Don Pedro de Haro, uno de los sabios wixárika que más influencia ha tenido en el pensamiento territorial de los pueblos originarios en México, nos repetía siempre que nosotros debíamos insistir en nuestra argumentación, en nuestros relatos que pensábamos significativos, como los borrachitos en las cantinas, aunque no pareciera que nos escucharan. Que era crucial insistir porque era crucial que la gente escuchara y finalmente entendiera la urgencia, la pertinencia de muchas cuestiones que decíamos.

Hoy, una de esas insistencias, algo que repetimos varios de nosotros esperando que alguien nos escuche y entienda el significado y la urgencia que eso tiene, es el hecho de que en México más o menos la mitad de la tierra del país entero está en manos de ejidos y comunidades.

Dice el documento “Tenencia de la tierra y derechos agrarios. Análisis de la problemática agraria” (2003) del ex Procurador Agrario Isaías Rivera (en funciones cuando lo escribió): “El 52% de la superficie del país es propiedad social, ejidos y comunidades, en tanto que el 40% lo es propiedad privada; el resto, lo conforman zonas federales, espejos de agua, litorales, etcétera”.[1]

Esto, en un país con 103.5 millones de hectáreas de propiedad social, de una superficie total aproximada de 196.437 millones de hectáreas.

Esto significa que las comunidades agrarias indígenas, en su mayoría con titulaciones procedentes de la Corona, más los núcleos agrarios campesinos formados o reconocidos por la Revolución mexicana, configuran un universo de lo colectivo que a los años ha significado un freno real para la expansión de las grandes propiedades de caciques, corporaciones y acaparamientos de muchos tipos.

La memoria territorial en México, mal que bien, con todas las corrupciones y triquiñuelas que se sigan pudriendo en las relaciones de los núcleos agrarios y el Estado mexicano, sigue viva, marca y refuerza las acciones de comunidades, ejidos, organizaciones y movimientos que reconocen en este estatus una identidad no sólo cultural sino consustancial a la posibilidad de un futuro en los ámbitos rurales de un campesinado que se reconoce en su relación con la tierra, es decir, con la Naturaleza. Y así se mantiene más allá de que su actividad sea rentable o no.

De hecho su labor, su vida, no la define una actividad agrícola como la de los agricultores grandes, casi siempre ligados a bolsas de valores y a contratos con corporaciones y comercializadoras. Sus actividades pueden variar, pero siempre se remiten a su relación con la tierra y a lo común, porque ésa es la responsabilidad primera, ligada también a la promoción de una convivencia.

La situación de la propiedad social la ratificó el Registro Agrario Nacional en su “Nota Técnica sobre la Propiedad Social” del 26 de octubre de 2017: “La propiedad ejidal y comunal, representa el 50.8% del territorio nacional, distribuido en 29,709 ejidos y 2,393 comunidades que en conjunto ocupan aproximadamente 100 millones de hectáreas, sobre las que tienen derecho 5.5 millones de personas”.[2]  Esto significa varias cuestiones sobre todo para la voracidad de quienes siguen buscando acaparar tierras en este país y como no lo logran tan fácil por la vía legal, y ante la resistencia de las comunidades y ejidos, hoy recurren a acaparamientos ilegales, en muchas ocasiones violentos, o a triquiñuelas legaloides disfrazadas de programas de aliciente fiscal, asistencial o productivo.

Porque no podemos olvidar que dos terceras partes del agua del país se localiza “dentro de la propiedad social”, que “70% de los bosques y la biodiversidad se encuentran en la propiedad social, así como 60% de los litorales de México están dentro de polígonos pertenecientes a ejidos y comunidades”. El RAN incluso llega a afirmar: “un porcentaje importante de la producción de alimentos para el consumo interno y para la exportación son producidos en terrenos pertenecientes a la propiedad social”.[3]

Así las cosas, siete años después de este somero diagnóstico sigue siendo cierto que desde el fondo de nuestro país subsisten núcleos duros de resistencia territorial comunal o ejidal, en lo recóndito de cañadas y lomeríos, en las vegas de los ríos y en parcelas atesoradas en resonancia con esa memoria territorial que nos distancia de otras experiencias en América Latina. En otros países puede no haber la posesión colectiva que defienda a los núcleos campesinos de los ataques corporativos, y la gente luego está sola ante la ley, sin poder recurrir a asambleas tan pujantes como en algunas regiones de nuestro país.

