Desde que la educación en Chile pasó a manos de las municipalidades durante la dictadura, cada fin de año significa una serie de despidos de quienes tienen contrato fijo, es decir, docentes y funcionarios que son contratados de marzo a diciembre, y que se les hace otro contrato a partir de marzo del próximo año. Una práctica indigna, que se basa en no dar antigüedad y evita pagar las vacaciones, y cuyo cambio siempre ha estado en las demandas de l@s profesores chilenos.

Este año no ha sido la excepción, sin embargo en la comuna de Ñuñoa, considerada una de las de alto ingreso en el mapa de la desigualdad de la Región Metropolitana, se superaron todos los límites. Más de 250 despidos en los 16 establecimientos públicos de básica, media y técnico profesional, sacando del sistema a tod@s los profesionales con contrato fijo y dejando en números rojos las plantas docentes.

La educación pública depende de las Corporaciones Municipales de Desarrollo Social (CMDS), y en Ñuñoa en particular, a un municipio encabezado por Emilia Ríos, militante de Revolución Democrática, que forma parte de la coalición política del presidente Gabriel Boric. En el discurso de Ríos son recurrentes las palabras “altas expectativas” y “justicia educacional” respecto al área de desarrollo de la CMDS de la comuna.

Sin embargo del dicho al hecho hay un largo trecho. Durante el año se presentaron graves problemas en los establecimientos de la comuna, que incluyó cierre temporal de un liceo por problemas sanitarios, una demanda contra la CMDS en la Corte Suprema por uso indebido de terrenos de uso educacional (donde se pretende construir un consultorio y donde no hubo consulta a la comunidad educativa), cuestionamiento a cantidad de profesionales en relación con cantidad de estudiantes, falta de recursos mínimos para el funcionamiento y un largo etc.

Las desvinculaciones que pusieron en alerta a los actores de la educación ñuñoína comenzaron el 26 de diciembre, dada la cantidad de despidos y la desestructuración de equipos completos en liceos y colegios, poniendo en entredicho acuerdos entre la CMDS y las comunidades educativas, en que se cuenta equipos de Convivencia con el mínimo de funcionarios cuando durante el año se habían reforzado por demanda de los estudiantes, dejar sin asistentes de la educación al primer ciclo básico, dejar sólo 15 docentes en un establecimiento de 1500 estudiantes, desaparecieron departamentos completos dentro de los liceos y escuelas, y suma y sigue.

En un primer momento se informó que no habría recontrataciones en marzo, y que la política sería llenar todas las vacantes con profesores titulares (con contrato indefinido), pero ante el revuelo de la noticia, la CMDS señaló expresamente que se evaluarían las recontrataciones al comenzar el año escolar 2024.

Uno de los puntos más controversiales del comunicado de la CMDS tiene relación que estos despidos se realizan a partir de la evaluación de desempeño de los profesionales de la educación, situación improbable ya que no hubo evaluación antes de los despidos, y no hubo consulta de esto a los equipos de gestión de liceos y escuelas.

Como así es de cuestionable la justificación de despidos por la baja de recursos que llegan de nivel central, relacionado con el sistema de voucher en que se sostiene la asignación de recursos a la educación, que significa financiamiento en función de la asistencia de estudiantes. Cambiar este sistema ha sido una demanda recurrente en los movimientos estudiantiles y del profesorado, que debe pasar a un sistema de financiamiento basal, es decir, que cuente con recursos para cubrir necesidades de funcionamiento de los establecimientos, que sean discutidas con las comunidades según la realidad territorial a la que pertenecen. La coalición a la que pertenece Emilia Ríos tiene entre sus más emblemáticos militantes a personas que cuestionaron el sistema de voucher como dirigentes estudiantiles, cabe preguntarse porque el municipio, antes de profundizar un sistema que lesiona gravemente la educación pública, no movió sus fichas para cuestionarlo.

Cuando estaba por terminar este movido 2023, la respuesta de las organizaciones sociales no se hizo esperar. El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Ñuñoa y el Colegio de Profesores respaldaron la manifestación de docentes y funcionarios en el municipio, quienes han recibido apoyo transversal de todos los sectores y actores de las comunidades educativas.

En cada escuela y liceo se ha informado de la situación, y han nacido cartas de apoyo, denuncias en los medios, y organización interna para exigir que se reviertan los despidos. Dentro de las comunidades no hay números, hay profesores y funcionarios querid@s, que se involucran con estudiantes y apoderad@s, y cuyo trabajo sobrepasa la frontera del aula, y que por la forma en que comienzan a ser despedidos, no pudieron despedirse de quienes compartieron su labor durante este año.

Una de las áreas más afectadas es el Programa de Integración Escolar (PIE), que apoya a aquell@s estudiantes con necesidades diferentes y a sus familias en la integración al liceo o escuela. Estos son equipos que establecen una relación más cercana y emocional con l@s estudiantes, por lo que al desarmarlos, se pierde el proceso de vinculación y afecta de forma profunda a l@s estudiantes, y no es algo que se pueda reparar fácilmente.

Hoy Chile se enfrenta al traspaso paulatino de la educación pública a los Servicios Locales (SLEP) donde es el ministerio del área quien toma la administración, la tan demandada desmunicipalización de la educación, pero los SLEP no han estado a la altura en cuanto no han podido deshacerse de los vicios de las administraciones municipales. Bajo cuerda se entiende que los masivos despidos entran en la política de preparar la comuna al traspaso a SLEP, que le corresponde en 2026, adecuando su presupuesto a las exigencias de este.

Si la mirada para cualquier cambio sigue teniendo como único foco el tema económico, no habrá transformación a un sistema público de calidad para tod@s, y nuevamente los sectores más vulnerables siguen siendo los más afectados.

La exigencia de un sistema educacional que responda a temas como calidad, igualdad y participación es un reto país. Y bajo esta perspectiva, hay que volver al núcleo, hoy son las comunidades educativas, cada escuela y liceo que ha visto en riesgo su proyecto, ese que diferencia estar en uno u otro establecimiento, las que defienden lo que han construido hasta ahora y bregan por real participación en decisiones que afectan a su territorio. Son quienes ven más allá de los números, y exigen de la administración que amplie su mirada y empiece a dejar la tecnocracia atrás.

A punto de comenzar el 2024, cuando se supone que ya el tema escolar entra en receso hasta marzo, encuentra a estas comunidades en pie de guerra, aunando fuerzas y diciendo ya basta. Por acá nadie se ha ido de vacaciones y la primera semana del año ya avizora mucho movimiento.