas condiciones impuestas y propiciadas con gran descaro por las corporaciones, quienes tomen las decisiones importantes en coparticipación con investigadoras e investigadores, más expertos en medicina, toxicología y salud que tengan un lugar indispensable en todo el proceso.

Dice un comunicado de Un Salto de Vida aparecido en Ojarasca este 14 de diciembre que puede resumir el espíritu de la misma: “La exigencia desde hace 10 años en nuestros pueblos es una declaratoria de emergencia ambiental que ponga un alto a las inversiones contaminantes, la restauración ecológica de la cuenca y la atención sanitaria extraordinaria. Rafael Elvira Quesada, titular de la Semarnat en el sexenio de Felipe Calderón, rechazó en 2009 nuestro reclamo y señaló: ‘la declaración de una emergencia ambiental conlleva la parálisis de una cantidad de inversiones importantísimas en esta región’. Si este gobierno, y particularmente Víctor Manuel Toledo, quieren distinguirse de lo que sus némesis respondieron a esta exigencia, deben atenderla a cabalidad. El neoliberalismo es una doctrina genocida con la cual este gobierno no ha roto, pues no ha revertido las reformas estructurales que dan sustento a este modelo. Si quieren mostrar voluntad, pueden comenzar por atender esta exigencia que elevamos los pueblos víctimas de la industria y del capital transnacional”.

En el corto plazo, la gente que participó en la caravana seguirá al pendiente de que efectivamente el gobierno comience a tomar medidas urgentes ante esta emergencia que muestra al mundo los efectos extremos de cómo opera el capitalismo realmente existente: con gran menosprecio de la vida, y con una irresponsabilidad extrema. Si además agregamos la violencia desatada contra quienes se oponen, expresada en asesinatos, desapariciones y hostigamiento, debemos detener estas acciones que constituyen un verdadero genocidio, premeditado, sistemático estructural y despiadado.

Una Respuesta a “Detengamos la integración biotecnológica centroamericana”

  1. Silvia Rodríguez Cervantes

    Gracias por traernos a la memoria un resumen de la historia de 30 años de trabajo constante de reflexión y aporte. Gracias a todo el equipo en especial a su editor

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