Aquí, los pueblos y comunidades, la gente común (con una gran complejidad de orígenes e historias), sigue ahí y los sucesivos sistemas “dominantes” están más y más desesperados por controlarla. Es gente que guarda sus ancestrales semillas nativas, que ejerce la custodia, el intercambio y el cultivo alimentando a su propia comunidad y en gran medida al mundo, y vive en resistencia reivindicando, cada vez más, autonomía, autogobierno. Desde siempre ha puesto su vida entera al servicio del mundo ejerciendo un cuidado y un equilibrio entre plantas, animales, la lluvia, los torrentes y fuentes de agua que alimentan el monte, entre los “seres naturales y espirituales” y la fuerte presencia de nuestros muertos. Hablamos de campesinos cultivadores, en campo y ciudad (muchos de ellos indígenas), pastores (sedentarios y nómadas), productores pecuarios campesinos, cazadores, pescadores artesanales, recolectores y cosechadores de agua. El recuento es difícil, porque varias de esas actividades se laboran conjuntamente por el mismo núcleo de personas, familias o comunidades, en diversas temporadas y sin que sean muy visibles estas actividades cotidianas ancestrales.[4] Pero eso es plenamente afín con la identidad campesina. No es que los campesinos se dediquen a otros oficios por la insustentabilidad de su oficio, sino que ser campesino asume una versatilidad para defender su relación ancestral con la tierra. (Claro, a veces se pierde y se aliena de ese vínculo en el exilio y la migración.)

Esa querencia primordial los confronta radicalmente con los sistemas, ávidos por controlar la mayor cantidad de relaciones, riquezas, personas, bienes comunes y actividades potencialmente lucrativas, mediante leyes, disposiciones, políticas, extensionismo, programas, proyectos y dinero. Mediante la agroindustria, que implica producir (no sólo alimentos) con métodos más y más sofisticados (no necesariamente más eficientes) en grandes extensiones de terreno para cosechar grandes volúmenes y obtener mucha ganancia a toda costa.

Hoy, cuando el crimen organizado va devorando territorios mediante el incendio y la deforestación, cuando el acaparamiento del agua crece y cuando más y más territorios son presa de la minería y otros megaproyectos, es inaceptable para el poder y las corporaciones que haya núcleos agrarios, comunidades en regiones enteras, que sigan manteniendo comunidad, colectividad, como modo de encarar al mundo en defensa de sus ámbitos de convivencia. Existe entonces el empeño por continuar la privatización de la tierra porque, como dice Ana de Ita: “El ejido permitió la destrucción del sistema latifundista y dio lugar a la redistribución de la riqueza y la propiedad. Durante casi ocho décadas el reparto agrario, mantuvo su carácter de mandato constitucional. En el régimen ejidal, el núcleo de población es uno con la tierra. Los derechos de los ejidatarios sobre las propiedades agrarias eran históricamente inalienables, imprescriptibles, inembargables y no transferibles.[5]

Lo inquietante es que actualmente existe el empeño de romper, hasta donde sea posible, la redondez de esta propiedad social. Lo vemos en los empeños de la Procuraduría Agraria por que se vendan lotes de tierra ejidal a gente de fuera, incluso a extranjeros como los menonitas, en núcleos agrarios de Quintana Roo, como me lo reportaron directamente en septiembre de 2023 en Blanca Flor las autoridades de Kabi Habin, la cooperativa de apicultores de la región. Y de algún modo, la venta de la tierra es lo de menos, porque el intento implica sobre todo la transferencia de derechos ejidales, con lo que tarde o temprano podrían apoderarse del destino de varios ejidos del Poniente de Bacalar si no los pueden frenar las asambleas, que cada vez tienen más problemas urgentes con toda la andanada de proyectos procedentes del llamado Tren Maya. Otro de los artilugios de la Procuraduría Agraria en Quintana Roo implica otorgarle facultades amplias a los comisariados para que puedan ejercer actos de dominio, lo que tarde o temprano haría redundante las asambleas.

