El respeto y la confianza en las instituciones son esenciales para el desarrollo de una sociedad democrática, en ellos se sustenta la credibilidad del régimen.

Una administración que no goza de la confianza de los ciudadanos, no puede aspirar a ser respetada, por lo tanto, tendrá que imponer sus acciones de gobierno a través de medios coercitivos o antidemocráticos.

Los actos de corrupción de la administración pública y de los entes políticos, han minado seriamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Tres sucesos recientes dan cuenta de cómo la corrupción y el cinismo permean en el sistema institucional.

Primero, las irregularidades que cometieron aspirantes a una candidatura independiente por la presidencia de la República, para obtener el apoyo ciudadano.

Segundo, las inconsistencias sobre el proceso de licitación y ejecución de obras para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), que hace tiempo vienen denunciando movimientos y organizaciones de la sociedad civil.

Tercero, la anulación que determinó el Consejo de la Judicatura Federal, del Vigésimo Octavo Concurso Interno de Oposición para designar Jueces de Distrito, el Consejo de la Judicatura Federal, porque se evidenció que algunos aspirantes obtuvieron ilegalmente las respuestas del examen.

La negativa del Instituto Nacional Electoral (INE) de otorgar los registros como candidatos independientes a la presidencia de la República a Jaime Rodríguez Calderón (El Bronco) y Armando Ríos Pitter (El Jaguar), por las irregularidades que cometieron durante el proceso de recolección de firmas, y de conceder el registro a Margarita Zavala, aún cuando le fueron detectadas miles de decenas de firmas apócrifas, demuestra que los tres aspirantes no tuvieron empacho en perpetrar actos de corrupción con la finalidad de obtener el registro.

Desde una perspectiva ética ¿los tres podrían ser elegibles para competir por la presidencia de la República?, ¿pueden infundir en la ciudadanía un mínimo de respeto y confianza para dirigir el destino de la nación?, ¿les genera algún tipo de respeto la sociedad que pretenden gobernar?

En el tema del aeropuerto, aunque el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) avaló las respuestas de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, en el sentido de negar que obraban en sus archivos los contratos y facturas relativas a la construcción de la barda perimetral del NAICM, la certeza sobre posibles actos de corrupción fue tomando forma.

El programa Aristegui Noticias, dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional, construyó la barda perimetral del NAICM mediante un contrato que le permitió encarecer la obra 89 por ciento, y el uso de al menos dos empresas fantasmas.

La falta de transparencia con la que se conducen las partes involucradas, y las pruebas sobre la existencia de empresas fantasmas que tuvieron a su cargo la construcción de la barda perimetral a través de una subcontratación, pone en tela de juicio los trabajos concernientes a la ejecución de la obra.

No puede ignorarse, que en la ejecución del proyecto aeroportuario, autoridades del Estado de México y del gobierno federal (Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Registro Agrario Nacional, entre otras), han incurrido en diversos actos de corrupción, como la compra ilegal de terrenos, la construcción de vías de comunicación sobre terrenos particulares y ejidales, el reconocimiento de actos ilegales cometidos por autoridades ejidales, entre otros.

Por otro lado, el 4 de enero del año en curso se realizó el Vigésimo Octavo Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito, con más de dos mil quinientos participantes que aspiraban a ocupar uno de los cincuenta cargos de Juez de Distrito.

La Carrera Judicial es una de las bases esenciales de la independencia de los jueces y magistrados. Los concursos para ascender a los cargos tienen como objetivo que la impartición de justicia la realicen personas altamente calificadas, lo que redundará en beneficio de los usuarios del sistema de administración de justicia.

De igual forma, la Carrera Judicial es parte del sistema de frenos y contrapesos, en tanto que los ascensos y nombramientos están basados en las capacidades del juzgador y no en prácticas que puedan generar compromisos y lealtades.

La venta de exámenes de oposición, tiene varias implicaciones graves: La existencia de actos de corrupción, que ponen en tela de juicio la infalibilidad de los concursos de oposición; generan dudas en los justiciables sobre la capacidad y probidad de los juzgadores.; desprestigian al Poder Judicial de la Federación.

La acción de unos cuantos afectó la credibilidad de todos los juzgadores federales, éstos, deben ser los primeros interesados en exigirle al Consejo de la Judicatura que investigue y castigue a los responsables de los actos de corrupción. De lo contrario ¿qué confianza puede inspirar a la ciudadanía un poder estigmatizado por actos de corrupción?

COMPORTAMIENTO JUDICIAL

La renuncia del magistrado Salvador Mondragón Reyes a la dirección del Instituto de la Judicatura Federal, debido a que tres funcionarios del instituto, vendieron el examen de oposición correspondiente al Concurso Interno, sólo debe ser el principio de una investigación más exhaustiva que permita despejar las dudas sobre el proceso de selección de jueces y magistrados.

Desde hace tiempo, varios participantes han impugnado la forma en que se desarrollan los concursos -preguntas confusas o insidiosa, temas que no fueron mencionados en las bases, entrevistas poco claras, etcétera-, muchos de los inconformes han obtenido resoluciones favorables, evidenciando que el proceso tal y como se aplica actualmente, es erróneo.

A manera de corolario, sería importante que el CJF hiciera públicos los contratos de obra que celebró con la SEDENA, para que esta dependencia construyera varias instalaciones donde actualmente se encuentran asentados los juzgados de juicios orales, sobre todo, después del escandalo en que se vio involucrado Francisco Javier Pérez Maqueda, titular de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del CFJ, tras el hallazgo de cerca de 4 millones de pesos en un vehículo adscrito a dicha área.