Las demandas de multinacionales, muchas veces injustas y desproporcionadas, representan una forma de dominación económica sobre los países de América Latina.

Fuente: composición propia tomando fragmentos de imágenes disponibles en la red relacionadas con el tema.

Estas empresas, a través de su poder financiero y su influencia en los mercados globales, imponen condiciones desfavorables a los gobiernos y aprovechan su posición para obtener beneficios a expensas de las economías locales. Generalmente, estas demandas se basan en acuerdos internacionales de inversión y comercio que otorgan a las empresas mayores derechos y protecciones que a los países receptores de la inversión extranjera. De esta manera, las multinacionales ejercen un control desproporcionado sobre las políticas económicas y los recursos de los países latinoamericanos, perpetuando su dominación en la región (Leal, 2023).

Los antecedentes de los procesos relacionados con las demandas de empresas transnacionales en Colombia se remontan varios años atrás. En los últimos cinco años, Colombia se ha posicionado como uno de los países de América Latina con mayor cantidad de demandas de arbitraje, recibiendo un número significativo de demandas en comparación con otros países a nivel global. Estas demandas provienen en su mayoría del sector extractivo, especialmente de la minería, y han generado una serie de impactos negativos en los derechos humanos, ambientales y fundamentales de los colombianos.

Es relevante destacar que, al inicio del siglo XXI, los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, caracterizados por su línea neoliberal y extractivista, le facilitaron todo a las multinacionales, agilizaron la firma de tratados bilaterales de inversión y acuerdos de libre comercio sin someterlos a debate público ni realizar estudios de impacto ambiental o social. Como resultado, se ha producido un aumento significativo en las demandas de arbitraje presentadas por empresas mineras y otras industrias, las cuales buscan indemnizaciones multimillonarias debido a cambios regulatorios o decisiones judiciales, como aquellas relacionadas con los derechos de explotación. Este fenómeno podría intensificarse en el futuro si se implementan políticas destinadas a proteger el medio ambiente, abordar el cambio climático o promover una transición energética justa.

El informe «El boom de demandas de inversores extranjeros en Colombia» (2022) evidencia el impacto de la firma de tratados bilaterales de inversión en Colombia, que ha dado lugar a una oleada de demandas por parte de inversores extranjeros. Estas demandas, presentadas en tribunales de arbitraje internacional, han abarcado una variedad de sectores, desde la minería y la explotación de hidrocarburos hasta la industria farmacéutica. Empresas de Estados Unidos, Canadá y Europa han sido las principales demandantes, buscando «proteger» sus intereses comerciales y financieros en el país. (TNI & CAJAR, noviembre de 2022).

Las demandas han revelado un conflicto entre los derechos de los inversores extranjeros y los intereses nacionales de Colombia, especialmente en lo que respecta a la protección del medio ambiente, los derechos humanos y la soberanía legislativa. La presión ejercida por las demandas ISDS (Sistema de Solución de Controversias entre Inversionista y Estado) ha llevado a situaciones donde decisiones judiciales nacionales favorables a la protección ambiental y social han sido ignoradas por los tribunales de arbitraje internacionales.

Según información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, hasta marzo de 2023 se registraron 14 casos de demandas de arbitraje por parte de inversionistas extranjeros contra Colombia, con otros 8 casos en fase previa al arbitraje. En conjunto, estas demandas pendientes representan una suma considerable de 13,2 mil millones de dólares (equivalente a 52,3 billones de pesos colombianos en julio de 2023). Esta cifra es significativa, alcanzando aproximadamente el 13% del presupuesto nacional (Agencia Nacional de Defensa Jurídica de Colombia, 2023), una cifra similar a la proyectada para inversión en educación.

En este contexto, en el año 2023 se llevó a cabo la Misión Internacional a Colombia, en la que organizaciones sociales y ambientales de diversos países se unieron para investigar y abogar por la protección del agua, la vida y los territorios en el país. El informe resultante de esta misión titulado «Frenemos las Demandas de Transnacionales» (2023), reitera y afirma que Colombia ha sido objeto de numerosas demandas de arbitraje, particularmente en el sector extractivo, lo que ha suscitado preocupación por sus posibles repercusiones en los derechos humanos, el medio ambiente y la soberanía nacional. Se destaca que Colombia ha enfrentado un total de 22 demandas de arbitraje supranacional por parte de inversionistas extranjeros, siendo 18 de estas presentadas en los últimos 6 años.

