En el ocaso del sexenio que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quedó patente la incapacidad de su gobierno de implementar una política que pusiera fin, corrigiera y/o atenuara la grave crisis de seguridad pública que ha prevalecido en México durante los últimos tres sexenios.

La seguridad pública es una función que constitucionalmente debe ser garantizada por los tres órdenes de gobierno; la falta de cumplimento de esa obligación y la crisis de inseguridad que ha prevalecido a partir del sexenio encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, ha puesto en duda la existencia de un Estado de Derecho. Tomo dos ejemplos para ilustrar la crisis de seguridad pública y el fracaso del modelo implementado por AMLO, el número de homicidios dolosos y el desplazamiento forzado interno y externo de personas propiciado en gran medida por la actuación de los grupos fácticos.

Según el reporte de la plataforma global de datos e inteligencia empresarial “Statista” en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (FCH) los homicidios dolosos ascendieron a 122,319; en tanto que en el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN), este fenómeno delictivo se incrementó a 150,45 (https://bitly.cx/vApQD); y en la actual administración que encabeza AMLO, de acuerdo con el reporte elaborado por la Agencia Especializada en Estudios de Opinión “T-ResearchMX” la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tiene registrados del 1° de diciembre de 2018 al 6 de agosto de 2024, 194,161 (https://bit.ly/3LjjBsB).

De los homicidios dolosos que se han presentado en la actual administración, 39 han sido perpetrados en contra de periodistas y en 92 casos las víctimas han sido defensores de derechos humanos. De igual forma de acuerdo con el reporte elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) hasta octubre de 2023, había 386 mil personas desplazadas de manera forzada en México.

En la introducción del informe elaborado por la CMDPDH, la Organización no gubernamental afirma que: “Cientos de miles de personas han tenido que huir de sus casas para sentirse a salvo de la imparable guerra entre los poderosos cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, sumados a grupos criminales locales. Tan solo en 2023 se registraron más de 40 hechos de éxodo por violencia en al menos once estados del país. Mientras, el gobierno mexicano se mantiene entre la impunidad, la inacción al no querer reconocer la gravedad de la situación”.

Aún y cuando la compenetración de las Fuerzas armadas (Ejército y Marina) en las labores de seguridad pública ha crecido exponencialmente, hasta la fecha el resultado ha sido cuestionable y por otro lado la violación de los derechos humanos de la población se ha incrementado notablemente.

El ejemplo más reciente del fallo de las actividades de seguridad pública a cargo del Estado, lo constituye la situación que prevalece en Chiapas, en las zonas Frontera-Sierra, Frailesca, Altos, Norte y Selva, donde la delincuencia organizada ha sentado sus reales obligando a la población a desplazarse a otros lugares de la entidad o incluso al vecino país de Guatemala.

Es del conocimiento público que en los municipios de Frontera Comalapa, Trinitaria, Las Margaritas, Cintalapa de Figueroa, Jiquipilas, Pichucalco, Reforma, Villaflores, La Concordia, etcétera, la población se ha desplazado de sus lugares de origen ante la amenaza del reclutamiento forzado, asesinatos, extorsiones, secuestros y otros delitos, que cotidianamente cometen los grupos de la delincuencia organizada gracias a la pasividad de las fuerzas de seguridad, la cual ha sido tan pasmosa, que raya en la complicidad.

Ante el fracaso de la seguridad pública AMLO, ha recurrido a su consabida retórica que busca culpar a sus detractores de crear una propaganda para desacreditar a su gobierno; sin embargo, la información, las denuncias públicas de las víctimas y las imágenes de las acciones perpetradas por el crimen organizado, dejan en evidencia la falacia presidencial.

La política del presidente de la República de “abrazos y no balazos” por un lado implementó una serie de programas sociales dirigidos a desalentar el involucramiento de las personas económicamente más vulnerables en las actividades del crimen organizado; y por otro, evitar al máximo los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los grupos de la delincuencia organizada. En los hechos, la política de seguridad pública implementada por AMLO permitió que las organizaciones delincuenciales consolidaran y expandieran el control territorial de amplias zonas del territorio nacional ante la pasividad y/o complicidad de las fuerzas armadas, la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales.

Es innegable que el actual gobierno ha sido incapaz de cumplir con su obligación constitucional de garantizar la seguridad para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de miles de las personas que han sido víctimas de la delincuencia organizada. Este fracaso será tal vez el mayor lastre que marcará el legado político de AMLO.

COMPORTAMIENTO JUDICIAL

Los integrantes del Poder Judicial de la Federación y los simpatizantes de la reforma judicial velan armas. En las próximas semanas, la sociedad mexicana se verá inmersa en una lucha de dos facciones que consideran ser poseedoras de la verdad absoluta.

Ante la inminente confrontación de descalificaciones y discursos de odio, es el momento de hacer a un lado las filias y fobias y decantarse por una reforma al poder judicial que más allá de los postulados teóricos sobre independencia e imparcialidad judicial, reconozca que desde tiempo atrás el sistema de procuración y administración de justicia día con día fue alejándose de las necesidades de los justiciables y en muchas ocasiones convirtió el derecho de acceso a la justicia en una mercancía al alcance del mejor postor.

No pueden ocultarse las connivencias que desde hace décadas han prevalecido entre los grupos institucionales y económicos y los estamentos judiciales; tampoco puede soslayarse la falta de profesionalismo y actualización de conocimientos de muchos juzgadores locales y federales. Negar lo que ha sido público y notorio poco abona para generar una reforma judicial que tenga como beneficiario principal al justiciable, sin menoscabar los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, sobre todo los de los secretarios, oficiales, actuarios y demás personal administrativo.