Hacia fines de noviembre comenzó de nueva cuenta la semana que marca el aniversario de la fundación/aparición de la llamada Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV), que en ningún modo es una celebración sino una renovada señal de alarma por los años que lleva funcionando esa agrupación con el fin exclusivo de restringir de manera grave la libertad de guardar, intercambiar y reproducir las semillas que cada quien, cada familia, cada comunidad ha atesorado por siglos con sus vecinos, familiares y gente conocida.

Este año, las organizaciones que han estado convocando a cuestionar la existencia de este espurio emprendimiento corporativo decidieron resumir los agravios sufridos por un sinnúmero de comunidades y organizaciones, agrupaciones, colectivos e incluso empresas privadas, con argumentos esgrimidos por varios años ya, en varias declaraciones. Se han reiterado en la Declaración de Durban surgida de un Diálogo Sur-Sur en Sudáfrica en 2012, la Declaración de Yvapuruvú en Paraguay en 2013, surgida de varias organizaciones reunidas en la Alianza Biodiversidad, en la Red por una América Libre de Transgénicos y la Campaña de las Semillas de Vía Campesina. Otra fuente fue la Declaración de Iximulew fruto del Encuentro de Sabias y Sabios en Guatemala en 2018, y la propia presencia en varios colectivos de semillas que desde 2021 promueven la campaña #STOPUPOV.

De ese resumen surge la siguiente declaración que ya fue firmada por 261 organizaciones de todo el mundo entre el 1 y el 8 de diciembre de este año, en el tercer año de un impulso que va configurando sus argumentos y sus vínculos tras las primeras búsquedas de una Campaña Mundial contra UPOV. En julio de 2021 fue el llamado que hicieron el African Centre for Biodiversity, la Alianza Biodiversidad, APBREBES, Copagen, el Grupo ETC, Amigos de la Tierra Internacional, GRAIN, la Vía Campesina y la Stop Golden Rice Network lo que dio el primer impulso a esto que crece y se afianza en el imaginario mundial: no hay excusa alguna para el intento de privatización de las semillas. Es acaparamiento y robo vulgar. He aquí la declaración de este año:

“Un llamado a la desobediencia civil contra la privatización de las semillas campesinas. Hace miles de años las comunidades hemos crecido en crianza mutua con nuestros cultivos y nuestras semillas. Éstas son obra y parte de la historia de los pueblos y sus sistemas de saberes que son parte de una interminable conversación colectiva de cuidados. Esa crianza mutua promovió formas específicas de cultivar y compartir visiones del mundo, de alimentación, de sanación, ligadas a normas comunitarias, responsabilidades, obligaciones y derechos. La libertad de las semillas depende de la responsabilidad de los pueblos y comunidades que las defienden y mantienen, las cuidan y gozan de los bienes que nos brindan. Esta libertad está amenazada.Hoy hay un fuerte asalto sobre las semillas de las comunidades. Viene del impulso por regularlas, normarlas, privatizarlas para expandir el mercado de las corporaciones. Esto se hace mediante las llamadas leyes de derechos de obtentor o leyes UPOV, las patentes, varios esquemas de certificación, registros de variedades y leyes de comercialización. De cualquier modo, intentan legalizar el abuso, el despojo y la devastación. Este ataque pretende acabar con la agricultura campesina y originaria, acabar con la producción independiente de alimentos. Con soberanía alimentaria plena no sería tan fácil convertirnos en mano de obra barata y dependiente, en gente sin territorio y sin historia. Es una cruzada política y tecnocrática coordinada, para imponernos leyes y reglamentos uniformes y rígidos en favor de la agroindustria. Hay un empeño en desacreditar nuestras prácticas históricas, nuestros saberes ancestrales indígenas campesinos, para hacernos más dependientes de las corporaciones. Las comunidades que resisten han enfrentado criminalización, represión e incluso cárcel. Ya sea en África, Asia Europa o el continente americano, las comunidades resisten esta presión y estamos en movilización y unidad para respaldarles activamente.”

La declaración abre entonces una ventana para asomarnos a lugares donde en estos momentos la gente está resistiendo el embate de leyes o regulaciones que, siguiendo a UPOV, buscan imponer una matriz de privatización que atenta contra las libertades más elementales, no solamente de las campesinas y los campesinos que custodian y se cuidan mutuamente con semillas y materiales vegetales de muchos tipos, sino de toda la humanidad que con esta privatización es deshabilitada hasta el extremo de depender de las grandes corporaciones que nos tienen destinado un futuro de comestibles ultraprocesados y asbesto, plástico, metal y hormigón en conjuntos habitacionales controlados.

En Benin, por ejemplo, “los movimientos sociales han impedido que el parlamento nacional discuta una propuesta de ley para unirse a UPOV, la Unión para la Protección de Variedades Vegetales. La UPOV fija los estándares de privatización de semillas en favor de transnacionales como Monsanto/Bayer, Syngenta y Corteva. En Guatemala, los pueblos originarios están en las calles exigiendo que se deseche el proyecto gubernamental de ley que busca aprobar los estándares de UPOV. Le llaman ’la Ley Monsanto’ y su rechazo es parte del paro nacional que está en proceso”.

En Centroamérica están imponiendo un Reglamento común, y empezaron por Guatemala, Honduras y El Salvador, que busca abrir las puertas “a las semillas genéticamente modificadas en los tres países a la vez”.

