Foto: Cuartoscuro

Dos mil diecinueve dejará huella en México, como uno de los años más letales para los defensores de derechos humanos y periodistas.

Quince comunicadores y veintitrés defensores de derechos humanos han perdido la vida en el año que está por concluir, la cifra en sí misma es escandalosa y denota la incapacidad del Estado mexicano para garantizar la vida e integridad de las personas y la importante labor que desempeñan en la vida nacional.

Si a la pérdida de la vida humana se suma la incapacidad de las autoridades para investigar y sancionar a los responsables, se generan condiciones de impunidad y/o complicidad que exhiben la falta de interés del Estado por cumplir con sus obligaciones de proteger y garantizar los derechos humanos de los defensores y periodistas, entre ellos, el derecho a la vida e integridad.

Con su labor los defensores protegen a los grupos más vulnerables; defienden el territorio y los recursos naturales, han denunciado la rapacidad capitalista, las acciones de la delincuencia organizada que han devenido en desplazamientos forzados, desapariciones y otros crímenes atroces. El trabajo de los defensores y periodistas en más de una ocasión los ha confrontado con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En los últimos años el trabajo de los defensores de derechos humanos y los periodistas ha sido la última línea se batalla contra las acciones depredadoras del poder criminal, del poder económico y del poder político; estos entes, cuando actúan lo hacen coordinadamente formando una tríada mafiosa que de acuerdo a las circunstancias opera como poder fáctico o como autoridad legalmente constituida. En este último caso, sus acciones criminales están respaldadas en la legitimidad que la ley le concede.

Los periodistas son los vasos comunicantes dentro de una sociedad democrática; su actividad retrata la vida de la República y sus gobernantes, exhibe los excesos de aquellos, así como la corrupción que permea nuestra sociedad. A través de su labor de comunicación, los periodistas han visibilizado las acciones ilegales de la tríada. 

Un ejemplo de la actuación de la tríada acontece cuando en alguna entidad de la república, un grupo industrial nacional o extranjero contrata los servicios del crimen organizado para acallar las protestas e inconformidades de la población, ya sea por el despojo de sus recursos naturales o por la explotación desmedida de esos bienes; en estos casos, el crimen organizado realiza las actividades de contención a través de los cuerpos policiacos que tiene a su servicio debido al control y/o complicidad que ejerce sobre algunas autoridades municipales, estatales y federales.

Esta situación conlleva a que muchas acciones perpetradas por la tríada, queden impunes ya que en varias partes del país ejerce un control casi absoluto sobre las instituciones y de manera concreta sobre las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia.

La retórica del presidente Andrés Manuel López Obrador, es demagógica en tanto que no ha demostrado de manera clara un compromiso institucional y político de proteger y garantizar la actividad de los defensores de derechos humanos y periodistas. Si bien, el titular del ejecutivo no es el órgano facultado para realizar las acciones de procuración y administración de justicia, la ley si le concede atribuciones para instrumentar todo tipo acciones encaminadas a proteger y garantizar la vida y el trabajo de los defensores y periodistas, así como promover ante el poder legislativo los mecanismos legales que permitan investigar y sancionar a los responsables de los ataques cometidos en contra de los defensores y periodistas.

Lamentablemente, hasta la fecha lo que ha prevalecido es un trato diferenciado de los casos. Se han privilegiado ciertos asuntos que mediática o políticamente representan una presión interna o externa para el Estado mexicano, dejando en el olvido los múltiples casos de agresiones y asesinatos cometidos contra defensores y periodistas, perpetuando con ello la impunidad de la tríada.

Justo es reconocer que no se tienen elementos para afirmar que el titular del ejecutivo forma parte de la tríada criminal, sin embargo, conoce de su existencia, ya que ha sido público el involucramiento de funcionarios de los tres niveles de gobierno en las acciones criminales, incluso ha quedado documentado que algunos servidores públicos fueron electos para desempeñar un cargo a partir de la postulación realizada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Los caciques Manuel de Jesús y Wilbert Carpio Mayorga, de Amatán, Chiapas, son un ejemplo claro.

COMPORTAMIENTO JUDICIAL

Algo grave está pasando en el interior del Poder Judicial de la Federación. La mediocridad comienza a sentar sus reales y como la humedad penetra lentamente, carcomiendo los cimientos del sistema judicial, las decisiones judiciales arbitrarias o carentes de sentido lógico, se han convertido en algo cotidiano.

Las presiones por cumplir las cuotas mensuales de juicios de amparo en trámite y la emisión de sentencias, han llevado a que muchos juzgadores emitan sentencias al vapor, incluso es cada vez más común que el último día hábil de mes salgan publicadas infinidad de sentencias muchas de las cuales no se pueden consultar sino hasta días después, debido a que no han sido redactadas, sino sólo se publica el sentido del fallo, por lo tanto al quejoso o a su abogado se les niega el expediente con el fútil pretexto de que el “expediente está en firma o la sentencia en engrose”.

También, cada día aumentan las prevenciones que los Juzgados de Distrito emiten con la intención de que los quejosos no las desahoguen y el juez deseche la demanda de amparo.

En pocas palabras, se ha privilegiado la estadística por encima de la impartición de justicia. Esto es sumamente grave, porque los juzgados del Poder Judicial de la Federación, son los órganos encargados de ejercer el control de constitucionalidad de los actos que emiten las autoridades, es decir, de vigilar que en el ejercicio de sus funciones las autoridades no vulneren los derechos humanos de los gobernados, la mediocridad en que se han sumergido deja inerme a los ciudadanos.

Sin embargo no todo es mezquindad, en un acto de loable por su trascendencia todos los funcionarios judiciales que laboran en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, determinaron rechazar el apoyo económico de cincuenta y cinco mil doscientos pesos, que les había otorgado el Consejo de la Judicatura Federal para el festejo navideño, los integrantes del Tribunal decidieron, cómo debe ser, que ellos costearían el festejo con sus propios recursos. Sin duda un acto de congruencia acorde con los tiempos que corren, ojalá el ejemplo cunda.