Los documentales Presunto culpable y Duda razonable (Roberto Hernández y Layda Negrete, 2008 y 2021) exhiben crudamente la realidad sobre los sistemas de procuración y administración de justicia que prevalecen en México. Por su parte el film Romper el cerco (Canal 6 de julio, 2007) refleja el uso arbitrario de la fuerza y los abusos cometidos por las corporaciones de seguridad pública municipal, estatal y federal.

La cinta 137 shots (Michael Milano 2020) narra el incidente suscitado el 29 de noviembre de 2012, donde la policía de Cleveland, Ohio, fue protagonista de un suceso extremadamente violento: Timothy Russell y Malissa Williams, dos personas afroamericanas, conducían un vehículo automotor en un área conocida por el tráfico de drogas. Un oficial de policía, vestido de civil, interceptó a la pareja, argumentando una violación de una señal de tránsito, sin embargo los dejó en libertad.

Timothy y Melissa, reiniciaron su camino acelerando el vehículo, el cual presentaba un problema en el escape del motor, con tan mala fortuna que justo al pasar a un lado de una patrulla, el escape emitió un fuerte ruido que los policías pretendieron confundir con un disparo de arma de fuego, lo que provocó una extensa y peligrosa persecución, que duró más de 20 minutos e involucró a 104 oficiales y 60 patrullas de la policía de Cleveland. Cuando se sintió acorralado, Timothy se detuvo en una escuela secundaria, 13 policías dispararon 137 balas, creyendo que la pareja iba armada y planeaba atropellarlos. Sin embargo, las investigaciones demostraron que no había armas dentro del automóvil y que la situación era más un asesinato con un sesgo racial que un operativo oficial.

Por esos hechos, la fiscalía de Cleveland acusó al oficial Michael Brelo de haber efectuado 49 de los 137 disparos, 15 de ellos a bocajarro subido en el cofre del coche de la pareja, sin embargo, el agente del orden fue absuelto de los cargos de asesinato, lo que generó protestas pacíficas y violentos disturbios en el centro de Cleveland.

El film es un ejercicio de análisis y reflexión sobre el uso arbitrario de la fuerza y el empleo de las armas de fuego, por parte de las fuerzas del orden y su involucramiento en los crímenes raciales.

Por su parte, la serie Impechtmen (Ryan Murphy 2020) describe el affaire Clinton-Lewinsky, basado en la versión del libro Monica´s Story (Andrew Morton, 1999). El film aborda la crisis que llevó al primer juicio político de un presidente de los Estados Unidos de América en más de un siglo; la historia se desenvuelve en la mítica ala oeste de la Casa Blanca y es abordada desde la mirada de las mujeres que estuvieron en el centro de los acontecimientos, los cuales se desarrollaron en un contexto marcado por el corrosivo rencor partidista, cambios en la política interna y externa y la creciente influencia de los medios de comunicación. A través de la visión de Mónica Lewinsky, Linda Tripp y Paula Jones, se describen las aristas que envolvían el entorno del segundo mandato presidencial de Bill Clinton.

Uno de los principales temas subyacentes del film es el trabajo que llevaron a cabo el Fiscal Especial Kenneth Starr y los chicos buenos delFederal Bureau of Investigation (FBI) para armar la acusación en contra del presidente Clinton. A través de la serie el director exhibe crudamente las prácticas ilegales en que incurrieron los agentes federales (amenazas y violencia sicológica, privación ilegal de la libertad, incomunicación) para obligar a Mónica Lewinsky a cooperar con la fiscalía.

La exhibición de los tres documentales mexicanos y la descripción de las fallas estructurales que presentan los sistemas de procuración y administración de justicia y el uso arbitrario de la fuerza por parte de los elementos de seguridad pública, ha dado lugar no sólo a la exigencia de que deben operarse cambios profundos en esas figuras; también han servido para que los panegíricos (juristas y opinólogos) del sistema de justicia y de seguridad pública norteamericano alienten la implementación en México de los modelos estadounidenses. Una mirada en las redes sociales puede confirmar mi aserto.

Muchos de los patrocinadores de los sistemas de procuración, administración de justicia y seguridad pública norteamericano, consideran que la implementación de esos modelos evitaría la mala praxis o en buena medida funcionaría como medida correctora; sin embargo, los hechos que describen los films 137 shots e Impechment dejan en evidencia la violación de los derechos al debido proceso, defensa adecuada y el abuso de fuerza pública que prevalecen en los Estados Unidos de América y desmiente las alabadas bondades de esos modelos.

Los hechos narrados en los dos films son solo una muestra de la realidad norteamericana. El movimiento Black Lives Matter (BLM) “Las vidas negras importan”, desde 2013 ha denunciado las acciones policiales que derivaron en los asesinatos de un sinfín de afroamericanos (Tamir Rice, Eric Harris, Walter Scott, Jonathan Ferrell, Sandra Bland, Samuel DuBose, Freddie Gray, George Floyd, entre los más visibles).

La grave situación que prevalece en México debe llevar a una reflexión seria sobre los cambios estructurales que requieren los sistemas de procuración, administración de justicia y seguridad pública, pues la importación de modelos norteamericanos que a los ojos de algunos “expertos” son los adecuados para nuestro país, carece de razonamientos objetivos.

Esos mismos “especialistas” hace años fueron los que festinaron por adelantado que el nuevo sistema penal acusatorio, cambiaría el paradigma de la procuración y administración de justicia. La realidad los ha desmentido. Las viejas prácticas que prevalecían en el anterior sistema han encontrado acomodo en el actual. Los abusos policiacos, la corrupción y la violación de los derechos a la presunción de inocencia, debido proceso y defensa adecuada, sigue siendo el común denominador.

COMPORTAMIENTO JUDICIAL

La denuncia pública que realizó la Magistrada de Circuito, Elba Sánchez Pozos desvelando la forma en que operan los grupos de poder al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Poder Judicial de la Federación (PJF) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), confirman el nivel de corrupción que prevalece en algunos circuitos judiciales.

Las revelaciones adquieren mayor relevancia por el tipo de cargo que ocupa la denunciante, al exponer la corrupción, el nepotismo y la violencia de género que campea en el ámbito judicial federal. La acción de la magistrada Sánchez Pozos, generará una onda expansiva que impactará en los intereses de los grupos de poder, al ser develada la forma soterrada en que operan esas camarillas.

El caso de la magistrada Elba Sánchez Pozos, pondrá a prueba la gestión del ministro presidente del CJF Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Una investigación objetiva de las conductas que se le atribuyen a la magistrada y de los hechos que ésta denuncia, serán el rasero para determinar si el combate a la corrupción, el nepotismo y las malas prácticas, son compromisos reales del ministro presidente o simple demagogia.