Ilustraciones: Rini Templeton

En las miriadas de historias que recorren lo que hoy conocemos como Centroamérica, la violencia y la imposición han sido constantes, pese a la resistencia incesante de su gente.

Es así que llevamos un tiempo de que en Guatemala se quiere imponer una legislación aberrante que ya se había logrado derogar en 2014 cuando en septiembre de ese año se echó abajo una “ley de protección de obtenciones vegetales”, que, como sabemos, es parte de ese tipo de leyes que se necesitan para activar en un país la aprobación de el Convenio de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV), que pretenden dictar, es decir, decidir, quién, dónde, cuándo y cómo se siembran o no semillas y materiales vegetales, sin que la población pueda hacer nada al respecto porque dichas leyes tienen el respaldo y la promoción de básicamente todos los tratados de libre comercio del mundo.

En el caso guatemalteco, dicha ley de obtenciones vegetales se había aprobado en junio de 2014 pero el 4 de septiembre “cientos de personas se concentraron a las afueras del Congreso de la República de Guatemala, pueblos indígenas, organizaciones sociales, comunidades y población en general exigieron al Congreso derogar el decreto 19-2014”. En ese momento se impuso la voluntad popular “y se derogó dicho decreto que ponía en riesgo las semillas nativas y el maíz sobre todo. Esta derogatoria se sumó a las luchas por la defensa de la soberanía alimentaria y los sistemas alimentarios ancestrales que se vienen gestando por parte de los pueblos indígenas que buscan protegerse contra la legalización de semillas transgénicas, el patentamiento y la privatización de las semillas nativas de los pueblos de Iximulew”.

Aunada a la privatización, desde 2018 se ha estado queriendo imponer el Reglamento Técnico RT 65.06.01:18 “de Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados OVMs para usos agropecuarios, que permite el Transporte, Movimiento Transfronterizo, Investigación, Experimentación, Manejo, Producción de las Semillas Transgénicas” que es promovido por la Unión Aduanera en aras de aplicar el Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala) y el Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y Personas Naturales entre las repúblicas de El Salvador, Honduras y Guatemala. Dicho Reglamento está en vigor desde el 15 de marzo de 2019 y aún está en vigencia.

La REDSAG, una organización social, campesino indígena guatemalteca, ha intentado oponerse a dicho reglamento, junto con muchas comunidades indígenas y campesinas pero no han sido tomadas en cuenta. Ni siquiera se les ha notificado resolución alguna. Desde entonces han emprendido 2 procesos de “inconstitucionalidad contra el reglamento” y “un proceso ante la Corte Suprema de Justicia guatemalteca por silencio administrativo del Ministerio de Economía de Guatemala (MINECO)”. Ninguna de estas acciones jurídicas se ha tomado en cuenta pese a haber sido respaldadas por 3 amicus curiae que se presentaron desde Ecuador y México dentro del trabajo del Colectivo de Semillas de América Latina.

De acuerdo a una comunicación de REDSAG, “innumerables veces se ha pedido al Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía y al Consejo de Áreas Protegidas que suspendan dicho reglamento, sin que esto prospere. En una oportunidad se citó al Ministerio de Agricultura para que rindiera información sobre el tema ante Diputados del Congreso pero la información fue ambigua. El Viceministro se limitó a afirmar que ya existían dos experimentos transgénicos aprobados, de maíz amarillo y de soya. No dio respuesta sobre los procesos de consulta a las comunidades indígenas donde se pretende realizar experimentos con semillas transgénicas, ni brindó información detallada sobre la ubicación de las empresas que hacen estos experimentos, a todas luces en complicidad con las empresas semilleristas. Según un informe de la USDA en el país, existen ya 6 experimentos transgénicos en el país, sin embargo, se desconocen los procesos para poder autorizar a las empresas a trabajar con transgénicos, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía y el Consejo de Áreas Protegidas, guardan silencio y esconden información”.

El famoso Reglamento Técnico, aprobado y promovido por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, y que tiene su fundamento “en el Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología del Convenio de Diversidad Biológica” está actualizado por la Instancia Ministerial de la Unión Aduanera entre las repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras las cual activó la firma de una versión del reglamento del 19 de febrero de 2023.

La amenaza de dicho reglamento es hoy más vigente que nunca, porque incluye no sólo a Guatemala y Honduras sino que se extendió a El Salvador. ¿Por qué no se ha hecho extensiva esta previsión “aduanera” a todos los países centroamericanos: Costa Rica, Nicaragua o Panamá? Parece que sólo compete al llamado Protocolo de Guatemala que como decimos arriba, reglamenta aspectos de la integración económica centroamericana (por ahora de esos tres países (los mismos que cuentan con el programa Sembrando Vida del gobierno de México), lo que en este caso implica normar las condiciones en que pueden o no utilizarse los productos biotecnológicos, pero de ninguna manera busca prohibirlos. Así, además de las condiciones para la liberación experimental, la liberación pre-comercial e incluso la liberación comercial, las importaciones y  la gestión de los riesgos, abre los detalles: que provengan de la “combinación nueva del material genético” o una inserción estable en el genoma de uno o más genes o secuencias de ADN de doble hebra…”, es decir, sin afán de minimizar lo incluido en el texto del Reglamento, este ejemplo nos muestra con toda claridad que el documento en cuestión está a la disposición de promover todo el espectro de la biotecnología. Es la legitimación que profieren los tres países de la plenitud biotecnológica que son fundamentales para los tratados de libre comercio. Por ende, es un verdadero ataque a la integridad de los pueblos.

Dice REDSAG: “Actualmente se está preparando una acción legal nuevamente contra el Ministerio de Agricultura de Guatemala por silencio administrativo y negar información pública, mientras que a nivel centroamericano se preparan acciones ante el Consejo de Ministros de Integración Económica COMIECO Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y el Comité Ejecutivo del SICA, pedir en colectivo a las Procuradores de Derechos Humanos (PDH) de cada país que actúen en este sentido ya que hay violaciones a los pueblos”.

REDSAG pide entonces “desarrollar una campaña conjunta de comunicación centroamericana contra los transgénicos y el Reglamento”.

En el nivel de Naciones Unidas explorar si “cabría alguna denuncia en espera del apoyo de relatoras y relatores y que puedan establecer comunicaciones sobre este tema de los transgénicos y la necesidad de protección a los sistemas alimentarios ancestrales de los pueblos”.

El problema entonces no es solamente un reglamento de organismos genéticamente modificados o de productos biotecnológicos amplios sino la acción coordinada entre tres países centroamericanos buscando imponer las previsiones más lesivas de las agroindustrias estadunidenses. La tecno-ciencia al servicio de las corporaciones avanza en la amplitud de la aplicación de leyes de privatización y también de reglamentaciones biotecnológicas que además van de la mano de la aplicación masiva de agrotóxicos. Tanto REDSAG de Guatemala, como ANAFAE de Honduras, pero también GRAIN, el Grupo Semillas, de Colombia, la Red en Defensa del Maíz de México, además de la instancia conocida ya de Colectivo de Semillas de América Latina, van cundiendo la alarma ante un hecho que también puede tender “una articulación centroamericana y de países amigos para proceder ante los países que han adoptado ya el Reglamento de transgénicos y ver la forma de detener esta catástrofe que pone en serio riesgo el derecho a la alimentación, la salud, las semillas nativas y en general a la madre tierra”.