La historia de Colombia ha estado marcada por la imposición de un modelo de país a la medida de los grupos de poder que lo imponen a sangre y fuego, al tiempo de constantes sublevaciones populares reclamando derechos, exigiendo que sus formas de habitar el territorio y sus planes de vida sean respetadas.

Imagen: elaboración propia, instalación del Comité Nacional de Participación, 3 de agosto de 2023 Bogotá (Colombia).

Una historia de negación, imposición, marcada por el clasismo, el beneficio de sectores sociales a costa de la miseria y la sobre explotación de amplias y gruesas capas de la población. Acuerdos de élites legales e ilegales, para cerrar el paso a las posibilidades de sectores populares de acceder a tierras, oportunidades y a una participación real. Las consecuencias hoy, por un lado, una acumulación de privilegios, tierras, oportunidades en pocas manos, la configuración de una democracia raquítica, en deuda, bajo una democracia capturada (Zibechi, y otros, 2021).

Esta realidad por otro lado ha derivado en constantes conflictos y guerras, por el derecho a la tierra, por el derecho a existir como pueblos, como partidos con opción de poder y ahora, con mayor fuerza, por la defensa del territorio, los ríos, las selvas y la vida.

La negación del “otro” por parte del poder hegemónico en Colombia, ha derivado en un cierre de posibilidades, que ha llenado a su vez la historia del país, de acuerdos incumplidos y un genocidio permanente tanto físico, epistémico, simbólico y en una disputa constante por la memoria que hoy quiere ser negada.

Hemos padecido una participación simulada, pero también ficcionada, a modo de un gran espejismo, se abren espacios para escuchar, bajar las tensiones sociales, pero con el tiempo todo sigue igual y lo que va quedando son los constantes y generacionales incumplimientos por parte del establecimiento. Y, en lo poco que se logra avanzar, es gracias a la constante lucha popular.

La Constitución del 91 es el culmen, si de ejemplos hablamos. 31 años después contamos con un país con unas cifras que distan de los postulados básicos del mandato constitucional, somos uno de los países más desiguales, con amplia pobreza y miseria, marginalidad, tierras en muy pocas manos, hiíper acumulación de la riqueza, como bien los demuestra Luis Jorge Garay en su más reciente libro “dinámicas de la desigualdad en Colombia” (Garay & Espitia, 2018).

Ahora bien, en este contexto, tener cambios de fondo será muy complejo, pues las posibilidades para que se materialice la paz seguirán siendo especialmente complejas.

En el reciente e histórico acuerdo de paz firmado entre las FARC-EP y el Estado Colombiano (2016) deja entrever que esta lógica continúa, por un lado a 7 años de la firma de dicho acuerdo aún es una deuda la completa implementación del corazón de ésta, como bien lo reflejan los informes del Instituto Kroc, entidad encargada de su seguimiento; el único punto cumplido es el de la dejación de armas y la participación de sus comandantes en el Congreso de la República, los demás tienen deudas y serias dificultades para su cumplimiento en especial el punto uno Reforma Rural Integral. Al tiempo, durante el gobierno de Duque (2018-2022) se incrementó el conflicto y la violencia armada y se dieron escándalos de corrupción con los dineros destinados para la implementación de los acuerdos (Infobae, 2022). Precisamente dichos incumplimientos tienen como consecuencia el surgimiento de varios grupos armados con presencia y control territorial en las mismas zonas donde el estado no hizo presencia.

Es ante esta realidad que el gobierno del cambio, como se denomina el mandato de Gustavo Petro presidente, ha planteado una estrategia denominada Paz Total, la cual busca expulsar definitivamente la violencia del ejercicio de la política y busca además atender los acuerdos incumplidos, mejorar las condiciones de vida de las comunidades en territorios afectados por el olvido estatal y la violencia, ampliar la participación para lograr que sean los pueblos quienes definan su presente y futuro, es decir, por un lado cumplir la Constitución del 91 y por otro ampliar y profundizar el ejercicio de la democracia.

Es en este sentido que se plantea y sustenta la Ley 2272 del 2022, la cual sanciona una prórroga a la Ley de Orden Público (Ley 418/97) haciendo modificaciones a la misma, así el Gobierno de Gustavo Petro retomando instrumentos jurídicos del pasado y agregando otros, busca un reto mayúsculo: por un lado cumplir el acuerdo de paz firmado con las FARC-EP, por otra parte avanzar, bajo la lógica del diálogo, procesos de negociaciones con grupos insurgentes como al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y se abre la discusión si algunos de los grupos de disidencias de las FARC-EP se les podría reconocer esta condición de insurgentes, por ahora todo indica que se cobija bajo esta categoría a la disidencias conocidas como Estado Mayor Central (EMC) y Nueva Marquetalia (NM), así mismo, la ley posibilita diálogos socio-jurídicos con grupos que denomina Criminalidad de Alto Impacto, grupos herencia del paramilitarismo y del crimen organizado más anclados al negocio del narcotráfico y otras actividades ilegales, esto, para buscar rutas de sometimiento activando beneficios jurídicos y acuerdos frente a los bienes y dineros fruto de su actividad.

