Pueblos indígenas y afromexicano: el ciclo perverso de la retórica electoral
El periodo electoral que tendrá como punto culminante el dos de junio de dos mil veinticuatro nuevamente constituye la ocasión propicia para que los candidatos de todos los partidos expresen su preocupación por las condiciones de pobreza y marginación que padecen los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La actual campaña electoral no es la excepción; Claudia Sheinbaum Pardo, la candidata postulada por la coalición Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha incorporado a su imagen diversos atuendos indígenas y afromexicanos (vestidos, huipiles, pulseras, blusas, etcétera). Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la presidencia de la República por la coalición opositora Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), además de autoadscribirse como indígena, también ha recurrido a las indumentarias que porta cotidianamente su contrincante Claudia Sheinbaum. Por su parte Jorge Álvarez Máynez candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) ha recurrido nuevamente al ahora adolescente Yauwi López, integrante del pueblo indígena wixárika, para animar algunos eventos de su campaña.
Los aspirantes a la presidencia de la República, al igual que los candidatos a otros cargos de elección popular, reproducen nuevamente la retórica perversa que pone a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicano en el centro de las campañas electorales, prometiendo por enésima vez convertir a los indígenas y afromexicanos en personas sujetos de derecho público, esto es, cada periodo electoral los candidatos descubren que el Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas y afromexicano.
De acuerdo con el último censo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el año 2020, en México existían 23.2 millones de personas de tres años o más que se identificaban como indígenas; de esa cifra había más de siete millones de personas de tres años o más hablantes de lengua indígena; el INEGI identificó también la existencia de 68 lenguas originarias y 71 pueblos indígenas además del pueblo afromexicano (https://bit.ly/4bcBFPQ). La densidad poblacional de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicano en 2020, representaba cerca del 20% de la población total. En términos de participación electoral, los pueblos indígenas y afromexicano representan un codiciado manjar para cualquier candidato, ese es el interés que siempre ha subyacido en la retórica política.
De acuerdo con la “Medición de pobreza de la Población según pertenencia étnica”, realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Las comunidades originarias continúan siendo las más vulnerables ante la situación de desigualdad, pues el 69.5% de la población indígena, 8.4 millones de personas, experimenta una situación de pobreza, y el 27.9%, 3.4 millones de personas, de pobreza extrema (bit.ly/4agwz3T). La situación de vulnerabilidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas demuestra la falta de compromiso del Estado mexicano para garantizar a estos pueblos sus derechos plenos.
Si bien al inicio del presente sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, impulsó la Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, que tenía como objetivo dotar a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, el reconocimiento de la autodeterminación, el derecho a la consulta, etcétera. Dicha iniciativa fue construida a partir de una paradoja al realizar una simulación de consulta a los pueblos sobre la reforma constitucional que buscaba protegerlos. Hasta la fecha la propuesta presidencial sigue empantanada en el Poder Legislativo.
Resulta más asequible para el Estado seguir con su política clientelar para mantener el control político y económico de los pueblos indígenas y afromexicano, que instaurar una política social con asidero constitucional y convencional.
El comportamiento del Estado ha generado un ciclo perverso de utilización mutua, campaña tras campaña los candidatos se comprometen a dignificar la vida de los pueblos y comunidades indígenas, mientras que los pueblos les entregan el bastón de mando u otro objeto de poder que los inviste como sus representantes. Ambas partes saben que ninguna cumplirá con su compromiso, que todo se reduce a una simulación que busca obtener el beneficio inmediato.
Comportamiento Judicial
Se atribuye al ideólogo del PRI Jesús Reyes-Heroles la frase “en política, la forma es fondo” y al presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt la frase “en política, no hay casualidades”. Ambas frases actualmente cobran vigencia en la incesante labor política que viene desarrollando la ministra Norma Piña en su calidad de Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN).
El ejemplo más reciente, es la embestida dirigida contra el exministro Arturo Záldivar Lelo de Larrea, acusándolo de abuso de autoridad y otras conductas que ponen en tela de juicio su gestión como presidente de la SCJN. Sin cuestionar la veracidad o lo inverosímil de las acusaciones y la obligación de la ministra Norma Piña de llevar a cabo una investigación sobre la conducta de su antecesor, es evidente que la filtración de las presuntas irregularidades se llevó a cabo en un momento político que buscó dañar la imagen del exministro pero también a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. La acción de la ministra sin duda alguna tendrá consecuencias, salvo que esté convencida del triunfo de la Alianza Opositora a la que entusiastamente ha sumado su apoyo la gran mayoría de la familia judicial.
La ministra debe estar consciente de que el probable triunfo de Claudia Sheinbaum, no solo le cancela la posibilidad de ser reelecta, también, que su gestión al frente de la SCJN será escrupulosamente auditada. La decisión personal o inducida de ir contra el exministro Záldivar, ha llevado a la ministra a cruzar el Rubicón, pero a diferencia de Julio César, ésta no cuenta con las legiones de Centauros que puedan retar y confrontar victoriosamente al Estado.
Leonel Rivero
Abogado, Coordinador general de Defensa Estratégica en Derechos Humanos A.C.