En Tailandia, hay organizaciones de la sociedad civil que luchan contra los TLC que intentan imponer este convenio en vez de “proteger los derechos de agricultoras y agricultores y otras comunidades rurales a mantener y utilizar sus variedades locales”. También en Indonesia agricultoras, agricultores y sociedad civil continúan rechazando UPOV, que se intenta imponer a través de las negociaciones de libre comercio y por la presión de países como Japón”. https://www.youtube.com/watch?v=J4pD_yZG1lc

En Filipinas son los diversos estratos sociales en articulación con campesinas, campesinos y gente ligada a la ciencia y la agricultura que “presentaron una demanda ambiental ante el Tribunal Supremo para frenar la propagación comercial del arroz dorado modificado genéticamente, patentado por Syngenta y otras empresas agroquímicas. Además, el campesinado filipino está encabezando la lucha por el reconocimiento y el fortalecimiento de los derechos de los agricultores y agricultoras a las semillas y al sistema de semillas campesinas, proponiendo ‘una puesta en común de semillas’ como alternativa a las leyes similares a la UPOV en el país”.

En el comunicado inicial de la primera Campaña contra UPOV, en 2021, se afirma: “Sin semillas y sin campesinado no sería posible la agricultura. Desde que comenzaron la agricultura y la crianza de animales, campesinas y campesinos, agricultores, han desarrollado, compartido y conservado cuidadosa y libremente millones de variedades de cultivos diferentes, adaptadas a nuevas y diferentes condiciones socioambientales. Hoy la gente del campo se enfrenta a amenazas extremas por la privatización de sus semillas mediante leyes que prohíben las variedades locales y originarias que no se ajustan al modelo industrial, restringiendo el acceso y la circulación. Una institución está en el centro de todo esto: la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV)”.

“La UPOV fue iniciada en 1961 por unos pocos países europeos para permitir que los ‘obtentores de variedades’ impusieran derechos de propiedad intelectual, una forma de apropiación sobre sus semillas, paralela a las patentes. Este régimen se denomina protección de las obtenciones vegetales y es frecuente que los acuerdos y tratados de comercio exijan a los países que adopten o imiten las normas de la UPOV. Ésta exige y promueve uniformidad en las semillas y, por lo tanto, en el suministro de alimentos, permitiendo así que un pequeño grupo de productores internacionales, especialmente empresas transnacionales, mantengan la prerrogativa de facilitar la apropiación y el control de las semillas, sin tener en cuenta que muchos pueblos y comunidades tienen relaciones socioculturales históricas con las semillas. Esto sirve al sistema agroalimentario industrial, que alimenta al 30% de la humanidad. Pero promueve erosión genética, vulnerabilidad económica y la pérdida de autonomía de la gente campesina, agricultoras y agricultores que alimentan al 70% del mundo en estos momentos”.

Siendo las semillas llaves de la vida, encarnación del futuro latente, el capitalismo ha llegado a entender la urgencia de privatizar todo ese universo, porque además las semillas son el fundamento de cualquier libertad o autonomía de los pueblos. Las semillas (y por supuesto los cultivares) están en el centro de la soberanía alimentaria. Hoy, todo el mundo leyes y tratados de libre comercio tornan ilegal la práctica milenaria de guardar e intercambiar libremente las semillas de las comunidades porque las grandes compañías (una suerte de consorcio entre ciencia, finanzas, comercio, organismos reguladores internacionales, aparatos jurídicos y cuerpos legislativos) han buscado afanosos desde dónde hacer un ataque directo, radical, total, para erradicar la agricultura, privatizarla, y sustituirla con pura agroindustria. Quieren diluir el potencial del talismán que le ha permitido a los sembradores seguir libres: la semilla. Ésta es la llave de las redes alimentarias, de la independencia real de los campesinos ante los modos invasores y corruptores de terratenientes, hacenderos, narcotraficantes, farmacéuticas, agroquímicas, procesadores de alimentos, supermercados y gobiernos. Los investigadores de las grandes empresas suponen que sus versiones restringidas y débiles y homogéneas de la infinita variedad de las semillas sustituyen el potencial genético infinito de los cultivos y aseguran el futuro de la producción agrícola. Pero se equivocan por completo. Suena de ciencia-ficción y en verdad lo es. Es la pretensión de que el código sustituye al vínculo.

Y si algo nos queda claro en este momento de gran confusión y enorme violencia es que debemos siempre privilegiar el vínculo y desconfiar de los códigos porque están decididos en otra parte, en otro tiempo que no es el tiempo de los pueblos.

Por eso es importante insistir en que las semillas son las comunidades y éstas son las semillas. Es la comunidad lo más importante que podemos oponer a la fragmentación generalizante.

Tal vez la gente no acaba de entender lo que significa que un grupo de corporaciones haya decidido arrogarse el derecho de decidir quién y cómo y cuándo se puede o no sembrar una semilla o un cultivar.

Pero la convicción de que debemos mantener nuestras propias semillas campesinas, “legado que los pueblos brindan a la humanidad”, atraviesa los siglos. Es entender que la mejor resistencia a esta privatización rampante es seguir el empeño de seguir sembrando. Seguir reproduciendo nuestras propias semillas. Las corporaciones temen esto más que a nada y por eso el empeño de que no puedan guardarse, ni intercambiarse y mucho menos volverse a sembrar.

Como con el lenguaje, que no es posible privatizar, los pueblos conscientes saben que hay que seguir sembrando a la vez que combatimos las privatizaciones, la propia idea de la propiedad intelectual, aunque nos la anuncien como colectiva y “horizontal”.

Recordemos que cualquier propiedad intelectual deja fuera a alguien al pretender “proteger” algo que debería ser libre y fluido. Por la libertad con responsabilidad de nuestras semillas.