Se trata de una apuesta de gran envergadura. Hoy se desarrollan alrededor de siete procesos en todo el país, en el puerto de Buenaventura costa pacífica entre agrupaciones ilegales ligadas al narcotráfico, así mismos con grupos de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Medellín entre estructuras criminales de Alto Impacto, un intento con el grupo Paramilitar Clan del Golfo, intentos con las disidencias de las FARC denominadas: Estado Mayor Central (EMC) y Nueva Marquetalia (NM) aún en ciernes, pero con posibilidades abiertas.

El proceso que ha logrado avanzar significativamente es la negociación entre el ELN y el gobierno nacional.

En este sentido el presidente Gustavo Petro aseguró:

“Habrá personas que negociarán con el gobierno las opciones de acabar con una guerra insurgente desde hace muchas décadas, que debe terminar definitivamente sin ecos para que la sociedad colombiana sea la verdadera dueña del país, la verdadera dueña de los destinos de Colombia, la democracia real y pacífica que necesitamos en este país. Así que queda firmada la ley”. Así mismo, aclaró que “ahora le corresponde a nuestro Comisionado de Paz, Danilo Rueda, implementar buena parte de esta reglamentación”. (Ámbito Jurídico, 2022)

El ELN y la exigencia de participación.

La idea de centrar las negociaciones en la participación popular no es de ahora, tiene toda una larga historia que ha marcado en discurso y propuesta del Ejército de Liberación Nacional (ELN)

En palabras de su máximo comandante, Antonio García:

“La propuesta inicial del ELN referida a la construcción de un camino para abordar las crisis de una sociedad, contando con la participación activa de la sociedad nació en un campamento guerrillero en el sur de Bolívar a principios de febrero de 1996 y se llamó Convención Nacional, luego viajó a otros campamentos y se fue llenando de contenidos en la medida que fue siendo una propuesta colectiva en el seno del ELN” (García, 2023).

Ya en cada espacio de dialogo el punto crucial o la palabra más mencionada era “Participación”, y así se vio en reflejado en los diálogos de fínales de los 90’s pasando por Venezuela y Cuba, donde se comienza con la idea de vincular a la sociedad a la discusión de la paz realizándose encuentros por sectores. Es precisa recordar los diálogos de Puerta del Cielo y Maguncia. Madurando la idea ya en lo que se denominada Acuerdo Nacional y luego Diálogo Nacional, cada una de estas figuras con el objetivo principal de construir grandes consensos sociales que permitan aportarle a una transformación social.

En el gobierno de Álvaro Uribe esta guerrilla también tuvo diálogos exploratorios y en varios encuentros de nuevo la participación con sectores de la sociedad fue el punto clave de la discusión: empresarios, gremios, estudiantes, campesinos, indígenas, etc. tuvieron sus apuestas en la figura que se denominó Casa de Paz que posibilito de manera segura estos intercambios.

Desde el 2014 en el gobierno de Juan Manuel Santos se dio inicio a un nuevo intento de negociación entre esta insurgencia y el Estado, avanzó bajo el lema de la participación. De hecho la agenda pactada de negociación contiene 6 puntos de los cuales 3 obedecen a la efectiva participación de la sociedad: 1. Participación de la sociedad en la construcción de paz, 2. Democracia para la paz y 3. Transformaciones de la paz. Al cambio de Gobierno de Iván Duque (2018 – 2022) el proceso sufre todo tipo de talanqueras y sobresaltos, al punto que decide suspenderlo (2019) y, por encima de lo acordado en una actitud hostil y vengativa el gobierno impide la activación de los protocolos de retorno de la delegación de Paz en Cuba y reactiva las órdenes de captura contra 10 negociadores. Este proceso queda en vilo y se retoma recientemente durante el gobierno de Gustavo Petro, bajo la política pública de Paz Total.

