Nos parece importante y esperanzador que en México por fin se hable explícitamente -con iniciativas concretas- desde el ejecutivo de “pacificación” y no sólo de “seguridad” y “paz armada”, que han equivalido a más guerra y militarización. Parecería algo menor en el contexto bélico y de inseguridad en que vivimos, pero anhelamos que tenga detrás un cambio sustantivo en la conceptualización e implementación del nuevo modelo de paz que se pretende construir. De ahí a que se realice claramente hay una gran distancia, pero al menos se pretende comenzar desde otra mirada a atacar la guerra que nos atraviesa, originada sobre todo por las políticas gubernamentales, su impunidad y las alianzas político-delictivas-empresariales de los últimos 12 años. Este proceso de pacificación es un “mandato” de más de 30 millones de votos por un verdadero e inmediato cambio en el modelo de la paz y la seguridad ciudadana, después de tantas des-ilusiones en el mismo sentido desde el 2006.

Hemos insistido por años en este tema de la paz desde el modelo de la noviolencia, y creemos que la toma de conciencia y acción correspondientes pasan por una mejor conceptualización y diagnóstico de la realidad. También seguimos sosteniendo que en México hay que hablar menos de paz y más de justicia; el primer eje de gobierno de Peña Nieto se llamó “México en paz”, como si incluso ya se hubiera realizado. La palabra paz ha sido una de las más banalizadas, manipuladas y vaciadas de contenido de los últimos 12 años. Aunado a que, a nivel mundial, se nos ha instalado la trampa de subsumir la idea de paz a la de “seguridad” (término militar), y a partir de ahí se ha propagado el gran negocio capitalista de la “paz armada”-negativa-, en lugar de construir procesos sociales dinámicos de justicia, incluyentes, noviolentos de “paces positivas”, de “respeto mutuo” y “co-operación entre iguales”.

En este sentido, podría ser bueno hablar de una “justicialización” del país antes que una “pacificación”, pero entendemos que se usa el concepto de pacificación en un sentido de crear condiciones mínimamente humanas de sobrevivencia para millones de personas, que así a partir de ese espacio vital –territorial, mental, físico, espiritual y comunitario- “recuperado” en parte podrán articularse, organizarse, reflexionar y actuar colectivamente los caminos futuros de justicia y dignidad con paz. En el México de hoy, no hay duda que la consigna de “¡Alto a la Guerra!” pasa ante todo porque no muera ni desaparezca más gente, ni haya más extorsiones, secuestros, trata ni despojo de territorios.

En realidad, la “pacificación” en un país con el nivel de guerra como existe en México se traduce en la urgente necesidad de construcción de algún tipo de “cese al fuego” o “tregua armada”, con formas de justicia transicional, que permitan explorar caminos hacia una real “construcción de paz”: transformación de los conflictos hacia la verdad, justicia, reparación, memoria y reconciliación (un espacio donde re-construir relaciones sociales). En esta secuencialidad del proceso, nos parece importante no confundir los “puntos de llegada” con los de “partida”, y no caer en el “borrón y cuenta nueva” o la “amnesia”, y considerar entonces que no puede hablarse de reconciliación, perdón o amnistía sin antes realizar concretamente formas de verdad, justicia y reparación que satisfagan a las víctimas y a la opinión pública amplia.

Así, un verdadero proceso de pacificación no debe sólo estar ligado al tema de la “seguridad pública” o ciudadana en el sentido de las medidas y actuación de fuerzas policiales y militares, sino que implica la construcción de un “piso humanitario” y justiciero en el tejido social que permita desarrollar procesos de construcción, cultura y educación para la paz, que son tres dimensiones profundamente interrelacionadas, pero no son lo mismo ni requieren de las mismas estrategias y acciones. En este sentido será también muy importante la relación de coherencia –en cuanto a los valores del modelo de cultura de paz con justicia y dignidad que se busca- que habrá entre las acciones del proceso de pacificación civil y las de la futura Secretaría de Seguridad Pública, las Fuerzas Armadas, Policiales y las Procuradurías.

