Obedecer quiere decir en su origen “oír, escuchar”, del latín aubidere. En la claridad del pensamiento zapatista, se habla entonces de “mandar obedeciendo”, es decir, haciendo caso, escuchando, obedeciendo porque se cumple con lo que la asamblea, la comunidad, el pueblo, los pueblos están documentando, diciendo, reivindicando, argumentando, exigiendo.

Ése sería uno de los principios reales de una libre determinación. Que los pueblos reivindiquen su presencia, su modo de gobernarse y —si estamos en un Estado con un gobierno que es plural, plurinacional—, que ese Estado y su gobierno reconozcan y hagan lo necesario para que los pueblos puedan ejercer sus propias decisiones, en un ámbito de aplicación real. No en abstracto. Sin un territorio reivindicado por los pueblos y reconocido por el Estado, la autonomía es un mal chiste. “Les concedo la autonomía pero hago todo lo necesario para no la puedan ejercer. Y si puedo entorpecerla lo haré”.

Para ejemplo inmediato, este nuevo catálogo de pueblos indios. Promover la catalogación de los pueblos (aun si es autoadscriptiva) restringe de inmediato las posibilidades de ejercer una autonomía, aunque la pregone varias veces en casi todas las páginas. (Ver DOF 09/08/2024) “Eres en tanto decides registrarte conmigo”. Y la metodología es muy impactante en esto. El capítulo IV es muy ilustrativo. Quienes se registran están aceptando reconocer que cada uno de los apartados se cumplió del modo en que ya quedó asentado en la redacción del decreto que lo legitima, la serpiente se muerde la cola.

En conversación informal, Jorge Santiago bordaba sobre este mismo asunto. “Es la relación de dependencia del Estado y las atribuciones de poder de ese Estado y la negación de un poder alterno desde la sociedad, y sobre todo desde la identidad de los pueblos; el Estado no determina la resistencia histórica de los pueblos”. Y tiene razón, la resistencia histórica de los pueblos impulsa la existencia y la continuidad, la identidad histórica de los pueblos. Su presencia.

La idea de la presencia me parece más y más crucial conforme ocurren más iniquidades, ordenamientos, borroneos, imposiciones y disposiciones. Esa presencia tiene que ver con el ejercicio de sus decisiones en el tiempo, y no sólo una declaración por grandiosa que parezca, por vistosa que parezca.

Ya Francisco López Bárcenas lo apunta de un modo muy certero al decir que la Reforma Constitucional para los Derechos de los Pueblos Indígenas que se anunció, está mutilada porque “elimina derechos a la representación política, al territorio y a los recursos naturales (ver “Mutilada la iniciativa de reforma para los pueblos indígenas”, La Cooperacha, 7 de febrero de 2024).

El proceso viene muy desconsiderado, por decirlo levemente, porque no se hizo nada por hacer caso “de la palabra de los pueblos y autoridades que participaron en ese proceso y que se entregó dos veces al presidente, una el 9 de agosto de 2019 en Durango y otra el 28 de septiembre de 2021 en Vícam, Sonora”. En una colaboración para desinformemonos.org FLB nos detalla los 52 foros regionales de junio-julio de 2019 en 27 estados entre el INPI y la SG además de uno para migrantes y otro para afromexicanos, el Foro Nacional que se realizó y el nombramiento de un Comité Nacional de Enlace. Nada de esto pesó en lo que quedó anunciado como reforma. (Ver “Reforma Indígena: el ruido y las nueces, desinformemonos.org, 9 de febrero de 2024).