Se superan las llamadas líneas rojas que acompañaron el proceso con las FARC, no hay temas vedados, al igual que se superar la máxima “nada está acordado hasta que todo esté acordado” así se avanza en acuerdos, cumplimiento, paulatino. Además, se logra construir una mirada conjunta de paz, algo novedoso e inédito, lo cual facilita el entendimiento de las partes. (Mesa de negociación y paz. Gobierno de Colombia y ELN, 2023)

Se retoman los avances del pasado y se reabre una negociación que sigue centrada y ahondando su mirada en torno a la participación. Es así como se llega al acuerdo 9, donde se específica el mecanismo a seguir para darle ruta a la participación efectiva de la sociedad así:

Se nombra un Comité Nacional de la Participación (CNP) compuesto por 30 organizaciones sociales, quienes delegan integrantes para un total de 81 personas de procesos y sectores. (Mesa de negociación y paz. Gobierno de Colombia y ELN, 2023B)

Este CNP tiene la función u objetivo de abrir un proceso de participación para establecer una metodología para la participación que se debe hacer pública en febrero de 2024. Esta sería la ruta para adelantar un Gran proceso de Participación Nacional que se adelantaría en el 2024 hasta mayo de 2025.

Este proceso concluirá con la consolidación de un Gran Acuerdo Nacional, un documente que recoja las agendas, necesidades, rutas de acción y transformación de país, para profundizar sobre los históricos cambios estructurales que la sociedad requiere para pensar en una paz concreta, con cambios de fondo.

Una vez concluido este proceso hacia un Gran Acuerdo Nacional, las partes retomaran dicho documento base, para avanzar en los tres últimos puntos de la Agenda de Negociación acordada: 4. Víctimas, 5. Fin del Conflicto armado. 6. Plan General de Ejecución de los acuerdos entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional — ELN.

Paralelo al proceso de participación se desarrollarán acciones humanitarias en territorios afectados por la permanencia e intensidad del conflicto armado, en este aspecto se acordó también un Cese Bilateral Nacional Temporal que permita evaluar y ampliar en el tiempo según sea el caso.

Muchos serán los obstáculos, desde lo logístico, carencia de recursos, hasta lo político e ideológico y el cierre comunicacional dado por los grandes medios de información, un gran obstáculo será el auge y expansión del paramilitarismo que cumplen esa tarea de exterminio en asocio con sectores poderosos del país.

Muchos serán los retos, pasando por los pedagógicos, metodológicos, de tiempos para la sistematización del grueso de la información resultante.

Lo cierto es que se constituye en un hecho histórico que podría dejar instaurado un sistema de participación popular autónomo, una suerte de congreso popular que permita articular las luchas, agendas, empujar cambios y defenderlos cuando las condiciones así lo ameriten.

REFERENCIAS

Ámbito Jurídico. (8 de noviembre de 2022). Conozca el texto de la Ley de Paz Total. Obtenido de Ambito Juridico: https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/conozca-el-texto-de-la-ley-de-paz-total

Garay, L. J., & Espitia, J. E. (2018). Dinámica de la desigualdad en Colombia. Bogotá: DesdeAbajo.

Garcia, A. (31 jul. 2023). Participacion de la Sociedad. Telgraph. Obtenido de: https://t.me/c/1864710398/216

Infobae. (14 de julio de 2022). Escándalo por corrupción en recursos para la paz: misión de la ONU pide investigar las denuncias. Obtenido de Infobae: https://www.infobae.com/america/colombia/2022/07/14/escandalo-por-corrupcion-en-recursos-para-la-paz-mision-de-la-onu-pide-investigar-las-denuncias/

KienyKe. (27 de julio de 2023). Petro celebra investigaciones sobre el ‘entrampamiento a la paz’ y a la JEP. Obtenido de kienyKe: https://www.kienyke.com/politica/entrampamiento-la-paz-gustavo-petro-celebra-comision-de-investigacion-de-la-onu

Mesa de negociación y paz. Gobierno de Colombia y ELN. (10 de marzo de 2023). ELN y Gobierno acuerdan nueva agenda de diálogos para la Paz. Acuerdo de México. Obtenido de Kavilando: https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/9469-eln-y-gobierno-acuerdan-nueva-agenda-de-dialogos-para-la-paz-acuerdo-de-mexico

Zibechi, R., Vallejo Duque, Y., Insuasty Rodriguez, A., Felipe, M., Villa Holguin, E., & Montoya, J. (2021). Colombia: Entre la rebeldía y la esperanza. Reflexiones en torno a la Movilización Social 28 abril de 2021. Medellín: Kavilando.

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*Docente investigador Universidad de San Buenaventura parte de la Red Interuniversitaria por la Paz e integrante Grupo Autónomo Kavilando www.kavilando.org

**Abogado, magister en derecho procesal penal, Defensor Público e investigador Grupo Autónomo Kavilando www.kavilando.org