En la novela Los relámpagos de agosto, del celebre escritor Jorge Ibargüengoitia (1928-1983), el personaje principal, general José Guadalupe Arroyo, dedica sus memorias: A Matilde, mi compañera de tantos años, espejo de mujer mexicana, que supo sobrellevar con la sonrisa en los labios el cáliz amargo que significa ser la esposa de un hombre integro.

A través de la ironía y el humor negro, el escritor guanajuatense describe magistralmente el ADN que hasta la fecha caracteriza el genotipo de la clase gobernante que emergió en el México postrevolucionario.

La académica Mayra Margarito Gaspar, en su ensayo titulado El héroe revolucionario desmitificado en Los relámpagos de agosto (1), al diseccionar la personalidad del personaje considera que “Arroyo pretende demostrar que es un “hombre moral” y un “militar revolucionario íntegro”. No obstante, en el relato estas dos características de su personalidad se ponen a prueba una y otra vez, y cada vez demuestran ser solo una sátira de la realidad que atraviesa el país”.

Para Mayra Margarito, la doble moral del personaje se observa en la falta de autocrítica y “en la benevolencia con la que justifica sus actos y palabras”culpando a otros de sus errores y cuando no puede incriminar a algún otro“se escuda en la mala suerte o en el destino adverso; incluso, llega a excusarse diciendo que seguía sus propios “principios inviolables”.

Muchos rasgos del comportamiento del personaje, constituyen la parte indivisible de un considerable número de funcionarios públicos, la corrupción que ha permeado su labor se encuentra enquistada en lo más profundo del sistema político mexicano, sin importar, las siglas del partido político al que pertenezcan o el organismo público autónomo que presidan, cito algunos ejemplos:

Célebre es la frase del General y cacique potosino Gonzalo N. Santos “La moral es un árbol que da moras” que ilustra claramente los valores que siguen guiando el comportamiento de muchos gobernantes. Igual de famosa es la frase “si robé, pero bien poquito” del corrupto Hilario Ramírez “Layin” al referirse a su primera gestión en la presidencia municipal de San Blas, Nayarit, a la que accedió a través de las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).

Y qué decir de la declaración del diputado federal y aspirante a la presidencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) Porfirio Muñoz Ledo, cuando se refirió a los videos en donde se observa a Pío López Obrador recibiendo dinero de David León, operador político del ex gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello, “…es una cosa menor, una minucia, un pequeño error, comparado con los miles de millones de pesos que vale el caso Odebrecht que debe merecer un proceso judicial a un ex presidente de la República”. Cínica forma del tribuno de justificar la corrupción de un militante del partido que pretende dirigir.

O la justificación que hizo el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, sobre la conducta de su hermano al declarar que: “En este caso del video de mi hermano conDavid León hay grandes diferencias, para empezar, en cuanto a los montos de dinero, no es lo mismo comparar 200 millones de dólares de más, como lo que señala Lozoya […] en aquel caso se obtuvieron recursos públicos, es corrupción, en el otro caso, de mi hermano, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba”. Vergonzante la forma en que el presidente concibe un acto de corrupción, para el mandatario, si el dinero proviene de recursos públicos es corrupción, pero si el numerario es aportación de particulares, aunque sea de oscura procedencia, no es corrupción y mucho menos si es para su partido.

Los argumentos fútiles que se expresan desde las más altas esferas del poder para justificar los actos de corrupción cometidos por funcionarios y sus familiares, sirven de justificación para que altos servidores públicos que despachan desde algunos palacios de gobierno de ciertas entidades federativas, consideren como parte de su patrimonio personal la administración de la obra pública municipal y estatal, adjudicando los contratos a socios o prestanombres.

Las justificaciones del latrocino que se esgrimen desde el poder, permiten a los titulares de algunas fiscalías estatales, utilizar los fondos públicos y otros bienes materiales para promocionar políticamente su imagen de “funcionarios sensibles y comprometidos con la ciudadanía”. En algunos estados del sureste, los medios afines al poder, los elevan al rango de próceres, cuando realmente son unos servidores públicos mediocres y corruptos.

