Disputas por el Territorio, Tensiones entre la Guerra y la Paz

Alfonso Insuasty Rodríguez*

Empresas, paramilitarismo y el orden institucionalizado del Mal en Colombia

Alianzas entre políticos, empresarios y criminales continúan fortaleciendo la presencia paramilitar en Colombia, garantizando intereses de acumulación y control territorial. Se suma el hecho de que la verdad y la justicia se gestionan en otros países. Esto refleja significativamente el régimen político colombiano.

Dos recientes casos lo ratifican: en una corte de Estados Unidos que por fin se exige a la multinacional Chiquita Brands indemnizar a un grupo de víctimas (faltan miles más) por el financiamiento de esta multinacional a grupos paramilitares, vale decir que es un caso concreto pero que la lista de empresas que lo hicieron y que también se beneficiaron es bastante extensa. A la par, haciendo uso de la jurisdicción universal en Argentina, un grupo de victimas de ejecuciones extrajudiciales (Falsos Positivos) civiles asesinados por el Ejército y presentados como bajas en combate, avanzan en su demanda contra el expresidente Álvaro Uribe por su responsabilidad en este caso.

Estos hechos dan cuenta o ratifican la pervivencia de un Estado que camina sobre los hombros de la impunidad, un orden institucionalizado del mal movido por una perversa alianza entre elites políticas, criminales, militares y empresariales que han reconfigurado el estado a su beneficio. Una alianza en la que el paramilitarismo ha jugado y juega un papel central.

¿Qué es el paramilitarismo?

El paramilitarismo es un fenómeno complejo con una larga historia en Colombia, profundamente arraigado en la política estatal y respaldado por intereses empresariales.

En lugar de ser simplemente grupos armados ilegales, los paramilitares actúan efectivamente como un «Estado de Facto» en algunas regiones, controlando territorios, recursos y ejerciendo influencia sobre las comunidades (Ó Loingsigh, 2024).

El paramilitarismo como tal, en Colombia, surgió en la década de 1960, impulsado por la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Estados Unidos, preocupado por la propagación del comunismo, alentó la formación de grupos paramilitares para contrarrestar cualquier simpatía o apoyo a movimientos de izquierda (Giraldo, 2024).

Contrario a la narrativa oficial que lo presenta como una reacción de grupos privados a las guerrillas, el paramilitarismo ha contado con la complicidad y el apoyo del Estado colombiano desde sus inicios. El gobierno colombiano, siguiendo directivas de Estados Unidos, emitió decretos y leyes que legalizaban la entrega de armas a grupos civiles y la conformación de grupos armados en colaboración con el ejército (Valencia Grajales, Restrepo Marín, & Insuasty Rodríguez, 2016).

Existe una relación directa entre modelo económico y despojo violento de tierras, bienes, riqueza y recursos. Así mismo una relación entre métodos coloniales que son reciclados por el neoliberalismo, métodos bárbaros violatorios de los derechos de los pueblos que los países desarrollados, occidente, ha aplicado en todo el sur global y en especial en toda Nuestra América.

Ahora bien, además del apoyo estatal en esta línea argumentativa, diversas empresas, incluyendo multinacionales y grandes empresas nacionales, han sido acusadas de financiar a grupos paramilitares para proteger sus intereses económicos y reprimir sindicatos y organizaciones sociales que defienden y reclaman derechos laborales y ambientales.

Empresas Bananeras como Chiquita Brands (Insuasty Rodríguez, 2020), Ecopetrol, Postobón y Drummond, entre otras, han sido señaladas por entregar dinero, bienes y logística a estos grupos a cambio de seguridad, control territorial y la supresión de movimientos sindicales (Aristizabal, 2024; Colombia Informa, 2024).

A pesar de los esfuerzos por desmantelar el paramilitarismo, como el proceso de Justicia y Paz durante el gobierno de Uribe (2005), luego en el acuerdo de Paz con las Farc (2016) que desarrolla asuntos relacionados con el seguimiento y desmonte del fenómeno paramilitar entre los puntos acordados, aún estos antecedentes, éste fenómeno ha demostrado una gran capacidad de adaptación y reorganización (Giraldo, 2024).

