El secuestro de 31 migrantes acaecido el sábado 30 de diciembre de 2023, en el kilómetro 6 de la carretera Reynosa-Tamaulipas, pone otra vez en el centro de atención un fenómeno que se ha prolongado al menos por tres lustros, esto es, la privación ilegal de la libertad, muchas veces seguida de la desaparición forzada y/o asesinato, de personas migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos de América. Este tipo de acciones pone en evidencia la existencia de una red de macrocriminalidad que opera en los estados del Noreste de la república (Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas).

De acuerdo con los investigadores académicos Luis Daniel Vázquez Valencia, Ernesto Isunza, Andrea Isunza y Jesús Espinal-Enríquez: “Las redes de macrocriminalidad se conforman por estructuras políticas, financieras y criminales. Cometen distintos tipos de delitos, por lo que generan diferentes tipos de víctimas y ejercen gobernanza criminal en el territorio que ocupan. En otras palabras, hay amplias regiones del país que son gobernadas por redes de macrocriminalidad.”(1).

Resulta claro que el control territorial que detentan los grupos de la delincuencia organizada les permitió interceptar el autobús de la Línea Senda y privar de la libertad a 31 personas migrantes venezolanos, ecuatorianos, colombianos, hondureños y mexicanos con el objetivo de solicitar el pago de un rescate a sus familiares que radican en los Estados Unidos de América. Sin embargo, la presión mediática que trascendió las fronteras nacionales generó un efecto disuasivo que llevó a los delincuentes a liberar a sus víctimas.

El secuestro de los migrantes por enésima vez evidenció la connivencia entre autoridades, delincuencia organizada y grupos empresariales. Por ejemplo, entre los trabajadores agrícolas temporales que laboran en los Estados Unidos de América bajo el programa de Trabajadores Huéspedes  denominado H2A, son de sobra conocidas las prácticas gansteriles que día a día realizan la mayoría de choferes de la Línea Senda y el contubernio que existe entre los operadores de los autobuses, los agentes aduanales, los elementos del ejercito, la marina, la guardia nacional y el crimen organizado, para despojar a los trabajadores migrantes del dinero o bienes materiales que portan a su paso por la frontera.

Fueron las quejas recurrentes de los trabajadores agrícolas temporales y de su sindicato Farm Labor Organizing Committee (FLOC), que incluyó la interposición de una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  lo que llevó a su empleador la North Carolina Growers Association (NCGA) a rescindir el contrato de prestación de servicios que tenía celebrado con la Línea Senda, quien tenía a su cargo el traslado de miles de trabajadores agrícolas migrantes de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, al Condado de Vass, Carolina del Norte y viceversa.

La resolución circunstancial del caso, -las 31 personas migrantes no fueron rescatadas por las autoridades, sino liberadas voluntariamente por sus captores, quienes previamente recibieron dinero de algunos familiares de las víctimas-, no debe conducir nuevamente al statu quo que prevalece en esa porción del territorio nacional, las autoridades están obligados a erradicar una práctica que ha ocasionado un indeterminado número de víctimas (secuestrados, desaparecidos, asesinados, etcétera) a lo largo de más de tres lustros. Las autoridades no requieren de un profundo trabajo de inteligencia para establecer la identidad de los perpetradores y sus vínculos con la clase política y empresarial, las relaciones en muchas ocasiones son públicas y notorias.

A cinco años de la política de “abrazos y no balazos” es patente que los programas sociales encaminados a desalentar la incorporación de la población a los grupos de la delincuencia organizada, no han cumplido con su objetivo. Hoy, los grupos de la delincuencia organizada han consolidado sus redes de macrocriminalidad en muchas partes del territorio nacional ante la incapacidad y/o pasividad de las fuerzas encargadas de la seguridad pública. Si bien, para nadie es deseable una nueva “guerra contra el narcotráfico”, existen otras acciones (inteligencia financiera, prevención del delito, etcétera) que pueden debilitar al crimen organizado, sin embargo, hasta la fecha su estructura financiera sigue incólume o ha sido mínimamente afectada.

A estas alturas del sexenio, es innegable que la política de combate al crimen organizado (en lo concerniente a la obligación estatal de garantizar la seguridad pública) será tal vez el mayor fracaso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este descalabro también debe ser atribuido a los sistemas de procuración y administración de justicia locales y federales, en los cuales con distintos matices, sigue prevaleciendo la corrupción y la falta de profesionalismo.

COMPORTAMIENTO JUDICIAL

La nueva composición del Pleno de la Suprema Corte de Justicia con la integración de la nueva Ministra Lenia Batres Guadarrama sin duda alguna generará intensos debates sobre la determinación que tomen los miembros del tribunal constitucional, entre ellos los relativos a la extinción de los fideicomisos, la violencia vicaria, el uso del sistema pegasus y varios más.

El compromiso público que llevó a cabo la ministra Lenia Batres en su comparecencia ante el pleno del Senado de la república de que en caso de ser electa se reduciría voluntariamente su salario para quedar por debajo del que percibe el Primer mandatario, puede poner en un predicamento a la ministra Loretta Ortíz Ahlf y al Consejero Bernardo Bátiz Vázquez, debido a su militancia en el Movimiento de Regeneración Nacional, veremos si por un principio de congruencia ética y política siguen el ejemplo de su compañera de partido o continúan disfrutando de los privilegios salariales.

(1) Redes de Macrocriminalidad y Violencia “Dinámicas Regionales en Veracrúz 2014-2018. Luis Daniel Vázquez Valencia, Ernesto Isunza, Andrea Isunza y Jesús Espinal-Enriquez. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Fundación Heinrich Böll, E. V., Oficina Ciudad de México-México y El Caribe. Primera edición 5 de mayo de 2023.