Vaya que le ha llovido en serio al gobierno mexicano en materia de derechos humanos en estas últimas semanas. Y cuando digo llovido, no me refiero al huracán Patricia sino a algo muchísimo más grave e inhumano, alejado totalmente de la naturaleza, de lo natural, algo construido desde las fuerzas del poder y del delito organizado.

Empezando por el 6 de septiembre cuando el Equipo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entregó un Informe donde, con toda claridad y rigor científico, se demostró las falacias, las mentiras, el engaño a la población, la complicidad y la impunidad de la versión oficial acerca de la ya famosa “mentira histórica” de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Queda ahora la tarea fundamental de rastrear todas las responsabilidades, desde lo federal y el más alto nivel del Ejecutivo hasta lo municipal, en las órdenes e información que se recibió desde el C4, y exigir justicia, verdad, reparación y, sobre todo, que aparezcan los 43. Es lo mínimo que correspondería a una sociedad civil que vigila, exige y castiga a los responsables de la guerra en que la han sumido.

Importante también fue el informe que entregó el 2 de octubre una delegación de la CIDH que visitó México durante toda la semana, donde se señaló con claridad la “grave crisis de derechos humanos que vive el país”, y se dieron una serie de recomendaciones.

Pocos días después, el 5 de octubre, llegó a México Zeid Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, quien corroboró la misma situación de gravedad. Más de 100 organizaciones de la sociedad civil, de muy diferente tipo, le entregaron un informe detallado de la situación de los derechos humanos, donde se habla desde el 2006: de más de 102 mil casos de homicidio en el país (70% de los cuales por ejecuciones extrajudiciales); más de  25 mil desaparecidos (los grupos de víctimas y familiares hablan de 32mil); y además un flagelo impresionante en el nivel de los desplazamientos, con más de 300 mil personas desplazadas en el país, por la violencia y la impunidad.

También hubo en Washington, el 20 de octubre, una reunión de una representación importante de organizaciones de derechos humanos del país, con la CIDH, donde se volvió a presentar el Informe, se tomaron nuevos acuerdos y estuvo presente el gobierno mexicano. Una de las conclusiones ante la magnitud de tamaña violencia fue que, en el caso de Iguala, se trasladó la investigación de la SEIDO a la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, lo cual era una de las demandas que los padres y madres plantearon al presidente Peña Nieto.

Para rematar todo esto, el 23 de octubre un informe de Amnistía Internacional, con el título paradigmático y muy claro de “Promesas en el papel, impunidad diaria. La epidemia de la tortura en México”, catalogó la situación de la tortura (se ha duplicado del 2013 al 2014) en “niveles catastróficos”.

¿Qué dicen el gobierno y la clase política ante toda esta inhumanidad, violencia e impunidad construida desde ellos, directa o indirectamente?

Pues…nos reafirman todo con creces, con un nivel de cinismo, provocación y violencia únicos. Los legisladores otorgan la medalla Belisario Domínguez, al mérito ciudadano, a un empresario minero como Bailleres, una provocación increíble si uno conoce los innumerables conflictos territoriales -de enorme ilegalidad y violencia hacia las comunidades- que atraviesan todo el país, por los despojos de los recursos naturales y la forma comunitaria de vida, entre los cuales la minería es el principal y más violento. Se trata así de un hecho social perfectamente coherente con una clase política que no consulta en nada a la ciudadanía y “no representa a nadie más que a sí misma y al capital trasnacional que los pone ahí”, y por supuesto que tampoco consulta a las comunidades para avalar las explotaciones y despojos

Otro botón de muestra: en estos días, a su vez, estaban libres y juntos el alcalde de Cocula y uno de los jefes de Guerreros Unidos en Cuernavaca. ¿Qué tan grande serán la impunidad y el descaro? Y la prueba que no existe ninguna “guerra al narco”, sino una disputa territorial por el monopolio del delito, donde en cada banda existen las mismas identidades sociales aunque con cuerpos diferentes: funcionarios de gobiernos de todos los niveles, empresarios y delincuentes organizados.

