Con la designación de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, como precandidatas presidenciales del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y del Frente Amplio por México, respectivamente, y la espiral de inseguridad y violencia en que se encuentra inmersa la sociedad, se inicia la temporada “circo y plomo”.

En los meses subsecuentes la sociedad será destinataria de promesas, mensajes y reivindicaciones absurdas y pueriles, realizadas desde la lógica de que a la gente hay que decirle “lo que quiere escuchar”.  Seremos testigos de una retórica electoral que pondrá a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derechos; este discurso demagógico será utilizado ad nauseam por ambas candidatas, pero seguramente será potencializado por Xóchitl Gálvez, quien se autoadscribe como integrante de un pueblo indígena y por esa razón en el sexenio de Vicente Fox Quezada encabezó el Instituto Nacional Indigenista. Su labor más destacada en esa institución fue actuar como interlocutora de las organizaciones sociales, destrabando varios reclamos y demandas de atención a través de generosos incentivos económicos que le otorgaba a varios líderes sociales.

Dentro del movimiento social son célebres varias anécdotas sobre reuniones en las cuales la actual precandidata de la oposición repartía dinero como si los recursos del erario, fueran recursos personales, por eso no es extraño que varias organizaciones que fueron ilegalmente beneficiadas le expresen en las redes sociales su adhesión incondicional, sin importar que Xóchitl Gálvez sea la precandidata de los grupos que históricamente combatieron a Benito Juárez,  a Francisco Villa,  y a Emiliano Zapata, héroes cuyo nombre o apellido ostentan varias de las organizaciones sociales que sin tapujos han expresado su adhesión a la candidata de la oligarquía y el caciquismo. Está demás mencionar los nombres de los líderes y las organizaciones, la información puede ser obtenida a partir de una simple búsqueda en las redes sociales. 

¿Cómo interpretar la actuación de esas organizaciones? ¿Su claudicación constituye una falta de principios o extravío ideológico? 

A simple vista eso parecen constituir los comentarios de algunos dirigentes sociales que han expresado y mostrado su entusiasmo por la candidatura de Xóchitl Gálvez. Es evidente que estos actores han decidido apostar su  esperanza de supervivencia apoyando a la clase política.

La soberbia de varios líderes les impide admitir que fueron incapaces de enfrentar en términos organizativos e ideológicos la política clientelar  del actual gobierno. En cinco años las organizaciones sociales no pudieron construir una alternativa o contrapeso a la política de cooptación operada a través de los Servidores de la Nación.

La lisonja de ciertos líderes y organizaciones sociales hacia una fracción política que históricamente ha representado a los grupos más reaccionarios de la oligarquía económica, demuestra que estamos ante un movimiento anacrónico que  tomó la decisión de aliarse con sus enemigos de clase. 

Por su parte, Claudia Sheinbaum, además de la vestimenta tradicional indígena que en las últimas fechas ha usado en sus actos públicos, enfocará parte de su discurso de campaña a reivindicar los derechos de las mujeres indígenas. Esa retórica en algún momento colisionará con las acciones del actual gobierno que ha desdeñado muchos de los reclamos de los pueblos indígenas, sobre todo los relacionados con la tierra, territorio y recursos naturales.

A la par del circo electoral y mediático que seguramente ocupará las tres pistas del circo, la sociedad mexicana seguirá padeciendo los estragos de la inseguridad y la violencia, las cuales serán alentadas por los poderes fácticos (económicos, políticos y criminales) para debilitar a la contrincante de la candidata que respalden.

Sería iluso pensar que los grupos fácticos no buscarán aprovechar la coyuntura electoral. Históricamente los grupos económicos y políticos siempre han utilizado las circunstancias electorales para incrementar su poder e influencia. En las últimas décadas, a ellos se sumó activamente la delincuencia organizada, quien ha sabido aprovechar las elecciones para acceder al poder institucional, logrando con ello el control de importantes zonas territoriales que le han permitido construir una innegable base social, sin mencionar el control administrativo y el poder punitivo. La participación de los grupos fácticos en las elecciones,  solo ha sido posible por la complicidad o aquiescencia de los partidos políticos.

Veamos qué nos depara esta temporada de circo y plomo.

Comportamiento judicial

El pasado 28 de agosto, la ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Lucia Piña Hernández, al anunciar el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024, entre otras cuestiones señaló que “las funciones que habrá de desempeñar el Poder Judicial Federal el próximo año son de particular relevancia para la vida democrática y la justicia social en nuestro país. En primer término, el proceso electoral 2023-2024 implicará la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular. Ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral. Solo así, se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática”.

La ministra Presidenta de la SCJN y del CJF también mencionó que “México demanda un Poder Judicial fuerte, independiente y autónomo. Un Poder Judicial responsable y profesional que pueda garantizar el ejercicio de nuestros derechos, la igualdad ante la ley, la estabilidad de nuestras decisiones, el cumplimiento de los compromisos internacionales de nuestro país y la legalidad del actuar público. Este Poder Judicial, en términos de nuestra Constitución, confía en el respeto de dos principios fundamentales por parte de todas las autoridades del país: la división de poderes y la independencia judicial”.

El pronunciamiento de la ministra Piña Hernández fue objeto de una réplica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en la conferencia mañanera del 29 de agosto, calificó de cínica la petición presupuestal de 84.792 millones de pesos. El coordinador de MORENA en la Cámara de Diputados Ignacio Mier, fue más lejos y tilda de “amenaza siciliana” la solicitud de asignación presupuestal para el ejercicio fiscal 2024.

Es evidente que la ministra presidenta está siendo previsora al tener en cuenta un probable incremento exponencial de asuntos que deriven del proceso electoral que se llevará a cabo en 2024; sin embargo, me parece un exceso de su parte suponer que la debida atención de los asuntos puede poner en riesgo la transición del poder y la estabilidad del país.

El postulado de la presidenta de la SCJN y del CJF, al considerar que la sociedad mexicana demanda un poder Judicial fuerte, independiente y autónomo, es reduccionista, porque deja de lado la profesionalidad, el conocimiento y la actualización del personal judicial. La mediocridad de infinidad de resoluciones judiciales que se emiten en los circuitos, en nada justifica los altos salarios que devengan los jueces y magistrados que dictan esas decisiones jurisdiccionales. Justo es señalar, que existen muchos juzgadores comprometidos con su labor, pero lamentablemente siguen siendo minoría, frente a la mediocridad imperante.

Al interior del Poder Judicial de la Federación, ha circulado la propuesta de que se implemente un curso que ayude al personal judicial a perfeccionar su búsqueda cotidiana de “causales de improcedencia” que le permitan desechar el mayor número de las demandas de amparo, dicha práctica además de ahorrarles trabajo, justifica con creces  la estadística mensual de asuntos resueltos. ¡¡¡A este nivel ha llegado la garantía del derecho de acceso a la justicia¡¡¡.