Paraguay, una democracia del despojo
Paraguay ha vivido gran su historia política bajo dictaduras o gobiernos autoritarios que se sucedieron unos a otros en el siglo XX. Con el proceso de transición que se inicia en 1989 y la caída de Alfredo Stroessner, las amplias expectativas de avanzar hacia una democracia plena chocaron con la realidad de que la misma se hacía desde arriba y desde dentro del mismo sistema. También, pronto fue evidente que los conceptos de democracia que tenían los diferentes sectores eran completamente diferentes.
De hecho, se puede rastrear la actual crisis de la vida democrática en Paraguay en aquellas visiones contrapuestas sobre el juego político. Indagando en la visión que tienen referentes de los movimientos sociales y referentes de las élites, se pueden establecer cuatro diferencias:
En primer lugar, se encontró una primera diferencia entre élites y sectores sociales referida a que, para los primeros, la democracia está vinculada centralmente a la institucionalidad formal, sea esta del Estado o de los partidos políticos; mientras que para las organizaciones sociales apunta a una institucionalidad ampliada, centrada en la gente, que escuche y atienda efectivamente los reclamos y las propuestas de las organizaciones y los sectores sociales. Esto tiene que ver con la percepción misma del Estado, que para las élites se muestran más como un mecanismo de mantenimiento del statu quo y acceso a recursos, mientras que para los movimientos el Estado tiene una fuerte dimensión social que debe estar abierto a la participación ciudadana, además de garantizar derechos y promover la igualdad social.
La segunda diferencia es el énfasis de las élites en la dimensión política y electoral. Para las élites, el sistema democrático pasa por respetar un mínimo de reglas básicas, como las elecciones libres, derechos de organización política, reunión, expresión y libertad de prensa (aunque en la actualidad esto también esté en tela de juicio por sectores de la extrema derecha). Es decir, un conjunto básico de derechos civiles y políticos que garantizan cierta pluralidad en la competición electoral y en la contienda política. Los derechos económicos y sociales son, más bien, un resultado deseable, pero no una condición necesaria como sí lo son los civiles y políticos. En cambio, para las organizaciones sociales, la democracia se entendería como el acceso de la gente a una participación real en la sociedad y a niveles de vida dignos, donde puedan desarrollarse integralmente como personas, en todas sus dimensiones y posibilidades; donde no existan ciudadanos de primera y segunda clase.
En cuanto al tercer elemento diferenciador es la legitimidad de los actores para hacerse cargo del Estado, que para las élites están reducidas a partidos o sectores económicos que las representen, mientras que en el ámbito social se señala la pluralidad de actores como una señal inequívoca de democraticidad. Para las élites, la democracia es «un método, un procedimiento, un acuerdo, un contrato que se va perfeccionando a lo largo del tiempo» y que otorga a algunos individuos el poder de decidir en todos los asuntos, como resultado de sus esfuerzos en la búsqueda de votos; es decir, una democracia representativa, pero donde las mayorías imponen sus criterios ya que, al final, «las minorías tienen que respetar a las mayorías». Facilitando el dominio, es decir, estos sectores no son democráticos, sino que usan la democracia como una falsa bandera para mantener privilegios y control de los recursos de producción y reproducción de la sociedad.
Una cuarta y última diferencia está en la ausencia de reflexión sobre los puntos de partida, es decir, mientras las élites no consideran la historicidad del Estado, los sectores sociales reflexionan sobre el proceso histórico de construcción del mismo y las relaciones políticas derivadas, poniendo énfasis en cómo el Estado actual se origina en la violencia y usurpación de la riqueza colectiva. Por lo tanto, las condiciones de participación no son igualitarias, pues unos parten de una situación de acumulación histórica fraudulenta, mientras que otros viven en la precariedad del despojo.
La democracia tiene que asumir las diferencias de poder económico e igualar esta relación desbalanceada. Una democracia que la ignora solo refuerza la conservación del statu quo e impide que se pueda avanzar hacia una verdadera igualación social.
Esta percepción de democracia, construida sobre el despojo, es para los sectores populares un secuestro de las instituciones para legitimar la usurpación, imponer marcos jurídico acorde a las necesidades de los capitales internacionales, intercalando gobiernos encargados de administrar el avance del capitalismo depredador en el país.
Fuente:
Movimientos Sociales y Élites Disputa en torno a la democracia (2000-2021) Irala, Palau, Yuste y Zevaco. Base IS, Paraguay.
Disponible en https://www.baseis.org.py/wp-content/uploads/2023/03/Movimientos-sociales-y-elites-Tapaweb-fusionado.pdf
Abel Irala
Director e investigador de Base Investigaciones Sociales. Licenciado en trabajo social, posgrado en Ciencias Sociales, docente universitario.