Grupos como el Clan del Golfo (AGC), continuadores del legado paramilitar, han buscado reinventarse en la última década, adoptando nuevos nombres, buscando reconocimiento político y participando en diálogos de paz. Sin embargo, su accionar criminal continúa, evidenciando la persistencia de una fuerte expansiva violencia paramilitar en Colombia.

Los paramilitares hoy, por un lado, utilizan una combinación de violencia e intimidación para controlar a las comunidades y consolidar su poder (Arley Bolaños, 2023). Además de las masacres, asesinatos selectivos y el desplazamiento forzado, también recurren hoy a la cooptación de Juntas de Acción Comunal, la creación de organizaciones sociales de fachada y la realización de obras públicas para ganar apoyo social y legitimidad (Alzate González, 2024) aprendizaje ganado de las insurgencias derivado del tránsito de excombatientes de un grupo a otro. En últimas, buscan hoy, nuevamente, un reconocimiento político que por un lado oculte sus reales intereses, y por otro les permita negociar con el Estado impunidad y lavado de sus riquezas acumuladas durante décadas.

Influencia de la Doctrina de Seguridad de los Estados Unidos

La doctrina de seguridad de los Estados Unidos está directamente relacionada con el paramilitarismo en Colombia. En 1962, una misión del ejército estadounidense dirigida por el general William Yarborough visitó Colombia y dejó documentos secretos ordenando la organización de grupos mixtos de civiles y militares para eliminar a los simpatizantes del comunismo (Giraldo, 2024). Estos grupos mixtos, armados por el Estado colombiano bajo la influencia de los Estados Unidos, son el origen del paramilitarismo en Colombia (Valencia Grajales , Agudelo Galeano, Insuasty Rodríguez, & Zuluaga Cometa, 2016).

Estados Unidos impuso la organización de grupos mixtos de civiles y militares en Colombia en 1962 y envió manuales de contrainsurgencia, como el libro «La guerra moderna» de Roger Trinquier, que inspiró al ejército colombiano para combatir el comunismo (Giraldo, 2024).

En este contexto, el presidente colombiano Guillermo León Valencia emitió el decreto 3398 en 1965, autorizando la entrega de armas a civiles y la formación de grupos civiles armados, estableciendo así una base legal para el paramilitarismo bajo la influencia de la doctrina de seguridad estadounidense (Valencia Grajales, Restrepo Marín, & Insuasty Rodríguez, 2016).

Para Giraldo (2024), los manuales de contrainsurgencia aún siguen vigentes y justifican la eliminación del «enemigo interno» Diversos gobiernos colombianos, influenciados por esta doctrina, han mantenido una relación con el paramilitarismo, considerándolo una política de Estado (Giraldo, 2024).

Empresas Nacionales y Multinacionales

Las empresas multinacionales han jugado un papel primario en el conflicto colombiano al financiar a grupos paramilitares. Esta relación, aunque se ha documentado en diferentes informes oficinales y de instituciones no gubernamentales, este fenómeno sigue siendo una verdad pendiente que debe abordarse para evitar la repetición de ciclos de violencia (Valencia Grajales & Insuasty Rodríguez, 2024).

De esta relación entre intereses empresariales, que se han beneficiado e incluso han apoyado directamente a grupos paramilitares para ganar en acumulación de tierras y ganancias, podemos enunciar algunos, de múltiples ejemplos:

Tabla: relaciona de algunas empresas implicadas y/o condenadas por apoyar directamente grupos paramilitares en Colombia.