Para López Bárcenas, negar los derechos a la representación política y al territorio no sólo es una mutilación de una supuesta reforma significativa sino un “escamoteo de derechos estratégicos”. Presumir de una autonomía que impide defender el entorno que la podría hacer posible con el disfrute de sus recursos y su representación hace que nos preguntemos por la noción de las supuestas bondades de ser ahora “sujetos de derecho público” con los que se llena la boca Adelfo Regino, titular del INPI. Eres sujeto de derecho público, ahora sí, pero con tantos requisitos y con tantos vacíos, que claramente no es posible ejercer la autonomía desde las estructuras de la legislación. Como también apunta López Bárcenas, se continúa con el colonialismo jurídico que no reconoce ni permite que se ejerza un pluralismo jurídico que podria defender un poco más a los pueblos, las naciones y las tribus, con sus comunidades, en el ejercicio de du derecho propio y sus modos propios de gobierno e impartición de justicia. El principal vacío para ejercer esos derechos de los que ya son sujetos es que no hay un entorno donde sea posible el ejercicio real de la libre determinación. Magda Gómez cita la opinión técnica de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea) que para Magda Gómez “Coincide en ponderar el reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y, sin embargo, anota la inaceptable omisión del derecho al territorio apuntando el fundamento en derecho internacional y sobre todo enfatizando que es ‘en sus territorios donde se intensifican los procesos de violencia, desplazamiento forzado, despojo de tierras y saqueo de recursos naturales’.” (Ver “Iniciativa indígena: al congelador anunciado”, La jornada, 23 de abril de 2024).

Para mí, negar el pluralismo jurídico, da por hecho que “el estado de derecho del Estado es el importante y todo lo que se quiera hacer tiene que ser alrededor de él”, como ya apunta López Bárcenas. Esto acota de inmediato la figura de sujetos de derecho público. Sí, el Estado está concediendo, finalmente que no sean sujetos de interés (y mero asistencialismo), pero siempre y cuando el derecho a ejercer sea el que el Estado reivindica. No hay margen para que los pueblos, en ejercicio de su libre determinación, invoquen su propio derecho que fuera factible armonizar, relativizar, poner a dialogar con las normas del derecho del Estado. Se suponía que ser sujetos de derecho iba a promover su libre determinación, aprovechar que se conglomeraría el presupuesto de varias secretarías para que lo pudieran ejercer en directo, tener mejor acceso a la justicia, proteger su patrimonio cultural, construir un sistema de comunicación propio —y en realidad, mucho de lo que la fallida reforma del 2001 no había alcanzado a concretar o el gobierno de entonces no tuvo la voluntad política de cumplir. Por eso es real, como dice Magda Gómez, que hay que contrastar “lo que señala la iniciativa a dictaminar, lo que establece la Constitución actualmente y su propuesta de modificación”.

Y es así que viene a ser lo mismo que ocurrió en 2001: que se anuncian derechos pero luego es imposible ejercerlos, todo queda encadenado a lo que la Constitución de por sí reconoce, que no es mucho, a lo que dice reconocer, que parece muchísimo, y a las posibilidades reales de instrumentar el paquete, que parece que talvez se queda en el congelador hasta el siguiente gobierno.

Entonces, todo queda en una especie de limbo que nos anuncia con gran parafernalia la supuesta reforma que ya viene, mientras las condiciones reales en esos territorios hacen cada vez más difícil defenderse como pueblos porque no hay herramientas jurídicas, logísticas, administrativas ni de seguridad pública que les permitan ser ellos mismos. Ni tener su presencia en la integridad que implicaría ser sujetos de derecho actuantes.

Por todo esto y más, el 1 de agosto de 2024 un número importante de comunidades, movimientos, organizaciones de 18 estados del país (pueblos y tribus, naciones pueblos maya, tseltal, ch’ol, chuj, lacandón, zoque, mam, ikoot, ayuuk, chinanteco, bene gula, nahua, me’phaa, hñähñu, wixarika, rarámuri, yaqui), alarmadas por el recrudecimiento de la violencia, declaran: “constatamos que la violencia en contra de los pueblos originarios y las comunidades rurales ha crecido de manera alarmante y es la constante en el país. En la mayoría de nuestros territorios, los cárteles criminales se han convertido en la mayor amenaza a nuestras posibilidades de existencia y a nuestros bienes naturales”. Éstos tienen un poder político concentrado, “siempre operan en clave de contrainsurgencia y niegan la autodeterminación y la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas”. (Ver el documento Alto a la violencia contra los pueblos originarios y las comunidades rurales, en este mismo desinformemonos.org)

La pregunta inmediata es: ¿cómo va a lograr una reforma frenar esta violencia, asegurar las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos? Sólo lo logrará con algo que es la ausencia más terrible en estas reformas jurídicas: la voluntad política del Estado para reconocer plenamente la composición plural de la Nación y propiciando la presencia real y concreta en todos sus rincones de todos esos pueblos que hoy levantan la voz alarmados por la violencia.