Por si fuera poco, en fechas recientes las comunidades de Oaxaca han denunciado al gobernador Salomón Jara Cruz porque hizo aprobar una ley de ingreso fiscal para 2024 que en los hechos promueve la privatización agraria al impulsar que las tierras de uso común “puedan ser rentables o accesibles a las inmobiliarias”, como lo documenta Diana Manzo para Pie de Página.

De acuerdo con su información, recabada con organizaciones tan probadas y confiables como Tequio Jurídico, Flor y Canto, Servicios para una Educación Alternativa (Educa), el Frente No a la Minería por un Futuro para Todas y Todos y varios ejidos y comunidades de Oaxaca, “esta nueva ley de ingreso vulnera la seguridad jurídica de la propiedad social de las comunidades agrarias, indígenas y ejidos, y el derecho inalienable consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción VII” También contraviene los artículos 4, 5, 6, 13, 14 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, pues pretende “incrementar la base recaudatoria por pago de derechos catastrales y registrales”, con lo que “demuestra claramente el desconocimiento de la realidad de las comunidades agrarias, comunidades indígenas y núcleos ejidales”, y en realidad busca incorporar “a la propiedad privada los predios ejidales y comunales que han adoptado la certificación de derechos agrarios bajo la modalidad de dominio pleno”.[6]

De acuerdo con Francisco López Bárcenas, que siendo abogado tiene una mirada muy aguda y precisa sobre lo que está ocurriendo, “el gobierno del estado, emanado de Morena, está generando condiciones para convertir las tierras ejidales y comunales en propiedad privada, pasando por encima de lo dispuesto en la Constitución Federal, y en las disposiciones del derecho internacional sobre los territorios de los pueblos indígenas”. De acuerdo con López Bárcenas, a propuesta del titular del Ejecutivo se establece un ‘Programa de Certeza Jurídica de la Tierra para la Seguridad y Bienestar del Patrimonio’, que en la exposición de motivos de la iniciativa de Ley expresamente se declara que dicho programa ‘busca incorporar a la propiedad privada los predios ejidal y comunal, contribuyendo al padrón de propiedad inmobiliaria y con esto al impuesto predial que sirve de coeficiente para la distribución de participaciones federales’.”[7]

Como bien afirmó la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA, en un comunicado del 4 de enero de 2024: “en un lapsus de sinceridad política Jara propuso abolir la propiedad social en la Iniciativa de la Ley de Ingresos del estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2024” pues propone el programa ya señalado por Diana Manzo y Pancho López Bárcenas “que busca incorporar a la propiedad privada los predios ejidal y comunal beneficiando directamente a los propietarios e indirectamente a los municipios”, incrementando con esto el impuesto predial “que sirve de coeficiente para la distribución de participaciones federales”.[8]

Una crítica crucial en toda esta intentona privatizadora la hace López Bárcenas al señalar que “aunque de acuerdo con lo que dispone la Constitución Federal esto es susceptible de llevarse a cabo, dichas parcelas —no ‘predios’, como indebidamente se les nombra en la iniciativa mencionada— pertenecen al régimen agrario y, por tanto, se regulan por la Ley Agraria, que es de carácter federal y ahí es donde se establecen los procedimientos para realizarlo, sin que se establezca ninguna atribución o competencia a favor de los gobiernos estatales. Los titulares de derechos —no propietarios, como de manera errónea se les nombra, pues la titularidad de las tierras es del ejido o comunidad de la que formen parte— tampoco pueden tener ningún beneficio por esa vía”.[9]

