Desde hace un buen tiempo el Estado ha tratado de minimizar la forma en que el crimen organizado se enfrenta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno o se confronta con otros grupos por el control de las plazas y las actividades ilícitas.

Una revisión hemerográfica sobre la actuación de los cárteles permite advertir que al menos en los dos últimos lustros el crimen organizado ha crecido y se ha diversificado exponencialmente, ya que además de contar con grupos dedicados a la vigilancia (halconeo), a la recolección de cuotas por extorsión, a la venta callejera de droga (narcomenudeo) y al trasiego de enervantes, personas, autos robados y todo tipo de mercancía, opera con células paramilitares con un alto margen de autonomía que les permite actuar en zonas cada vez más amplias sin que la autoridad puede detectarlas oportunamente.

Los antecedentes de los grupos de choque del crimen organizado, se remonta a la decisión de Osiel Cárdenas Guillén, jefe del Cártel del Golfo, de crear una fuerza especial compuesta por ex integrantes del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES), cuerpo militar de élite para misiones especiales creado por la Secretaría de la Defensa Nacional entrenado en el extranjero. Cárdenas Guillén ofreció suficiente dinero a los GAFES para que aquéllos desertaran y fueran su brazo armado para enfrentar a los cárteles rivales y a las fuerzas del orden; así nacieron los Zetas. Ellos actuaban como grupos tácticos, asestando golpes precisos que exhibían el magro trabajo de inteligencia que realizan las autoridades encargadas de la seguridad pública. Los equipos no sólo contaban con armamento equiparable en poder de fuego al utilizado por las fuerzas de seguridad pública y las fuerzas armadas; también los elementos que integran las células de los Zetas, contaban con entrenamiento militar especializado.

Por ejemplo, en ciertos municipios del estado Guanajuato, el Cártel de Santa Rosa de Lima, emplea tácticas similares a las ejecutadas por la guerrilla urbana con ataques rápidos y sorpresivos  a las fuerzas de seguridad pública para así desgastarlas, exhibir su incapacidad y disminuir su moral. 

Es evidente que el cártel de Santa Rosa de Lima, opera a partir del temor, indiferencia o la aquiescencia tácita de un segmento de la población, lo cual le permite efectuar sus operaciones armadas y perderse entre la gente, en la población, es decir, reinsertarse sin ser detectado. Esas acciones sólo pueden realizarse cuando existe aquiescencia, temor o indiferencia de la ciudadanía.

Situación similar se presenta en algunas regiones de los Estados de México, Puebla, Hidalgo y Veracruz, en donde las fuerzas del orden y el Ejército, al realizar labores para prevenir el robo de combustible (huachicoleo) se han confrontado con un segmento de la población que protege a los delincuentes.

Buena parte de la aceptación, es resultado de la red de complicidades generada a partir de los beneficios económicos que propició durante años la industria del huachicol; las ventajas que obtenían los grupos alcanzaba a beneficiar a un segmento de la población a través de las actividades de venta al menudeo, distribución y vigilancia dirigida a detectar los operativos policíacos.

El combate a las bandas dedicadas al huachicol ha desgastado las bases que sostenían las relaciones económicas y de poder que los grupos fácticos mantienen con la población en sus zonas de influencia. Los efectos de dicho combate, aún son impredecibles en tanto que las acciones gubernamentales no van acompañadas de planes de desarrollo económico.

Hasta el momento, el gobierno de la República se ha inclinado por la implementación de programas asistencialistas que por lo regular terminan generando relaciones clientelares que benefician los intereses de la clase gobernante. 

En varias entidades de la República, la ejecución de los programas sociales está a cargo de militantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) imprimiéndole un sesgo político con visión clientelar. Esta afirmación no está basada en testimonios de terceros o visiones subjetivas, sino en mi constatación personal en los Estados de Chiapas, México, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz.

Para enfrentar a los grupos del crimen organizado no son suficientes las acciones de seguridad pública, se requiere atacar la desigualdad social, la inequitativa distribución de la riqueza; también se requieren políticas públicas con enfoque de derechos humanos que hagan efectivo el acceso de la población a la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, el trabajo, entre otros derechos.

COMPORTAMIENTO JUDICIAL

Parafraseando a Karl Marx: “Un fantasma recorre los pasillos de la avenida Pino Suárez”; es el espectro de la corrupción, que por la información que circula en los diarios nacionales, aquélla corre galopante por el interior del Poder Judicial de la Federación.

La decisión del ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea de atacar la corrupción que prevalece (pero que no es genérica) en ciertos Circuitos del Poder Judicial de la Federación, envuelve el reconocimiento expreso de que ese fenómeno ha echado raíces desde hace tiempo en los tribunales federales.

Mi experiencia cotidiana como usuario del sistema de administración de justicia federal y los lazos de confianza forjados con un grupo importante de funcionarios judiciales, me permite afirmar la existencia de actos de corrupción a partir de ciertas anécdotas sobre la actuación judicial y personal de algunos juzgadores.

Coincido totalmente con los funcionarios judiciales que me han brindado su confianza, en que la corrupción debe ser combatida de manera directa sin ambages, imponiendo castigos ejemplares a los infractores, solo así podrá aspirar el ciudadano a la impartición de una justicia imparcial.

Pasado el temporal de la reducción de sueldos, se hace necesario que el personal del Poder Judicial de la Federación dé un paso hacia atrás que le permita tener una panorama más amplio y se den cuenta que este país está cambiando y que ellos también tienen el deber de hacerlo.