Pero, eso sí, se arresta en forma traicionera, violenta, ilegal y condena en penales de alta seguridad a 4 líderes magisteriales de la CNTE en Oaxaca, con los que se podrá diferir o no en las formas de la protesta, pero no negar sus razones legítimas. Todo esto usando como excusa una “reforma educativa”, que ya es transparente que no tiene el más mínimo interés en mejorar el conocimiento del magisterio sino en aumentar su disciplinamiento y castigo desproporcionado. ¿Pasaría el secretario de Educación una prueba de evaluación?

Para rematar con esta “ecuación de la impunidad, inhumanidad y violencia oficial”, está la aparición en Tetelcingo, Morelos, gracias a la lucha incansable y el gran valor de la familia de Oliver Rodríguez Hernández, de una fosa clandestina e ilegal de la Fiscalía General de Justicia del Estado con 150 cadáveres no identificados. Acaba de aparecer así un nuevo “observable social” en le guerra de exterminio masivo y selectivo en México: nuestro país no es sólo un territorio lleno de fosas clandestinas ilegales del delito organizado, sino que ahora también descubrimos que las hay “legales” del gobierno.

Imaginemos el nivel de descomposición en el poder que quien autorizó la fosa clandestina, el ex-Fiscal Rodrigo Dorantes, al renunciar o ser despedido, hace pocas semanas,  declaró: “tengo el temor fundado de que se atente en mi contra por parte del Comisionado de Seguridad Pública de Morelos (Alberto Capella)”. Pero lo más monstruoso y alarmante de toda esta historia, que apenas empieza, es el nivel de inhumanidad y corrupción del gobierno estatal y la clase política al sepultar consciente e ilegalmente el inenarrable dolor de miles de familias, escondiendo los cuerpos que buscan con desesperación, y así garantizando la impunidad de los victimarios. Una prueba más del contubernio delito-gobierno en esta guerra contra la sociedad.

¿Cuántas más fosas clandestinas del gobierno habrá en México?

Pongamos en boca de las víctimas, principales sujetos sociales de la lucha por los desaparecidos, los comentarios y reflexiones sobre esta barbarie nacional y morelense, y así no será necesario agregar nada al respecto. Estos familiares en su lucha incansable han tenido que romper la heteronomía dominante del miedo y el silencio, y construir su autonomía: autoinvestigación, autojusticia, autobúsqueda, autodefensa, autoexilio, autorepresentación.

Acaba de concluir un Coloquio en el Instituto de Filológicas de la UNAM, acerca de Exilios y Utopías, y en la mesa inaugural los familiares de los desaparecidos pertenecientes a las redes de Enlaces Nacionales y los Otros Desaparecidos de Iguala, compartieron muchos testimonios muy claros de su experiencia directa y larga, algunos de los cuales transcribiremos textuales –omitiendo los nombres- en un orden gradual de reflexión:

“Estamos vivos pero sin vida, nuestras familias se están muriendo del dolor…nos quedamos sin nada, no queremos que esto le pase a más familias”.

“Esto va creciendo, no se está acabando como dice el gobierno”; “En México desaparecen 13 personas al día y no estamos haciendo lo indicado para parar esta barbarie”.

“Creemos que hay un gobierno que nos protege, pero tristemente vemos que el interés económico es mayor que el de la sociedad”; “El gobierno no busca a nuestros familiares, los vuelve a desaparecer diciendo que eso no pasa en México”; “El gobierno sí sabe lo que está haciendo. En vez de ayudarnos nos victimiza de nuevo”.

“En México no hay condiciones para buscar a los desaparecidos, pero tampoco para buscar a los criminales porque si el gobierno buscara a los criminales se encontrarían a ellos mismos”.

Frente a toda esta descomposición moral, impunidad, violencia y provocación de la clase política y el poder, frente a este ejemplo de construcción de autonomía de los familiares de víctimas de la guerra en México,

vuelve a ser pertinente plantearse si la mejor forma de resistir no es dejar de “darles nuestro poder y consenso (silencioso a veces)”, dejar de “hacer lo que quieren que hagamos”, dejar de “co-operar” con la  normalización de lo inhumano que proponen, y empezar a organizarnos en formas más autónomas desde el poder real de la gente . Como señalaban los familiares en el citado Coloquio:

 “En México las familias decidimos buscar a nuestros familiares en fosas clandestinas de manera directa, es lo único que nos ha dado los pocos resultados que logramos. Estamos desenterrando la verdad de lo que pasa en México. Hemos encontrado 104 cuerpos”.