O qué opinión merecen de la ciudadanía los legisladores que, al amparo de las justificaciones del poder, utilizan el cargo como un instrumento para engañar a la gente con falsas promesas de gestión a cambio de pagos monetarios o para otorgarle plazas de trabajo a sus familiares, bajo la justificación “que esa es la costumbre”.

A lo largo del tiempo el ADN de la corrupción sólo ha mutado de color y siglas partidistas. La corrupción no debe medirse por cantidades máximas o mínimas de dinero, actitudes patrimonialistas del cargo, nepotismo, tráfico de influencias, etcétera, sino que, debe ser juzgada a partir de parámetros de comportamientos éticos, morales y jurídicos que rigen la actividad del servicio público.

Durante los regímenes de Estado, en los que el poder absoluto fue detentado por el Partido Nacional Revolucionario (PNR) transmutado después en Partido Revolucionario Institucional (PRI), la corrupción permeó la función pública y la vida de la república, hasta alcanzar niveles inauditos en el sexenio encabezado por Enrique Peña Nieto.

Los dos gobiernos surgidos del PAN que encabezaron Vicente Fox Quesada y Felipe Caderón Hinojosa siguieron las mismas pautas de comportamiento; los negocios al amparo del poder que realizaron los hijos de Martha Sahagún y la protección que Genaro García Luna le otorgó al Cártel de Sinaloa, ejemplifican claramente el nivel de corrupción alcanzado por esos gobiernos.

Hoy, Matilde sobrelleva el sino trágico de ser la esposa de un hombre integro, saboreando su cáliz amargo en la comodidad de su casa blanca o en un rancho del bajío mexicano, y la sonrisa con la que disimula el trago amargo, es objeto de portada en las más afamadas revistas del corazón.

COMPORTAMIENTO JUDICIAL.

Algunos brillantes “líderes de opinión” pasaron de alabar la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, -luego de la notoria ausencia del ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en algunos eventos oficiales convocados por la presidencia de la república-; a la denostación, ante la postura que el Ministro Presidente y cinco de sus colegas asumieron en la sesión del Pleno del Tribunal Constitucional, que analizó la materia de la consulta pública solicitada por el titular del ejecutivo y que a la postre fue declarada constitucional, previo cambio de redacción de la pregunta.

Los articulistas echaron las campanas al vuelo luego de que se hiciera público el proyecto de resolución elaborado por el ministro Luis María Aguilar Morales. Sin embargo, los “líderes de opinión”, pasaron por alto el acervo bibliográfico que analiza el comportamiento judicial a partir de la premisa ¿Por qué los jueces actúan como lo hacen? Si los columnistas hubieran conocido la inferencia, tendrían que haber deducido que, ante asuntos de gran trascendencia, las Cortes Supremas suelen actuar en términos estratégicos.

La actitud estratégica, como parte del comportamiento judicial, considera que, las resoluciones de los jueces de las Cortes Supremas, están encaminadas a la obtención o logro de una política determinada.

El sentido de una decisión importante o trascendental para la sociedad o un segmento importante de ésta, siempre estará ligada a la oportunidad política. Los jueces actúan estratégicamente de acuerdo a las condiciones políticas, económicas y sociales imperantes en el momento de su decisión; esto es, los juzgadores pueden ordenar sus metas, valores, preferencias y estrategias alternativas.

Las Cortes no fallan sólo respetando literalmente la ley vigente ni actúan sólo de acuerdo con sus preferencias. Las Cortes velan por el cumplimiento de la ley siempre que sea un poder totalmente independiente. Pero esto no es completamente cierto en la práctica. Los jueces de las Cortes pueden fallar estratégicamente en contra de una ley o fundamentar un fallo de manera contraria a sus preferencias, porque les conviene a sus intereses políticos. La relación de preferencia e indiferencia en cuanto al sentido de sus decisiones es transitiva, esto es, sus elecciones están estructuradas por el escenario institucional en el que las hacen.

Ojalá que, para la próxima vez los “líderes de opinión” antepongan a sus intereses y fobias, la objetividad y el conocimiento.

1. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6807444.pdf