EmpresaDescripción del Apoyo a ParamilitaresFuente
Chiquita BrandsAdmitió haber entregado $1.7 millones de dólares a las AUC entre 1997 y 2004. Condenada a pagar $38 millones a las familias de las víctimas y permitió el transporte de armas para las AUC.
BP (British Petroleum)Reconoció haber financiado a la XVI Brigada del Ejército, alegando que era legal en ese momento.
Empresas MinerasPromovieron la guerra contra las comunidades en el sur de Bolívar, financiando actividades paramilitares para proteger sus intereses económicos.
Empresas PalmerasFomentaron el paramilitarismo para proteger sus propiedades y operaciones, varios fallos y procesos lo corroboran.Canal1, 2013
Coca Cola y NestléExisten denuncias contra estas empresas por financiar grupos paramilitares, aunque aún no han sido completamente comprobadas.Tribunal Permanente de los Pueblos, 2006-2008
EcopetrolSalvatore Mancuso, un exlíder paramilitar, afirmó que la empresa pagaba a las AUC un porcentaje de sus contratos e incluso promovió homicidios.Naranjo, 2024
PostobónAlias HH, un exjefe paramilitar, confesó que la empresa entregaba bebidas y dinero a los paramilitares a cambio de seguridad.Aristizabal, 2024
Fedegan (Federación Nacional de Ganaderos)Integró la estructura del Bloque Catatumbo, utilizando su poder económico para cumplir objetivos criminales. Entre 1994 y 1998, Vicente y Carlos Castaño Gil, exjefes máximos de las AUC junto con el Fondo Ganadero de Córdoba despojaron y sacaron de sus tierras a 130 familias campesinas de más de 105 predios de la región de Tulapas.JEP, 2021
DrummondEmpresa carbonífera acusada de financiar al Bloque Norte de las AUC e involucrada en el asesinato de líderes sindicales.WRadio, 2023

Elaboración propia tomando las fuentes debidamente relacionadas en la última columna.

El Encubrimiento Paramilitar por el Gobierno de Uribe

Javier Giraldo (2024) advirtió que la administración de Álvaro Uribe empleó varias estrategias para ocultar la responsabilidad del Estado en el paramilitarismo y permitir su reconfiguración. Giraldo sostiene que Uribe organizó «desmovilizaciones» de grupos paramilitares que en realidad eran falsos paramilitares reclutados y vestidos con uniformes nuevos. La Fiscalía, cómplice en este esquema, investigaba a los «desmovilizados» bajo sus alias no registrados, permitiendo que parecieran inocentes y evadieran cargos.

Redes de Informantes: Uribe creó redes de informantes pagadas para proporcionar una fachada legal a los paramilitares desmovilizados.

Empresas como Fachada: Se crearon empresas, como las de palma aceitera, para emplear a exparamilitares.

Leyes de Amnistía: Se aprobaron leyes como la Ley 782, que otorgaba amnistía a paramilitares no identificados, permitiéndoles integrarse a empresas y redes de informantes.

Justicia y Paz: La Ley de Justicia y Paz (975) ofreció a los líderes paramilitares rebajas de penas y procedimientos judiciales indulgentes.

Extradición a Estados Unidos: Cuando los paramilitares comenzaron a revelar vínculos con el Estado, Uribe los extraditó a Estados Unidos.

Giraldo sostiene que estas estrategias consolidaron un «nuevo paramilitarismo» con apariencia de legalidad, financiado por el narcotráfico y con la cooperación disimulada del Estado (Giraldo, 2024).

En este punto es importante ahondar en el papel del narcotráfico en tanto ha jugado un papel importante en el crecimiento y fortalecimiento de los grupos paramilitares en Colombia y hoy permite el avance y reposicionamiento del mismo, estudiar más a fondo el papel de EEUU por medio de la DEA en este proceso expansión y acuerdos encubiertos. Estos grupos, es importante resaltarlo, logran convertirse en un poder nacional gracias al financiamiento del narcotráfico una realidad conocida por el gobierno de Estados Unidos (National Security Archive, 2004A-B) esta relación les permitió consolidarse económicamente, articulando acciones a favor de la clase políticas regionales a través de sobornos, importantes aportes a campañas electorales, acceso a contratos, entre otras.

La relación entre el paramilitarismo y el Estado colombiano ha evolucionado desde la formalización de los grupos paramilitares en la década de 1960 hasta la reconfiguración bajo el gobierno de Uribe. Es así como, a pesar de los esfuerzos de desmovilización, el paramilitarismo se ha adaptado y sigue operando con impunidad, consolidando un nuevo paramilitarismo con apariencia de legalidad y financiado por el narcotráfico.