La forma y temporalidad de este proceso dependerá de la realidad de los diferentes territorios y actores sociales, pero creemos importante que haya una lógica común -integradora e integral- que logre unir las temporalidades entre la coyuntura, el tiempo mediano y largo, o sea debe existir una perspectiva de “idea o imagen de futuro”, una direccionalidad del cambio social anhelado. Si no hay esa direccionalidad a priori, la propia dinámica de la espiral de violencia es la que definirá el futuro, según nos enseña la historia. En el fondo, el gran desafío es el de pasar de un “sistema de guerra” (disfrazado de “paz armada” y “progreso”) a un verdadero “sistema de paz” con justicia y dignidad, que transforme constructiva y noviolentamente el conflicto armado.

 

Pacificación en medio de la Guerra

Para evitar caer en la “ilusión” –que tanto daño hace- y transitar en la construcción de una pequeña “esperanza” (que mantiene ahora un elevado porcentaje de nuestra población), la primera pre-condición para un verdadero proceso de pacificación -que tampoco garantiza una “construcción de paz”- es partir de un claro y riguroso “principio de realidad” acerca de dónde se efectuará ese proceso que, por supuesto, en un país tan complejo y grande como México cambia y bastante según los territorios. En un primer acercamiento general nos encontramos con un país atravesado por hechos sociales de guerra en intensidades y formas diferentes en todo su territorio, con características de “exterminio selectivo y masivo”, y que atraviesa a todas las clases sociales, aunque no de igual manera. Existen actualmente, según diversas organizaciones sociales, no menos de 250 mil muertos y 35 mil desaparecidos: el INEGI nos acaba de informar que en 2017 hubo 31 mil 174 homicidios, 27% más que en 2016, y a su vez -en los últimos años- hemos visto cómo cada mes se rompe el record del mes anterior acerca del número de homicidios, lo que muestra claramente la escalada brutal del proceso de guerra.

En estas semanas observamos la permanente continuidad del exterminio selectivo: asesinaron el 22 de julio al policía comunitario Rolando López de Juchitán, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio que lucha desde 2012 contra la empresa eólica española Eólica del Sur; asesinaron el 31 de julio a Romualdo Ixpango, dirigente de la organización Trabajadores Unidos del Campo y la Ciudad (TUCC) en Morelos; asesinaron al candidato independiente a la alcaldía de Aguililla (Michoacán), Omar Gómez, el 19 de julio; el 24 de julio asesinaron en Morelia al ex_candidato a regidor de Morena, Enrique Equihua; el 7 de agosto encontraron el cuerpo de Genaro Negrete, edil de Naupan (Hidalgo); asesinaron el 24 de julio al periodista Rubén Pat de “Playa News” de Quintana Roo; el 24 de julio indígenas de 4 municipios chiapanecos crearon la Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas ante las miles de víctimas por conflictos territoriales. Activistas sociales campesinos e indígenas, defensores de ddhh, periodistas y candidatos o autoridades políticas son las principales víctimas de este exterminio.

Romualdo Ixpango Merino, había declarado días antes que “el pueblo se cansó y tomó estas decisiones (autodefensas)…Nos preocupa que el gobierno use las armas para enfrentar al pueblo. Tuvimos 6 años de un gobernador (Graco Ramírez) sordo y ciego para los demás”. Su asesinato, junto al de Rolando López, nos pone delante de uno de los temas centrales acerca del enfoque que tendrá este proceso de pacificación: el derecho del pueblo a organizarse y defenderse frente al delito organizado o al despojo de sus territorios, cuando el Estado no es que tenga “abandonada” a la población sino que permite y es parte de ese ataque, ante lo cual no puede partirse de ninguna pre-condición de “desarme”. Por supuesto que todos quisiéramos que existiera un estado de derecho y que la defensa individual y comunitaria fuera pacífica y noviolenta, pero parte de la experiencia mexicana -en esta etapa armada de la guerra- nos ha mostrado que no conocemos otros caminos –en una primera etapa- más que la policía comunitaria o las autodefensas organizadas comunitariamente, que no busquen aumentar la espiral de la guerra y la venganza pero sí que al menos “mostrando las armas” logren detener ese flagelo social del delito y la violencia. Como señala una maestra de Hueyapan, Morelos, respecto a este tema de las “guardias comunitarias” del oriente del Estado: “Nos sentimos seguros tanto en la escuela como en el trayecto porque sabemos que tenemos el respaldo de los padres de familia”; el Vicario Luis Millán de la diócesis de Morelos también apunta que el surgimiento de la sautodefensas tiene que ver con la desesparación que hoy en día tienen las comunidades ante la falta de seguridad”.

