Foto: Cuartoscuro

En nuestra nación convulsionada por la violencia, era cuestión de tiempo que ésta alcanzara a los miembros del Poder Judicial de la Federación.

En los últimos años algunos integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo estatal y federal han sido asesinados o desaparecidos por el crimen organizado y/o grupos que actúan con la aquiescencia del Estado.

En el año 2010 el fenómeno de la desaparición forzada se hizo presente en el interior del Poder Judicial de la Federación. Ese año desaparecieron una Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa y una Oficial Administrativa del Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, en agosto de 2010, los magistrados y jueces de Distrito del Séptimo Circuito, con sede en esa entidad federativa, hicieron del conocimiento del entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidente del Consejo de la Judicatura Federal, las desapariciones de ambas personas, solicitándole su intervención ante las autoridades ministeriales para que se allanara el camino en las investigaciones y permitiera llegar al fondo con mayor celeridad. El tema se manejó de manera discrecional.

No obstante que la solicitud ha sido reiterada en diversos congresos de magistrados y jueces, hasta el momento los integrantes del Poder Judicial de la Federación desconocen las gestiones emprendidas por el ministro presidente para esclarecer las desapariciones.

La ejecución del juez Vicente Bermúdez Zacarías acaecida en Metepec, Estado de México, en octubre pasado, confirmó que en nuestro país nadie está a salvo de la violencia generada por la crisis del modelo de seguridad pública, las graves desigualdades económicas y sociales y la corrupción que aquejan a nuestra nación.

El asesinato de un integrante del Poder Judicial de la Federación llevó al presidente del Consejo de la Judicatura a fijar una postura pública de cara a la sociedad expresando que “es importante que los jueces de nuestro país y desde luego los jueces federales, se encuentren en un ambiente que les permita desempeñar su labor”.

El ministro también de manera particular se dirigió a los operadores judiciales, señalando que “El Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal están pendientes y los apoyan y continuaremos haciéndolo para que puedan cumplir con el alto deber que el pueblo de México les ha impartido” .

Es innegable que el homicidio del juez de Distrito cimbró a la familia judicial, evidenciando con crudeza que ningún poder es infalible a la violencia cotidiana que asola a nuestra sociedad.

Considero que el hecho ha generado un punto de quiebre que debe llevar a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, sobre todo a los operadores judiciales, a reflexionar sobre ¿cuál ha sido su contribución institucional para cumplir con el alto deber que el pueblo de México les ha concedido?

El homicidio del juez de Distrito y la desaparición forzada de las funcionarias judiciales del Séptimo Circuito, no pueden reducirse únicamente a exigencias de justicia, ha llegado la hora de que los integrantes del Poder Judicial de la Federación asuman la responsabilidad del cargo que les ha sido conferido, rehuir su compromiso a partir de una postura de imparcialidad o indiferencia tarde o temprano los llevará nuevamente a sufrir las consecuencias de la inseguridad.

Adoptar una postura de imparcialidad ante la crisis de inseguridad en nada contribuirá a erradicar los crímenes, desde su posición de impartidores de justicia, los Jueces deben ser garantes del respeto a los derechos humanos de las víctimas y de los procesados, implantando las bases de un modelo de justicia que sancione a las personas cuya responsabilidad penal ha sido acreditada por el fiscal más allá de cualquier duda razonable, y repare de manera integral el daño infringido a la víctima del delito.

En los casos de desapariciones forzadas es importante que los jueces de Distrito maximicen el alcance de las atribuciones que les concede el artículo 15 de la Ley de Amparo y que ante la ausencia de una ley general que sancione la desaparición forzada, el juicio de amparo represente una herramienta a la cual puedan acudir los gobernados.

Los jueces, sin invadir las facultades conferidas al Ministerio Público y/o Fiscalía, como depositario del monopolio de la acción penal, al conocer de una demanda de amparo por desaparición forzada, por medio de los informes justificados que rindan las autoridades responsables y particularmente el agente del Ministerio Público, pueden de oficio o a través de la intervención del quejoso, solicitar al representante social la práctica de diversas actuaciones encaminadas a la localización de la persona desaparecida, este planteamiento no es una cuestión novedosa, tiene su origen en la sentencia emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 29/2014.

La crisis de inseguridad que aqueja a nuestro país debe ser resuelta a partir de un esfuerzo conjunto de la sociedad civil, ya que ha quedado evidenciado que las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las fuerzas armadas han sido incapaces de frenar la violencia demencial.

COMPORTAMIENTO JUDICIAL

A finales de octubre en el marco de la movilización en “Defensa del Territorio y el Derecho a la Alimentación” que llevaron a cabo las organizaciones agrupadas en “El Campo es de Todos”, una representación se reunió con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia para exponerle su inconformidad con algunos criterios jurisprudenciales adoptados por la Segunda Sala que en su opinión son regresivos de algunos derechos sociales, de manera especial el relativo a los estándares de prueba que se impone a las comunidades indígenas en materia del derecho a la consulta.

En la reunión, los representantes campesinos le solicitaron al ministro que el Canal Judicial fuera el conducto para impulsar un debate público sobre las reformas estructurales y sus impactos en los derechos de los gobernados.

El Ministro presidente se comprometió a que, llegado el momento, intercederá ante la Segunda Sala de la Corte para que ésta ejerza su facultad de atracción respecto de un recurso de revisión en el cual se analice el derecho a la consulta y el estándar de prueba impuesto a las comunidades indígenas.

El ministro también se comprometió a generar los espacios para que a través del Canal Judicial se genere un debate sobre las implicaciones de las reformas estructurales y sus impactos en los derechos humanos.

La reunión tiene un significado relevante en tanto que se trata de dos actores que desde siempre se han mirado con desconfianza, es un hecho que el movimiento social por diversas experiencias, ve con recelo el trabajo del Poder Judicial de la Federación, por otro lado, es innegable que dentro de la Judicatura falta comprensión de la lucha social como medio de defensa de los derechos humanos ante la falta de canales institucionales.

La reunión del ministro presidente con los representantes campesinos reafirma la teoría del comportamiento judicial relativa a que los jueces no son actores neutrales o desinteresados y que su comportamiento es determinado por los beneficios máximos o mínimos que pueden alcanzar dependiendo del momento histórico o el contexto en que se desenvuelve su actuación.