El control administrativo y financiero de varias empresas paraestatales que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha otorgado a las fuerzas armadas convierte a éstas en actores económicos preponderantes (en el área de transporte ferroviario de pasajeros) y en fuertes competidores en las áreas aeroportuaria (transporte de pasajeros, operación de aeropuertos, aduanas).

El 13 de abril de 2022, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (https://bit.ly/429mnqu), un decreto signado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público que da origen a la empresa de participación estatal mayoritaria Grupo aeroportuario, ferroviario y de servicios auxiliares Olmeca – Maya – Mexica S.A de C.V. (GOMM). En el resolutivo tercero del citado decreto, el Secretario del ramo determinó que la “Empresa de Participación Estatal Mayoritaria tendrá por objeto adquirir acciones o  participaciones; agrupar y detentar el control de las empresas que administren, operen, exploten y de ser necesario construyan (de nueva creación o en vías de ampliación y mejoras) los Aeropuertos Internacionales «Felipe Ángeles», «Palenque», «Chetumal», «Tulum», y el «Tren Maya», así como de cualquier sociedad de naturaleza pública o privada que tenga cláusula de exclusión de extranjeros, y en general realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo su objeto social, de conformidad con lo que establezcan sus estatutos y demás disposiciones aplicables.”

Un trabajo publicado en el mes de julio de 2022, por la revista “México cómo vamos” (https://bit.ly/3ZFP7Hc), señaló que los activos en poder del Ejército mexicano, alcanzaban la cifra de 305.677 millones de pesos (casi 18 mil millones de dólares al tipo de cambio actual). En aquel momento no fue contemplada la Compañía Mexicana de Aviación, por lo cual es dable afirmar que el valor actual de los activos en poder del Ejército mexicano superan los 20 mil millones de dólares, posicionándolo como un poderoso ente económico.

La transferencia de activos vía la administración de empresas paraestatales ha generado, al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, diversos cambios legales y administrativos ya que las actividades económicas y empresariales no son parte preponderante dentro de la estructura de las fuerzas armadas. De acuerdo con el artículo 1º de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, éstas son instituciones armadas permanentes que tienen como misiones generales defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; así como, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país y; en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

Si bien, la existencia de fábricas de armas y artículos de uso militar del Ejército mexicano es de larga data, durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto fueron constituidas empresas que participaron activamente en la construcción de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación y en las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estas actividades económicamente lucrativas fueron secundarias y no contrariaban sustantivamente la naturaleza jurídica de las fuerzas armadas.

La nueva realidad no solo ha obligado a implementar los cambios normativos, también ha dado paso a la creación de un estamento burocrático-empresarial (Consejos de Administración, Direcciones Generales, Gerencias) que no pocas veces darán lugar a antinomias jurídicas (disciplina militar, cadena de mando versus eficacia gerencial y administrativa).

A la par de las grandes concesiones económicas, el presidente López Obrador ha depositado en las fuerzas armadas una porción importante del control de la seguridad pública, sin que esta transferencia a la fecha haya dado resultados satisfactorios. Los asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros y extorsiones que cotidianamente cometen los cárteles del narcotráfico y demás grupos de la delincuencia organizada, ha evidenciado la poca eficacia de las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública. Por otra parte, el involucramiento de elementos castrenses en graves violaciones a los derechos humanos de los gobernados ha sido una conducta recurrente desde que las fuerzas armadas desarrollan tareas de seguridad pública.

Si bie, algunos actos ilícitos cometidos por elementos militares durante sus labores de seguridad pública han sido sancionados, lo cierto es que, de manera invariable, el primer mandatario ha salido en defensa de las fuerzas armadas, denostando a las organizaciones o a las personas que han denunciado las violaciones a derechos humanos cometidas por los militares. El presidente incluso pretende atenuar la responsabilidad a las fuerzas armadas en la matanza del 2 de octubre de 1968, al declarar en su conferencia mañanera del pasado 2 de octubre que el ejército sólo acató las órdenes del presidente Gustavo Díaz Ordaz; el primer mandatario también pretende minimizar la responsabilidad del ejército en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a pesar de las pruebas irrefutables que presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

El poder económico y la militarización de la seguridad pública pueden ser dos claves para desentrañar las razones por las cuales el presidente de la república realiza una defensa a ultranza de las fuerzas armadas. El empoderamiento del instituto armado a largo plazo está destinado a convertirse en una herencia maldita para las siguientes administraciones presidenciales, que tendrán que coexistir con un poder institucional sustentado en ilimitados recursos económicos y en la fortaleza de las armas. El presidente no solo no sacó a los militares de las calles, sino que los convirtió en administradores de una riqueza sustantiva.

Comportamiento judicial

De ser cierto el presunto incidente que hace unas semanas protagonizaron los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alberto Pérez Dayán y los motivos que ocasionaron el episodio, es claro que al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), existe un clima de tensión que ha llegado a la confrontación física de dos ministros.

El presunto reclamo que el ministro Pérez Dayán le espetó a su homólogo Zaldívar Lelo de Larrea, culpándolo de haberse subordinado ante el presidente López Obrador, en la época en que el primero encabezó la SCJN, parece ser la punta del iceberg que oculta la crisis interinstitucional que confronta a los poderes ejecutivo y judicial.

El tema de la subordinación es una cuestión añeja, como lo es también el frecuente conflicto de intereses éticos en que incurren algunos de los ministros de la SCJN, estas dos cuestiones han contribuido a llevar las cosas al estado actual.

Más que subordinación, considero que se trató de la manera en la que el ministro Zaldívar condujo la relación con los otros dos poderes de la unión. El ex presidente de la Suprema Corte le imprimió un sello personal en el que siempre estuvo presente la parte política, lo que lo distinguió de sus antecesores; él actuó de manera más abierta, expresando opiniones o asumiendo posturas legales que algunas veces convalidaron los actos del Poder Ejecutivo, lo que de inmediato fue señalado por la oposición como una subordinación al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En cuanto al frecuente conflicto de intereses éticos, el ejemplo más claro e irrefutable, fue la presencia de varios ministros en la fiesta que ofreció el abogado Juan Collado Mocelo, con motivo del enlace matrimonial de su hija. En algunas de las imágenes se ve al ministro Luis María Aguilar y al ex ministro Eduardo Medina Mora, departiendo alegremente con abogados, empresarios y políticos que tienen juicios radicados en las salas de la SCJN. La presencia de los ministros en una fiesta cuyo anfitrión es un abogado que litiga ante la SCJN, es un claro ejemplo de los intereses que prevalecen al interior de las ponencias y también del desatino o la prepotencia con que se conducen algunos ministros del máximo tribunal.