Foto: Arturo de Dios Palma / Los Ángeles Press

“Un día va a enrollar la cuerda del cometa y muy feliz mirando al sol se marchará. Enfrentará las realidades de su pueblo y con los pobres de su patria luchará.” (Fragmento de la canción Quincho Barrilete) autor  Carlos Mejía Godoy

La difusión en internet de videos en los cuales se observa a un grupo de niños del poblado Rincón de Chautla, municipio de Chilapa de Álvarez, estado Guerrero, realizando ejercicios militares y declararse listos para luchar y defender a su comunidad de las acciones del crimen organizado, conllevan un alto impacto social y ponen en evidencia el nivel de inseguridad que prevalece en esa zona sometida al asedio de los grupos de la delincuencia organizada como Los Rojos y Los Ardillos. 

De acuerdo con la entrevista realizada por Lourdes Chávez reportera del diario El Sur, el líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), Cirino Plácido Valerio, señaló que “por desesperación, pobladores de Rincón de Chautla, en Chilapa, involucraron a niños en su grupo de la Policía Comunitaria”.

Las imágenes de los niños son dramáticas en tanto que demuestran nuevamente la incapacidad recurrente del Estado de garantizar la seguridad pública y los bienes más preciados de las personas, entre ellos, los derechos a la vida, la propiedad y la integridad.

Desde hace varios años la CRA-PF, ha denunciado el clima de violencia y terror implantado por los grupos de la delincuencia organizada; ha dado cuenta de forma puntual de los asesinatos de pobladores y el asedio que sufren cotidianamente las comunidades de la montaña baja de Guerrero. El silencio y la inacción de las autoridades de los tres órdenes de gobierno ha sido la respuesta que han obtenido las comunidades.

La situación que persiste en la zona de la montaña baja guerrerense, revela la existencia de un Estado fallido o zonas grises donde el imperio de ley ha perdido vigencia dejando a los ciudadanos en una situación de extrema vulnerabilidad, a merced de los grupos de la delincuencia organizada. Consecuentemente  la vida humana y demás valores pasan a formar parte del azar, el sino de la desgracia acompaña cotidianamente la vida de las personas. 

El impacto mediático generado por las imágenes y las notas periodísticas, llevó al gobierno de Guerrero a pronunciarse por el respeto de los derechos de la niñez, señalando que su participación (en las policías comunitarias) no debe ser alentada. El gobierno estatal también ofreció fortalecer oportunidades educativas a favor de los niños y su relación con las comunidades y enfatizó que desde hace varios meses, a quince minutos de Rincón de Chautla, el Ejército mexicano y la policía estatal tienen una base de operaciones cuyo objetivo es resguardar todas las comunidades aledañas.

Los horrores de la guerra en cualquiera de sus formas, convencional o de baja intensidad, han llevado a los Estado a proscribir la participación de los niños en conflictos armados, de ahí la importancia universal de la Convención Sobre los Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados.

La Convención impone a los Estados la obligación de adoptar la medidas posibles para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades; el tratado también determina que los Estados Partes se abstendrán de llevar a sus filas en las fuerzas armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad; y que si reclutan personas, que éstas por lo menos hayan cumplido los 15 años, pero que sean menores de 18. Los Estados deben dar prioridad a los de más edad. Es claro que las restricciones convencionales están encaminadas a proteger a la infancia.

Ante el involucramiento cada vez mayor de niños en los conflictos armados que se desarrollaban en el orbe, el 25 de mayo de 2000 fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados.

Por su trascendencia vale la pena citar textualmente algunos párrafos del preámbulo del Protocolo “Preocupados por los efectos perniciosos y generales que tienen para los niños los conflictos armados, y por sus consecuencias a largo plazo para la paz, la seguridad y el desarrollo duraderos …” “Condenando el hecho de que en las situaciones de conflicto armado los niños se conviertan en un blanco, así como los ataques directos contra bienes protegidos por el derecho internacional, incluidos los lugares donde suele haber una considerable presencia infantil, como escuelas y hospitales…” Tomando nota de la adopción del Estatuto de la Corte Penal Internacional, en particular la inclusión entre los crímenes de guerra en conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales, del reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años o su utilización para participar activamente en las hostilidades…” Condenando con suma preocupación el reclutamiento, adiestramiento y utilización dentro y fuera de las fronteras nacionales de niños en hostilidades por parte de grupos armados distintos de las fuerzas de un Estado, y reconociendo la responsabilidad de quienes reclutan, adiestran y utilizan niños de este modo”.

En su parte sustantiva, el Protocolo establece que los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades; también que velarán por que no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas a ningún menor de 18 años; en cuanto a los grupos armados distintos a las fuerzas armadas de un Estado, el Protocolo determina que no deben, en ninguna circunstancia, reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años.

El clima de inseguridad y terror impuesto por los grupos de la delincuencia organizada, aunada a la pasividad o incapacidad gubernamental, de garantizar la seguridad pública, ¿dan lugar a justificar la decisión de la CRAC-PF de incorporar a niños a la policía comunitaria?

La respuesta estatal que pide a la CRAC-PF respetar los derechos de la niñez, no alentar su participación en las policías comunitarias al tiempo que ofrece fortalecer las oportunidades educativas para los niños ¿ataca las causas que han generado la inseguridad en la montaña baja de Guerrero?.

