La violencia ejercida contra los periodistas creció exponencialmente en lo que va del presente año, durante este periodo, han sido asesinados José Luis Gamboa Arenas (15 de enero), Margarito Martínez Esquivel (17 de enero) Lourdes Maldonado (23 de enero), Roberto Toledo (31 de enero) y Marcos Ernesto Islas Flores (06 de febrero). Dicho fenómeno tiene su origen en una conjunción de elementos que deben ser erradicados para cambiar el estado de las cosas; abordaré tres de esos componentes.

El interés del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de censurar la libertad de expresión a través de las críticas que cotidianamente endereza contra la actividad informativa, sobre todo, contra los periodistas que dan cuenta de los errores, contradicciones y dislates del primer mandatario, constituye una vulneración del derecho a la información de toda la sociedad y ha expuesto a los comunicadores a un nivel de riesgo nunca antes visto.

El titular del Ejecutivo Federal y los responsables de la comunicación social (Jesús Ramírez Cuevas y Elizabeth García Vilchis) olvidan que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia ha determinado que los límites a la libertad de expresión “no pueden hacerse valer mediante un mecanismo por el cual, una autoridad excluya sin más la entrada de un determinado mensaje al debate público por estar en desacuerdo con su contenido, sino a través de la atribución de responsabilidades -civiles, penales, administrativas- posteriores a la difusión del mensaje”; los funcionarios también ignoran que el artículo 7º constitucional “evidencia con claridad la intención de contener dentro de parámetros estrictos las limitaciones a la libertad de expresión al establecer que ésta no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública”. (https://bit.ly/3omukXN)

Al censurar cierta clase de información, sobre todo la que se refiere a los presuntos actos de corrupción cometidos por sus colaboradores cercanos y familiares, el presidente López Obrador, pasa por que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reiterado que “el derecho a la información, correlacionado con la libertad de expresión, es uno de los derechos fundamentales que gozan de una vertiente pública, colectiva o institucional, que los convierte en piezas básicas para el adecuado funcionamiento de la sociedad democrática […] la censura previa se concibe como una interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación, la cual, a nivel convencional, está prohibida, en tanto limita la circulación libre de ideas y opiniones, permite la imposición arbitraria de aquéllas y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, de suerte que no se justifica su imposición, salvo en el caso de espectáculos públicos, pero únicamente con el fin de regular el acceso a éstos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, pues en todos los demás casos, cualquier medida preventiva que implique el menoscabo a la libertad de pensamiento y expresión no será admisible.” (https://bit.ly/3AXjJHH).

La conducta presidencial forma parte de los elementos que han facilitado la actuación de los grupos de poder institucional y/o fácticos en contra del quehacer informativo. La denostación pública de la prensa crítica, ha generado condiciones propicias para las agresiones, ya que no se pueden obviar los efectos sociales (rechazo a cierto tipo de información tildada de “conservadora”) que producen las diatribas públicas que cotidianamente vierte el primer mandatario en sus conferencias de prensa matutinas. Esta situación ha sido aprovechada por funcionarios y/o grupos del crimen organizado para agredir a los periodistas.

Un segundo elemento que ha contribuido a la espiral de violencia, es la falta de efectividad del Estado para proteger y garantizar la libertad de expresión. La ineficacia de las investigaciones respecto de las agresiones cometidas en contra de los periodistas, ha generado en los perpetradores la seguridad de que sus actos quedarán impunes. La falta de efectividad en las investigaciones así como la sanción a los responsables, han sido reconocidas expresamente por el gobierno federal a través del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez (https://bit.ly/3ATTW32).

El tercer elemento que se encuentra presente, es sin duda la crispación social alentada por AMLO y sus opositores. Ambas partes con cierto éxito han logrado dividir a la sociedad en dos facciones. Los medios de comunicación proclives con cada bando han sido un conducto para conseguir adeptos. Es un hecho indiscutible que algunos periodistas y los dueños de los medios han contribuido a exacerbar el ánimo social. Estos actores se han encargado de magnificar aciertos y/o errores presidenciales, al denostar y/o enaltecer acciones de la administración pública, al intervenir de manera impune en la vida privada de opositores y funcionarios públicos, al propalar toda clase de noticias falsas, etcétera.

Ante la confrontación que día a día sostienen el presidente y sus opositores, la sociedad debe movilizarse para exigir el respeto de la libertad de expresión y como consecuencia de ello, que el Estado cumpla con su obligación de garantizar la vida, la integridad personal y la labor de los periodistas; también es necesario que las organizaciones que defienden a los periodistas, además de seguir denunciando las agresiones, impulsen un debate público en el que se revisen las condiciones laborales de los comunicadores (salarios, prestaciones contractuales, horario de trabajo, etcétera). Para nadie es un secreto el nivel de pauperización que existe en el gremio periodístico; además de que resulta contradictorio que por un lado los propietarios de los medios de comunicación exijan que se respete la libertad de expresión y por otro que sigan violando de manera flagrante los derechos laborales de sus trabajadores.

El estado actual de las cosas, sólo puede cambiar a través de la erradicación de los elementos antes señalados y de otra serie de circunstancias que han puesto en vilo el trabajo periodístico.

COMPORTAMIENTO JUDICIAL

El actual clima de polarización política ha llevado a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación quede como el cohetero. Si los ministros de la Corte emiten una resolución en la cual le conceden la razón al presidente, de inmediato son tildados de entreguistas o víctimas de la presión política; en cambio si los ministros determinan que el acto de autoridad es ilegal o inconstitucional, sus otrora detractores, los enaltecen llamándolos “guardianes del orden constitucional”, “el último reducto contra la tiranía presidencial” en tanto, por su parte, el primer mandatario los señala como “conservadores y/o aliados de la mafia del poder”.

Analizar la actuación de la Corte a través de un matiz de blanco y negro, pocas veces permite aquilatar la actividad jurisdiccional del máximo Tribunal y el impacto que sus sentencias producen en la vida del ciudadano.