Más temprano que tarde otra ley que amordaza el devenir de la movilización popular está pronta a promulgarse en Chile, la Ley Anti-Tomas. Salida de la agenda de derecha, sanciona la ocupación ilegal de inmuebles (toma de terrenos), pero que también tendrá efecto en la lucha del pueblo indígena y el movimiento estudiantil, como sería, por ejemplo, la toma de establecimientos educacionales, herramienta que han utilizado l@s estudiantes para presionar medidas en favor de la alicaída educación pública.

Esto se suma a grandes retrocesos que se han dado en materia legislativa para l@s de abajo durante este año, como la Ley Nain Retamal, que da garantías de no sanción al abuso de la fuerza policial; la ley que fortalece y protege el ejercicio de la función policial y de gendarmería; o la entrada en vigor del TPP11, que dio pie para que se fiscalizara la posesión de semilla nativa en comunidades agrícolas, entre otras secuelas que hoy se hace difícil dimensionar.

A mediados de 1940 comienza la historia de las tomas de terreno en Chile, en sectores como La Legua y Los Nogales, entre otros, donde la organización de un grupo de poblador@s, acompañado o liderado por movimientos políticos, se instala en un territorio, haciendo propio su espacio. Una segunda oleada de tomas vendría a fines de los años sesenta por el movimiento de poblador@s, en donde la más emblemática fue la que inició a la Población La Victoria, el 30 de octubre de 1957 en la zona sur de Santiago. Ya a comienzos de 1970, y a punto de asumir el gobierno de la Unidad Popular, otra población toma protagonismo, Nueva La Habana, que se afinca en un terreno entregado por el Estado, pero que reunió a pobladores de tres tomas lideradas por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y que se volvió emblemática por el nivel de organización de base que lograron. Sólo algunos ejemplos de cómo se fue construyendo Santiago de forma popular.

Con la historia de organización a cuestas, los pobladores de estos territorios hicieron fiera resistencia a la dictadura que se instaló en Chile en septiembre de 1973, construyendo organización popular que les permitía vadear las políticas de hambre y la recesión de esos años, siendo protagonistas de las Jornadas de Protesta Nacional a comienzos de 1980. Sin embargo, son de las poblaciones más golpeadas por el narcotráfico una vez que se instala la democracia pactada.

Al momento de la toma de terreno, estas poblaciones quedaban en el borde del límite urbano, pero con el paso del tiempo terminaron teniendo un lugar privilegiado dentro de la gran ciudad. Bajo este horizonte, lugares emblemáticos de resistencia y organización vuelven a ser azotados, ahora por la depredación inmobiliaria, comprando barato para construir grandes torres de departamentos, a medida del modelo, pequeñas habitaciones a precios elevados con la promesa de estar cerca del centro de la metrópoli, en donde antes, y de forma permanente, se interviene el territorio por la policía y los fondos de gobierno, para quebrar la organización heredada por quienes decidieron tomarse sus sueños.

La Ley Anti-Tomas recrudece las sanciones ante la ocupación fuera de la ley, que pasarían de multas a penas de cárcel (por lo que modifica el Código Penal), desalojos sin orden judicial, facilita la detención de ocupantes y aumenta el periodo de flagrancia (en la legislación actual, si han pasado 12 horas de la toma, no se puede desalojar por carabineros, con la nueva legislación se puede desalojar en cualquier momento).

Este tipo de marco jurídico nace para calmar los ánimos ante la inseguridad y la delincuencia, que bien han sabido aprovechar y fomentar comunicacionalmente quienes manejan los hilos desde arriba, pero olvida abordar antecedentes relevantes para entender por qué se llega a la toma de terrenos, como la insuficiente política de viviendas sociales, la especulación del mercado inmobiliario que hoy hace imposible acceder a la vivienda propia a personas con ingresos promedios, menos para quienes viven con la pobreza a cuestas, y para el mundo indígena, la usurpación histórica de sus territorios.

Aunque las máximas modificaciones serán sobre la legislación de vivienda y urbanismo, afectará a otros sectores, como la organización estudiantil y de trabajadores, ya que también tendrá efecto sobre la toma transitoria, herramienta de l@s de abajo para hacer escuchar sus demandas.

En el escenario del Chile amnésico, con un abajo que va a paso lento en sus procesos de reorganización después de los golpes post Revuelta y de la pandemia y sus secuelas, con un gobierno elegido para evitar el avance de la ultraderecha pero que ha respaldado decisiones muy en la línea de quienes eran sus contrincantes en las urnas, se sigue criminalizando a quienes deciden organizarse y actuar, porque desde la institución es poco y nada lo que se ofrece, alimentando una rabia que cada día se siente más desbordada y sin la certeza que pueda canalizarse antes de que el nudo de la soga se apriete hasta quitar el aire.