Este informe evidencia que gran parte de los inversores que demandan provienen del sector extractivo, especialmente de la minería, lo que ha generado impunidad corporativa y riesgos para los derechos humanos, ambientales y fundamentales de los colombianos. Solo en 13 demandas pendientes en Colombia, los inversores solicitan más de 19.315 millones de dólares en compensación, una cifra exorbitante que pone en riesgo la estabilidad del país.

Ahora bien, casos como la corporación minera suiza Glencore ha registrado tres demandas ISDS contra Colombia, lo que destaca la repetición de demandas por parte de una misma empresa. Además, vale agregar que en las cuatro décadas de existencia de la mina Cerrejón en Colombia, se han documentado violaciones a los derechos humanos de comunidades locales, desplazamientos de comunidades indígenas y afrodescendientes, degradación ambiental y contaminación de fuentes de agua y aire, lo que ilustra los impactos negativos de las inversiones extranjeras en el país a la que se suma estas presiones jurídicas internacionales.

Cosigo Resources, empresa estadounidense ha demandado a Colombia por 16.500 millones de dólares por la cancelación de un permiso de exploración y explotación de una mina de oro en el sur de Colombia que luego fue declarada reserva natural.

Mining ha demandado a Colombia por 736 millones de dólares invocando el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia. Esta demanda está relacionada con un proyecto de megaminería de oro en el páramo de Santurbán, el cual ha generado graves daños ambientales y pasivos que no han sido reparados. Además, se menciona que otras dos empresas canadienses, Galway Gold y Red Eagle, también han demandado a Colombia por motivos similares en la misma zona.

Son estos, ejemplos de lo que se ha desarrollado con antelación. Lo cierto es que Colombia se enfrenta a un desafío crucial en la gestión de las demandas de inversores extranjeros y la protección de sus intereses nacionales, así mismo la necesaria y urgente revisión del régimen de protección de inversiones y la adopción de medidas que promuevan el bienestar de la población y la sostenibilidad ambiental son fundamentales para evitar conflictos futuros y garantizar un desarrollo equitativo y sostenible en el país.

Se destaca la necesidad de encontrar un equilibrio entre atraer inversiones extranjeras y proteger los intereses nacionales, incluyendo la independencia del poder judicial y el respeto a los derechos humanos. Para hacer frente a esta situación, se están considerando medidas para revisar el régimen de protección de inversiones en Colombia.

Se plantea la posibilidad de denunciar tratados existentes y evitar la firma de nuevos acuerdos que puedan exponer al país a demandas millonarias y limitar su capacidad de legislar en beneficio de la población y el medio ambiente.

Ante esta situación descrita, se están tomado medidas para recuperar la soberanía de Colombia y proteger el medio ambiente y las comunidades afectadas.

Se ha anunciado una revisión de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) colombianos, con un enfoque inicial en el TBI con Suiza, utilizado por la minera Glencore en múltiples ocasiones para demandar al Estado colombiano.

Además, se resalta la importancia de acciones como el ordenamiento territorial en torno al agua y la prohibición del fracking para abordar la crisis climática, a pesar del riesgo de enfrentar más demandas por parte de empresas transnacionales.

Se hace urgente desmantelar un sistema que favorece a las empresas transnacionales en detrimento de los derechos humanos y el medio ambiente.

Si bien el Gobierno de gustavo Petro ha tomado medidas, aún se tienen dudas por la falta de claridad en el proceso de revisión, se cuestiona la transparencia y la profundidad de esta revisión, así como la inclusión de la sociedad civil en el proceso.

Aún no es claro si se abordarán de manera integral todos los tratados y cláusulas internacionales que generan conflictos. Aun se mantiene el mecanismo ISDS el cual otorga privilegios especiales a los inversores extranjeros y puede limitar la soberanía del Estado.

Las comunidades y organizaciones locales han buscado justicia y protección frente a los abusos de estas corporaciones, enfrentando obstáculos como la subordinación de la soberanía nacional y la impunidad que prevalece en este contexto.

Aún las dudas, en este gobierno de Gustavo Petro se ha logrado revertir algunas importantes demandas contra el Estado, este es el caso del fallo del tribunal de arbitraje del CIADI en el caso que una multinacional acciona contra Colombia por la prohibición de la minería en el páramo de Santurbán en consecuencia, alegaban que esto se constituían una expropiación indirecta de su inversión amparados en el artículo 810 del Tratado de Libre Comercio (TLC) Canadá-Colombia. El tribunal desestimó las reclamaciones de la multinacional por expropiación y violación del Estándar Mínimo de Trato, reconociendo el derecho legítimo de Colombia a regular en beneficio del medio ambiente. La multinacional buscaba una compensación de alrededor de US $ 130 millones, pero el tribunal falló a favor de Colombia, argumentando que las medidas no constituían expropiación y que la multinacional tenía conocimiento previo de la posible prohibición de la minería en el área.