Y debe quedar claro que si los grupos criminales mantienen el control de esos territorios, estamos ante un fenómenos político-social que habla muy mal de las estructuras del Estado porque la imbricación con corporaciones y funcionarios es muy vasta. Dice el comunicado:

“Los cárteles actúan muchas veces vinculados a grupos o caciques locales que conocen a las personas y la región, explotan las minas, talan clandestina e indiscriminadamente el bosque, cobran derecho de piso, obligan a los hombres jóvenes y adultos a incorporarse a sus filas para participar con ellos en todas las actividades criminales e incluso asesinar a sus hermanos. Fuerzan a las mujeres a darles de comer y cumplir sus caprichos. Instalan retenes y deciden sobre quién entra y quién sale, controlan el abasto de productos básicos e impiden su acceso a las cabeceras municipales. Amenazan, golpean y matan a quienes no quieren obedecerles y han realizado masacres y asesinatos de defensores de derechos humanos y de población inocente, de tal forma que comunidades enteras o personas señaladas tienen que exiliarse para salvar su vida, dejando sus viviendas, animales, cosechas y todas sus pertenencias. Los desplazados se refugian en comunidades vecinas, en las ciudades cercanas e incluso en comunidades de Guatemala. A partir del terror los cárteles despejan los territorios para utilizarlos en su único beneficio, para el tráfico de personas, drogas, armas, etcétera”.

A toda esta violencia hay que sumarle los megaproyectos, ya santificados por los decretos presidenciales para que nada impida su desarrollo, aunque quienes hayamos visto su ser realmente existente, constatemos la torpeza, la corrupción, la sinrazón del corredor interoceánico y el tren maya, en manos militares que gestionan y administran, supervisan y detallan las fallidas obras de ambos proyectos, lanzados casi a la par para convertirse en el legado de infraestructura de ese Mediterráneo mexicano, ese mare nostrum con Estados Unidos que parece querer apoderarse de toda Centroamérica.

Los defensores de los territorios terminan criminalizados y si no los golpean los encarcelan, los desaparecen o los asesinan. “Las minas, presas hidroeléctricas, plantas de energía eólica y fotovoltaica, la explotación de hidrocarburos y demás proyectos extractivos trastocan la vida de las comunidades. La oposición a estos proyectos es enfrentada por el Estado con la división comunitaria, con el reparto de programas sociales o dejando hacer al crimen organizado, muchas veces articulado también a los intereses de las empresas concesionarias”.

Además está la agroindustria. Los invernaderos, las granjas industriales como Granjas Carroll, el bombardeo de nubes de las brocoleras y jitomateras, la captación clandestina del agua, los incendios forestales, recrudecen el ya viciado escenario donde las comunidades tienen que multiplicarse en sí mismos para cumplir con su producción alimentaria, con su subsistencia, y a la vez defenderse o evadir a los grupos que buscan imponer chequeos y cobros de piso en cada uno de los pasos de las cadenas de suministro, de la huerta al supermercado pasando por empacado, el transporte, el almacenado y la distribución de productos suntuarios como el aguacate, las berries, el agave o los espárragos. “El uso de agrotóxicos afecta a los cultivos, apiarios y poblaciones vecinas, y los desechos tóxicos de las granjas contaminan los ríos y cenotes y envenenan el ambiente. La inundación de tecnologías digitales para la agricultura implica dependencia, espionaje y mayor saqueo de minerales, tierras y agua”.

El documento termina con una serie de exigencias puntuales, entre ellas “que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad fundamental de brindar seguridad a todos los pueblos indígenas y comunidades rurales a quienes ha dejado en manos del crimen organizado. Que exista un respeto a los territorios indígenas y campesinos, a sus acuerdos de asamblea y a su libre determinación. y por supuesto la presentación con vida de los desaparecidos, la libertad de quienes se les mantiene en la cárcel injustamente, a quienes se criminaliza, a las comunidades a quienes se persigue al punto de tener que exiliarse.

Lo increíble y esperanzador es que tales comunidades sigan pugnando por su autonomía, promuevan procesos autogestionarios para no sólo defender su territorio, su integridad y su presencia como pueblos, sino que sigan pugnando por hacer que el Estado les cumpla con la Reforma que a muchas de estas comunidades (que han creído en acercarse a dialogar), les prometieron desde el INPI y el propio Ejecutivo.