La mayoría legislativa en la Cámara de diputados que obtuvo la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Vede Ecologista de México (PVEM) más la obtención de entre 76 y 88 escaños obtenidos en el Senado de la República, ponen en la antesala la aprobación de las 20 iniciativas de reformas constitucionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió al Congreso de la Unión.

Las iniciativas que han generado buena recepción son las referentes: Al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho a la consulta; a la pensión universal para los adultos mayores, a las becas para estudiantes, a la prohibición del maltrato animal; a la atención médica universal gratuita; al derecho de los trabajadores y familias para ser dueños de sus viviendas; a la denegación de otorgar concesiones para minería a cielo abierto y prohibir el fracking para la extracción de hidrocarburos; al respeto de las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico; a la prohibición del comercio de vapeadores y de drogas químicas y tipificación como delitos graves la extorsión de la delincuencia organizada” y los ilícitos fiscales cometidos por las factureras; al aumento del salario mínimo por encima de la inflación anual; la garantía del salario mínimo para maestros de educación básica de tiempo completo, de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras no será menor a lo que perciben los trabajadores afiliados al seguro social.

En cambio, las iniciativas constitucionales que han generado mayores controversias en amplios sectores de la sociedad son las relativas a la reforma en materia electoral que contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y partidos políticos, la disminución del número de regidores en ayuntamientos, la eliminación de las candidaturas plurinominales y con ello la reducción de los integrantes del Poder Legislativo, de 500 a 300 diputados y de 128 a 64 senadores, la elección por voto directo de la ciudadanía de los Consejeros de los organismos electorales y de los Magistrados Electorales, así como la reducción del 40% al 30% el número de participantes en consultas populares y la revocación de mandato para hacerlas válidas y vinculatorias.

La elección por voto directo de la ciudadanía de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de los magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF); el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); el control salarial de los empleados públicos de los tres poderes (Legislativo, Judicial y Ejecutivo) con la finalidad de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que percibe legalmente el presidente de la República y la eliminación de las dependencias y organismos autónomos que a juicio del Ejecutivo federal resultan onerosos y elitistas.

La mayoría calificada en el Poder Legislativo puede dar paso a la tentación autoritaria imponiendo reformas que pueden transgredir los derechos humanos de los gobernados, por ejemplo, la militarización de la seguridad pública, el derecho de acceso a la información y al control de la administración pública a través de mecanismos de rendición de cuentas y la reforma judicial.

En el caso de la elección por voto directo de los ministros de la SCJN, y los magistrados y jueces del PJF, es un asunto que debe ser analizado de manera responsable y profunda, tomando las opiniones de la ciudadanía, del poder judicial y de los litigantes y barras de abogados. Es innegable que el Poder Judicial de la Federación atraviesa por una grave crisis de credibilidad, que muchos de sus integrantes carecen de una sólida formación jurídica lo cual redunda en perjuicio de los justiciables al obtener sentencias totalmente absurdas, que el nepotismo sigue inalterable. En otras palabras, el actual funcionamiento del PJF no le garantiza a los gobernados su derecho de acceso a la justicia.

No obstante, debe reconocerse que el PJF no es un ente monolítico, dentro de la institución actúan un número considerable de juzgadores (magistrados, jueces, secretarios, etcétera) con vocación de servicio y comprometidos a desterrar el anacrónico formalismo jurídico, impartidores de justicia, que día a día incorporan a sus resoluciones una argumentación jurídica sustentada en las doctrinas y jurisprudencias más avanzadas. Juzgadores que están de acuerdo en que el PJF requiere de una reforma profunda.

La elección de los ministros de la SCJN, y los magistrados y jueces del PJF por voto directo de la ciudadanía, no garantiza una mejor impartición de justicia, incluso puede tener como consecuencia una mayor corrupción y una absoluta falta de independencia. Me explico. En su conferencia mañanera del siete de junio, el primer mandatario, al referirse a la reforma judicial, abrió la posibilidad de que los partidos políticos a través del Poder Legislativo, presenten sus candidatos. Aquí se presenta el primer error grave al partidizar la elección. Esta medida no garantizará que sean electos los mejores juristas, sino los candidatos que asuman mayores compromisos con los partidos políticos o grupos de poder que los postulen, lo cual pondrá en tela de juicio su imparcialidad e independencia.

Otro imponderable es el relacionado con los actos anticipados de campaña. Las contiendas electorales han demostrado que existen recovecos legales que permiten los actos anticipados de campaña a través de la difusión de “entrevistas” que realizan revistas supuestamente especializadas a los aspirantes, pero que en realidad buscan promocionar y posicionar la imagen de los políticos con miras a la elección. Es evidente que los aspirantes que cuenten con el apoyo partidista o de grupos fácticos, tendrán una enorme ventaja sobre los candidatos que no cuenten con recursos económicos para promover su postulación.

Las experiencias en materia electoral nos llevan a concluir que existe un grave riesgo de que las personas que sean electas como ministros, magistrados y jueces no sean las que cuenten con mayor capacidad jurídica, sino que sean personas que accedan al cargo por contar con el apoyo político de algún partido o el apoyo económico de los grupos fácticos, poniendo en duda su imparcialidad e independencia.

Por ello, resulta necesario un debate sobre la reforma constitucional al PJF que reconozca las falencias del sistema judicial y la necesidad de realizar una reforma profunda, analizando cuál es el mecanismo más eficaz para concretar ese objetivo. De lo contrario, el remedio puede resultar peor que la enfermedad.

Comportamiento Judicial

La carta que los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enviaron a Claudia Sheinbaum Pardo felicitándola por su triunfo electoral debe ser leída como un mensaje que busca recomponer la relación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.

Es innegable que el activismo de la ministra presidenta Norma Piña y su alianza con la oposición, -evidenciada con la filtración de la cena, en la que departieron algunos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, la presidenta de la SCJN, así como el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro Moreno- echó por tierra el discurso de la defensa de la independencia judicial que la ministra presidenta tanto pregonó para movilizar a los integrantes del Poder Judicial de la Federación.

En mi colaboración del mes de mayo, (aún no había trascendido la reunión social) expresé que la ministra Norma Piña con sus acciones de confrontación había decidido cruzar el Rubicón confiada tal vez en la falsa premisa de que sus aliados políticos ganarían la elección presidencial, incluso esa sensación de victoria permeó en una parte considerable de los funcionarios judiciales; la prueba más clara fue el llamado que éstos realizaron durante la jornada electoral para que la gente votara a favor de Xóchitl Gálvez.

Hoy, ante el resultado electoral adverso, sin las legiones de centauros que dobleguen al Estado y abandonada por sus aliados políticos, a la ministra presidenta no le queda otro camino más que el de buscar recomponer la relación con Claudia Sheinbaum; sin embargo, ante el nuevo gobierno, la primera ha quedado descalificada como una interlocutora confiable, incluso no puede descartarse que la recomposición de la relación esté condicionada a que la ministra renuncie a la presidencia del máximo tribunal.