A modo de cierre.

La forma de dominación económica de las multinacionales pasa entre otras, por fortalecer su capacidad para imponer condiciones desfavorables a los países de América Latina por medio de la adaptación de legislaciones más laxas que permiten demandan no en suelo nacional sino en tribunales internacionales, casi siempre favorables a sus intereses.

Estas empresas utilizan su poder económico y su influencia en los mercados globales para obtener ventajas en la negociación de acuerdos comerciales y de inversión, utilizando la corrupción disfrazada de lobby con los mismos funcionarios nacionales que luego aplican la puerta giratoria y terminan trabajando para ellos mismos.

Mediante la imposición de cláusulas leoninas, gracias a un fuerte lobby político y la captura corporativa de los Estados, logran que les otorgan derechos exclusivos y protecciones legales que les facilita las demandas, ganando con el negocio o sino con la demanda al estado con posterioridad.

Las multinacionales ejercen un control significativo sobre las políticas económicas de los países receptores de la inversión extranjera, de nuevo utilizando corrupción para cooptar funcionarios que adecuan las reglas nacionales solo para sus beneficios, incluso obstaculizando los juzgamientos en caso de ser encontrados culpables por esas acciones.

Esto les permite obtener beneficios a expensas de las economías locales, perpetuando así su dominación y generando un desequilibrio en la relación entre las empresas y los países de América Latina. (Domínguez Martín, 2021); (Valenzuela & Reinecke, 2020)

Colombia es parte de un sistema de protección de inversiones que es provechoso para las corporaciones extranjeras, pero no deja beneficios para el país y a pesar de las acciones emprendidas por el actual gobierno de Gustavo Petro, los avances aún son insuficientes.

Este tema es central y se articula con las necesidades de transformación reales de país, si bien es un asunto muy técnico, este debe estar enarbolado, al igual que la deuda odiosa o ilegítima, los tratados y acuerdos militares con el comando sur y la OTAN, por el movimiento social y popular, sumado eso sí, a la agenda de lucha de los pueblos, a las exigencias de transformaciones reales.

Resulta urgente no solamente la revisión de los tratados de libre comercio suscritos por Colombia en los gobiernos anteriores beneficiando solo intereses extranjeros, sino regular vía legislativa unas reglas mínimas para futuros tratados que prohíba la entrega del país a cambio de prebendas personales de expresidente o ministros.

Referencias:

Ámbito Jurídico. (1 de marzo de 2024). Colombia gana pleito a multinacional que pretendía indemnización por prohibir minería en páramo de Santurbán. Obtenido de Ámbito Jurídico: ambitojuridico.com

Agencia Nacional de Derfensa Jurídica. Colombia. (13 de marzo de 2023). Informe de Litigiosidad, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Obtenido de Defensa Jurídica Colombia: defensajuridica.gov.co

Misión Internacional a Colombia. (2023). Informe de la Misión Internacional a Colombia «Frenemos las Demandas de Transnacionales» [PDF]. Recuperado de aida-americas.org

Transnational Institute Amsterdam (TNI) & Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR). (noviembre de 2022). «El boom de demandas de inversores extranjeros en Colombia». Luciana Ghiotto y Bettina Müller. Recuperado de colectivodeabogados.org

Leal, J., Piriz, V., Giardello, G., González, A., Castillo Eslava, J. F., Langer, A., … & Russo, S. (2023). Territorios fragmentados. Análisis crítico del desarrollo desigual en América Latina (no. 1 dic 2023). clacso.edu.ar

Domínguez Martín, R. (2021). América Latina y la maldición de los recursos: el debate en la larga duración. El trimestre económico. scielo.org.mx

Valenzuela, M. E. & Reinecke, G. (2020). Impacto de la COVID-19 en cadenas mundiales de suministro en América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Organización internacional del trabajo. relats.org

Autores:

* Docente investigador Universitario. Maestría en ciencia, tecnología, sociedad e información (ITM) e integrante del grupo Autónomo Kavilando y REDIPAZ.

**Abogado, defensor público. Magister en derecho procesal penal. Investigador Grupo de investigación y Editorial Kavilando.