Ante la confusión generada, el ejecutivo oaxaqueño se puso a “aclarar”  y dijo que “la conversión de las tierras ejidales y comunales a propiedad privada es facultad de las asambleas generales de los ejidos y comunidades agrarias” lo que sitúa de nuevo el interés de muchos en lastimar o en derruir y terminar con las asambleas (hasta ahora la máxima autoridad en comunidades y ejidos) pues es ahí donde reside la  fuerza de la comunidad, de lo comunal, que siempre se opondrá a esa fragmentación que les urge consolidar, para fragilizar a las comunidades originarias o a los núcleos agrarios campesinos”. Según lo dicho por el gobernador el programa de “Certeza Jurídica de la Tierra para la Seguridad y Bienestar del Patrimonio”, sería facilitado a partir de la decisión de las asambleas de cambiar de régimen al privado. Como afirma López Bárcenas, eso no es dar certeza jurídica sino promover “la conversión a tierras de propiedad privada, facilitando y financiando a costa del erario público los trámites para que lo logren”.[10]

En el fondo, como hemos insistido muchos años, es la memoria territorial, núcleo fundamental de la comunalidad, lo que se busca barrer para fragilizar a las comunidades a partir de fragmentar sus núcleos agrarios. En este caso los pretextos se expresan como el modo de aumentar la base de recaudación fiscal, como si las comunidades tuvieran un dinero para estar pagando el predial para gozar de sus territorios ancestrales o sus dotaciones agrarias. Lo que le importa al gobierno y a las corporaciones es romper la asamblea, romper la comunidad, para que la gente se vuelva “propietaria”, de “predios”, que pagan sus impuestos y compran y venden, rentan o enajenan sus terrenos rompiendo de un plumazo asamblea, comunidad, memoria territorial y lazos entre la gente y la Naturaleza, convirtiéndolos en “sujetos agrarios”, como se afirma en el programa Sembrando Vida, es decir, robándoles la identidad que les corresponde, despojándolos de su propia historia, y a fin de cuentas de su vida en común, de su convivencia más fundamental, que siempre es mutua y promueve una responsabilidad permanente.

Pretenden con esto fragilizar a la gente, dejarla expuesta a megaproyectos agroindustriales, extractivistas e inmobiliarios. Pero la memoria territorial sigue ahí, y la gente sigue defendiendo la visión ancestral y de futuro que tienen los pueblos.

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[1] Isaías Rivera, ex procurador Agrario, “Tenencia de la tierra y derechos agrarios. Análisis de la problemática agraria” (2003) del ex Procurador Agrario Isaías Rivera.

[2] “Nota Técnica sobre la Propiedad Social” del 26 de octubre de 2017, http://www.ran.gob.mx/ran/indic_bps/NOTA_TECNICA_SOBRE_LA_PROPIEDAD_SOCIAL_v26102017#:~:text=De%20acuerdo%20a%20los%20datos,y%202%2C393%20comunidades%20que%20en

[3] Ibidem.

[4] Grupo ETC, “Quién nos alimentará”, www.etcgroup.org, 2009

[5] Ver Ana de Ita, “México: Impactos del Procede en los conflictos agrarios y la concentración de la tierra”. Ceccam, 2003. www.ceccam.org

[6] Ver: Diana Manzo, “Tierras agrarias de Oaxaca en riesgo por ley de ingreso 2024 al favorecer el despojo con la propiedad privada, acusan colectivas”. https://piedepagina.mx/tierras-agrarias-de-oaxaca-en-riesgo-por-ley-de-ingreso-2024-al-favorecer-el-despojo-con-la-propiedad-privada-acusan-colectivas/ Publicada originalmente en IstmoPress.

[7] Ver Francisco López Bárcenas, “Nueva embestida contra las tierras ejidales y comunales en Oaxaca”, Desinformémonos, 11 de enero de 2024, https://desinformemonos.org/nueva-embestida-contra-las-tierras-ejidales-y-comunales-en-oaxaca/

[8] Ver, Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), “La política antiagrarista, neoliberal y extractivista del gobierno de Oaxaca, 4 de enero de 2024, https://otrosmundoschiapas.org/rema-la-politica-antiagrasista-neoliberal-y-extractivista-del-gobierno-de-oaxaca

[9] Francisco López, op.cit.

[10]  Ibidem.