La presencia a corta distancia de Rincón de Chautla de una base de operaciones del Ejército mexicano y la policía estatal cuyo objetivo es resguardar todas las comunidades aledañas ¿realmente ha cumplido con el propósito de garantizar la seguridad pública?

En primer lugar es difícil juzgar la decisión de la CRAC-PF como una acción desesperada o como un acto irresponsable, sobre todo cuando es conocida la participación de cuadros con cierto nivel de formación política e ideológica, que si bien, no toman las decisiones comunitarias, si pueden encauzarlas.

Las excepciones son hitos en la historia de las naciones que orillaron a los niños a tomar las armas para derrocar a una dictadura o defender su nación del enemigo extranjero.

Como mexicanos se nos inculcó a través de los libros de texto el amor a la patria y el sacrificio que llevaron a cabo los Niños Héroes frente al ejército invasor; el ejemplo más elocuente es el sacrificio del cadete Juan Escutia lanzándose al vacío envuelto en el lábaro patrio.

A finales de los años setentas  del siglo XX, las historias de Quincho Barrilete, Luis Alfonso Velázquez (asesinado a los 9 años por un francotirador somocista) Manuel Rivera (guerrillero de 12 años caído en combate en Diriamba, Nicaragua)  quienes enfrentaron la tiranía para liberar a su patria nicaragüense, fueron ejemplos de lucha y heroísmo para los militantes sociales de esa época.

Con el correr de los años el involucramiento exponencial de niños en conflictos bélicos, y la amplia difusión de las crueldades de la guerra, llevó a la sociedad al consenso de que los niños jamás deben involucrarse en acciones bélicas.

La respuesta del gobierno de Guerrero soslaya las causas que han generado la inseguridad así como su responsabilidad y deber impuesto por la Constitución, de garantizar la seguridad pública y por ende, los derechos a la vida, a la propiedad, a la integridad personal, a la vivienda, a la educación, a la salud, entre otros tantos derechos, que son vulnerados cuando el Estado no protege a la población de las acciones del crimen organizado; por esto, dicha respuesta, resultó inadecuada y demagógica.

La condena gubernamental no es suficiente para impedir la participación de los niños en las policías comunitarias; en regiones como la montaña baja de Guerrero, donde el nivel de pobreza y marginación ocupa los primeros lugares nacionales, el Estado tiene la obligación de erradicar las causas estructurales que originan la desigualdad económica, social y política. Las comunidades necesitan acciones que garanticen la seguridad pública y el desarrollo comunitario; sin ellas difícilmente la región podrá alcanzar la paz.

Finalmente, el clima de inseguridad que prevalece en Rincón de Chautla y las causas que llevaron a los pueblos que integran la CRAC-PF a decidir la incorporación de niños a las acciones de seguridad pública, demuestra que la presencia del Ejercito mexicano y la policía estatal, en el mejor de los casos, ha resultado estéril. En el peor, evidenciaría, como en muchas partes del país, la connivencia o simbiosis de las fuerzas armadas, con los grupos del crimen organizado.

COMPORTAMIENTO JUDICIAL

Las observaciones que llevó a cabo la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sobre los Fideicomisos y Fondos de Poder Judicial de la Federación (PJF), señalando que éstos no se apegan a los principios de austeridad, someten a debate el ejercicio correcto de los recursos públicos.

Al realizar la revisión 2018-0-03100-19-0003-2019 3-GB, la ASF analizó los 11 fideicomisos y un fondo en los que participan los organismos del Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), cuyos saldos ascendieron en su conjunto, al 31 de diciembre del año pasado, a mas de 155 millones de pesos. Las ultimas revisiones a los fideicomisos y fondos del Poder Judicial, realizadas por la ASF datan del 2010 y el 2014.

De acuerdo con información publicada en el diario El Economista, la ASF planteó que en el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se debían ocupar los recursos que se encontraran en los fideicomisos y los fondos. La ASF, también expuso que dichos instrumentos financieros han permitido que los trabajadores adscritos al PJF tengan prestaciones superiores al resto de los servidores pertenecientes a la Administración Pública Federal, y que se sigan acumulando recursos.

Como conclusión de la auditoría, el máximo órgano fiscalizador del país indicó que los acuerdos girados para la constitución, operación, administración y extinción de los fideicomisos y el fondo “no se ajustan a los criterios de austeridad y racionalidad que limiten su ejercicio, duración y captación de recursos”. La ASF, también destacó las irregularidades detectadas en diversos contratos de obra pública.

Es pública y conocida la disparidad que existe entre las percepciones que reciben los trabajadores del sector estatal y paraestatal en comparación con lo que perciben los trabajadores del PJF, comenzando por el bono cuatrimestral (equivalente a un mes de salario), el pago de la fiesta de fin de año, etcétera.

El correcto ejercicio de recursos es un tema de interés público que no interfiere con la independencia judicial. Los ciudadanos tenemos el derecho a debatir y cuestionar la falta de transparencia del gasto público ya que fiscalmente cumplimos con nuestra obligación tributaria.

No se trata de vulnerar el principio de no regresividad de las prestaciones económicas y sociales de los trabajadores, lo ideal es que en este país todos los trabajadores gozaran de los mismos beneficios laborales que disfrutan los empleados del PJF. Lo que se cuestiona son los pagos en exceso que el PJF ha erogado en obras públicas y los gastos suntuarios para un sector reducidísimo de funcionarios judiciales.