Así, para que este proceso de pacificación sea real no puede realizarse sobre tamaña pila de cadáveres y desaparecidos, y aumento de la inseguridad, sino que ya deben empezar a construirse bases sólidas de pasos concretos hacia las etapas de la verdad, justicia, reparación, memoria y reconciliación. En este sentido, la pregunta que surge es acerca de la “direccionalidad” que tomará este proceso y los actores que lo protagonizarán: no se trata que desde el gobierno se imponga la idea de “vamos a hacer la pacificación” (de arriba hacia abajo), sino que por el contrario quienes más elementos tienen para caminar en un verdadero “principio de realidad” hacia la pacificación son “los de abajo” -la sociedad civil- y ante todo los familiares de víctimas de esta guerra y los pueblos-comunidades-colonias en resistencia territorial.

 

¿Pacificación hacia la “Construcción de Paz”?

Los Foros que se están convocando resultan necesarios y fundamentales porque se harán pronto, en lugares claves de la violencia, se espera que con convocatorias muy amplias y plurales, con voluntad para una “escucha dialogante”, pero la clave será, en primer término, la construcción de un “principio de igualación” entre la autoridad y los actores sociales que participarán del proceso, rompiendo la asimetría original social de poder que existe, para que no sólo se “oigan” las voces sino que se “escuchen” sus demandas y soluciones, para hacerlas parte de las decisiones que se vayan a tomar, para que se puedan generar procesos de verdaderas reflexiones y acciones colectivas desde diferentes enfoques. El país necesita de todas y todos en este proceso, porque “nadie sabe bien cómo hacerlo”. Pero, sin “igualación” todo quedará en una gran simulación más, al viejo estilo del PRIANRD.

Surge entonces la inquietud acerca de quién convoca, quiénes participarán y tendrán voz, cómo se hará el registro con rigor y metodología científica de las intervenciones, y posteriormente cómo se analizarán esas propuestas y se tomarán realmente en cuenta para las acciones siguientes. El procesamiento honesto y cinetífico de la información será fundamental para dar vida real al momento testimonial. De estas respuestas se puede inferir mucho acerca de lo verdadero o simulado de este proceso. Creemos que el país ya no está para Foros sólo testimoniales -como sucedió y era necesario por ejemplo con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en las caravanas y diálogos del 2011-, sería lamentable que los Foros se redujeran a los testimonios tan valientes y claros de las víctimas, a una seguidilla de quejas y propuestas abstractas, o a una pasarela de protagonismos. Eso ya ha ampliamente demostrado ser funcional a la simulación de la “paz armada” y el “gatopardismo” del gobierno: creación de instituciones, leyes, reglamentos, medidas que no se cumplen ni operan. Vivo en Cuernavaca, el Foro aquí será el próximo 21 de agosto -en 10 días-, y entre grupos y personas con mucha experiencia en el tema nadie sabemos dónde será, quién convoca, cómo anotarse…Muy mala señal.

Sabemos también claramente, que para que este proceso pacificador avance en la dirección de “construcción de paz” dependerá en mucho de nosotras y nosotros, como sociedad civil –organizada y no, con la reserva moral “metiendo sus cuerpos” en las acciones-, para asumir la parte de poder y toma de decisiones que nos corresponde, frente a quienes simplemente “delegamos” un poder de “mandar obedeciendo”, para que ejecuten las acciones que la sociedad consense y ordene. Este aspecto será uno de los más centrales para corroborar hasta qué punto la “acción de lucha social” tremendamente masiva de la sociedad mexicana del 1° de julio -“sí hubo fraude” pero se logró detenerlo en su escalada y magnitud-, representó también una mayor escala en su toma de conciencia y acciones acerca de la urgencia de vigilar, controlar y sancionar a las autoridades en el poder. La presión social material y moral, así como el hartazgo hacia las autoridades, es por suerte ya mucho mayor al pasado reciente, y si avanza la toma de conciencia y organización del “poder social” que tenemos desde la sociedad, podría empezar a ejercerse ese poder legítimo y legal “quitando” –cada vez que sea necesario- noviolentamente de sus cargos a quienes “no obedezcan” el mandato popular.