En la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, por ejemplo, el Clan del Golfo asumió el control tras la desmovilización de las FARC, operando con impunidad y cooperación disimulada del Estado. Otro tanto en municipios de Urabá, en el Chocó, Santanderes, Sierra Nevada de Santa Marta, Sur de Bolívar.

Acá un mapa de la presencia y expansión de uno de los grupos continuadores del paramilitarismo con mayor presencia y expansión, el autodenominado Autodefensa Gaitanista de Colombia, Clan del Golfo o Clan Úsuga diferentes nombres pero un mismo proyecto:

Mientras se escribía esta columna, salió a la luz pública un informe de inteligencia militar que revela hechos preocupantes que ratifican lo que acá estamos argumentando.

El informe de inteligencia militar reveló el pasado domingo 7 de julio de 2024, que el Clan del Golfo está llevando a cabo un plan de expansión en la región de Antioquia, específicamente en el Oriente de Antioquia. Este grupo criminal ha logrado establecer una estructura armada en la zona, con una jerarquía de mandos que incluye a desmovilizados de las antiguas Autodefensas del Magdalena Medio, en particular a integrantes del Clan Isaza. Esta estructura armada del Clan del Golfo se encarga de custodiar áreas estratégicas como los cañones del Melcocho, Samaná y Arma, utilizados para el cultivo de hoja de coca y la explotación de la minería ilegal. Además, controlan las franjas colindantes de Granada con San Luis y San Carlos, así como los corredores de movilidad que comunican a San Rafael y San Carlos con el norte, nordeste y Magdalena Medio.

La expansión del Clan del Golfo en el Oriente de Antioquia y otras regiones del país estaría siendo financiada por narcotraficantes y empresarios. En una cumbre mafiosa en el Magdalena Medio, se habría concretado el aporte de más de un millón de dólares por parte de estos sectores para respaldar el plan criminal de expansión del Clan del Golfo.

Estos informes confirman la presencia de comandos armados en los caseríos rurales de Granada durante los últimos meses, lo que ha generado desplazamientos de pobladores debido a la intimidación y la violencia ejercida por el Clan del Golfo. Se destaca que esta organización criminal ha logrado articular una estructura de mando con exparamilitares desmovilizados, lo que les otorga experiencia y conocimiento en operaciones armadas y estrategias de control territorial.

El informe de inteligencia militar pone de manifiesto la preocupante expansión y consolidación del Clan del Golfo en el Oriente de Antioquia, con una estructura armada que busca controlar territorios estratégicos para actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, generando un clima de inseguridad y violencia en la región. (Señal Investigativa, 2024)

Consecuencias Sociales y Culturales

Estas formas han impactado profundamente la sociedad colombiana, generando violencia, asesinatos, desapariciones y desplazamiento forzado.

Organizaciones de derechos humanos denuncian la impunidad y la falta de justicia en los casos de violencia paramilitar.

Además, el paramilitarismo ha cooptado comunidades y organizaciones sociales, penetrando en las instituciones estatales y reconfigurándolas a la medida de las necesidades de élites económicas, políticas, militares y criminales de alto impacto (Insuasty Rodríguez, 2017).

También ha impactado toda una generación y comunidades con una subjetividad del «avivato,» el engaño y el interés personal basado en la consecución de recursos económicos, fomentando una cultura del consumo y la banalidad, así como una postura proclive al autoritarismo, la exclusión y el racismo. Esto es lo que Vega Cantor ha definido como la «cultura traqueta,» una mentalidad que costará mucho deslindar (Vega Cantor, 2014).

La administración de Gustavo Petro ha reconocido la existencia de un «Estado de Facto» en Colombia, en el que el paramilitarismo juega un papel importante. Sin embargo, la erradicación del paramilitarismo requiere un cambio profundo en la ideología de la fuerza pública, reforzar la idea del honor y la soberanía, un enfoque de la justicia centrado en la verdad total, acceso a derechos, oportunidades y un trabajo de transformación cultural sostenido.

Referencias:

* Docente investigador Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ. Contacto: alfonso.insuasty@gmail.com

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