Precisamente ahora, en estos “meses de Hidalgo” resulta fundamental esa vigilancia de la “higiene pública” -diría Gandhi- ante todas las acciones de la clase política en el poder por ocultar o desaparecer información clave de sus ilícitos, por asignarse sobresueldos y prestaciones escandalosas e ilegales, por los robos de los bienes públicos, por nombrar fiscales o gobernadores carnales para tapaderas…Esto implicará también que la sociedad -en muy diferentes formas- no pierda su capacidad de movilización y acción directa en forma articulada, decidida y masiva. Así, a partir de esta ofensiva social estratégica noviolenta y ética, sí se irá construyendo una verdadera paz con justicia y dignidad en el país.

Al respecto, nos parece fundamental no permitir -en aras de una ‘falsa gobernabilidad’ o de un triunfalismo que puede resultar incluso efímero si se baja la guardia- que se realice el escandaloso fraude electoral de Puebla. Sería un antecedente nefasto como ejemplo a futuro. No se vale justificar que el fin -“pacificar al país”- justifique el medio -“tolerar” un fraude tan violento-, con tal de evitar un conflicto mayor. Se trata de una muy buena coyuntura para demostrar que la democratización y pacificación son reales y van a fondo. Considerar a los medios ya como un fin en sí mismos, no tomarlos sólo como funcionales al fin: ése es uno de los más profundos y centrales principios de la construcción de paz desde la noviolencia.

Por otro lado, las acciones del proceso de pacificación hasta ahora han comenzado lógicamente por planteamientos más “periféricos” respecto a la raíz mayor del problema (la incontrolable violencia y capacidad de fuego, impunidad y alianza político-delictiva-empresarial en todos los territorios): la despenalización de las drogas y los foros. No hay que olvidar que se trata de disminuir paulatinamente una serie de negocios de magnitudes descomunales, basados en la siembra del aterrorizamiento social, en la inseguridad, en acciones de guerra y en la descomposición del tejido social y comunitario. Insistíamos acerca de la importancia de partir de un buen “principio de realidad” acerca de las partes del problema a enfrentar que es el mayor de todos: la guerra. Esto ayudará a no caer en soluciones mesiánicas, mágicas o de actores externos o únicos que van a resolver todo por nosotros, diciéndonos qué hacer o reconciliando con su sola presencia a bandos en guerra.

La guerra y el delito organizado impune han penetrado hasta lo más profundo el tejido social mexicano, se han convertido en una de las mayores fuentes de empleo del país -según múltiples investigaciones- y en la principal forma de vida de muchas comunidades. Basta ver cómo, el pasado fin se semana, habitantes de una comunidad del municipio de Huejotzingo incendiaron dos tráilers y los atravesaron en la carretera México-Puebla, para detener a los militares que perseguían a unos huachicoleros del lugar. Un poblado defendiendo su economía.

Finalmente, la reconstrucción de un tejido social tan fracturado, polarizado y atravesado por una espiral de terror y violencia elevadísimas, necesitará un tiempo medio y largo, pero hoy urge iniciarla –o continuarla donde ya se inició- desde una verdadera cultura de paz (“pacicultura” le llaman en Colombia): incluyente, noviolenta, sin la lógica de los castigos ejemplares y desproporcionados con la falta, con una práctica de justicia transicional-restaurativa y comunitaria, sin la estigmatización social, con el pleno respeto a la Otredad y la “humanización” del Otro/a, con la alta valoración de la interculturalidad, de las diferencias como una riqueza humana y cultural, con el respeto al derecho a desobedecer las órdenes inhumanas. Recomponer ese entramado social tan prolongadamente dañado o destruido será un gran desafío, que pasará también por lo educativo (empezando por los niños y jóvenes), por la mediación noviolenta y transformación constructiva de conflictos, por la ampliación de los espacios públicos de convivencia, arte, deporte y juego. La Calle, el espacio público, con su libertad y posibilidad de encuentro y reflexión colectiva, han sido una de las mayores “bajas” de esta guerra, y urge su re-apropiación social desde la noviolencia y la organización comunitaria masiva.