El pasado 22 de febrero al presentar su libro “10 años de Derechos. Autobiografía Jurisprudencial”, en la Escuela Federal de Formación Judicial, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, describió un hecho sumamente grave, no solo porque atentó contra el sistema de división de poderes, sino porque también evidenció la fragilidad del sistema de administración de justicia y la proclividad y/o sumisión que algunos ministros mostraron hacia el régimen encabezado por Felipe Calderón Hinojosa. 

En el citado evento, el ministro presidente  de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, señaló que los ministros del Máximo Tribunal fueron objeto de presiones por parte del ex primer mandatario Felipe Calderón Hinojosa, a través del entonces Secretario de Gobernación Fernando Gómez Montt, con el propósito de que su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo y su familia, así como algunos funcionarios federales de primer nivel, no se vieran involucrados en los hechos suscitados el 5 de junio de 2009, en la  guardería ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños y 106 resultaron lesionados, en un incendio que inició en una bodega contigua y se propagó a la estancia infantil. En marzo de 2010, cuando se resolvió la facultad de investigación 01/2009, el artículo 97 constitucional facultaba al Pleno de la Suprema Corte, para averiguar algún hecho o hechos que constituyeran graves violaciones a los derechos fundamentales.

El relato del ministro Zaldívar da cuenta de cómo el Poder Ejecutivo federal, vulneró la independencia judicial y revela también la falta de imparcialidad (claudicación) de algunos ministros, ante la operación de Estado que llevó a cabo el Secretario de Gobernación Gómez Montt, para proteger a la familia de la esposa del expresidente, propietaria y responsable directa de la Guardería ABC, así como a altos funcionarios públicos del gobierno encabezado por Felipe Calderón.

En su exposición, el ministro refirió que “los pasillos, salones de la Corte, estuvieron tomados por el Poder Ejecutivo. Allí estaban los secretarios de estado y el otrora director del IMSS (Juan Molinar Horcasitas, quien subrogó a particulares las guarderías y estancias infantiles ). La Corte que entonces tenía la costumbre de trabajar hasta las 3 de la tarde, eran las 11 de la noche y todos los privados estaban abiertos. Se paseaban todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo federal”, afirmó el ministro.

En una parte de su relato, el ministro Zaldívar Lelo de Larrea, mencionó que durante la larga conversación que sostuvo con el entonces Secretario de Gobernación y ante la negativa del togado de cambiar su proyecto, el funcionario federal le espetó “Dice el presidente que no te apoyamos para esto”. De acuerdo con el ministro era tal la tensión que se vivía en la SCJN que “llamé a mi secretaria particular y coordinadora de ponencia. Firmé dos ejemplares del proyecto, y les dije que los guardaran bajo llave, y que si a las 8:30 de la mañana, yo no estaba en la Corte, lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte.”

En su relato, el ministro también dio cuenta de la falta de imparcialidad de sus compañeros:

“Quiero decirles otra cosa. Por lo menos dos de mis compañeros leyeron como posicionamiento en el Pleno, los memorándum que nos había llevado la autoridad. No tuvieron ni el cuidado de cambiar la redacción. Por no dañar a la Corte esto no lo hice público en ese momento” sostuvo Zaldívar.

Es evidente que la postura asumida por los dos ministros constituye una claudicación y una falta de imparcialidad al hacer suyos los argumentos de terceros que buscaban deslindar de toda responsabilidad a la esposa del presidente y la familia de ésta, así como a altos funcionarios públicos como el entonces gobernador de Sonora Eduardo Bours. 

Zaldívar Lelo de Larrea, también reveló que luego de publicar el proyecto de resolución, fue intimidado:

“Recibo durante la semana, varias amenazas veladas de compañeros ministros, varias advertencias de diferente tipo”.

También, como varios ministros incumplieron con los acuerdos del debate “todo lo que acordamos parecía que no lo platicábamos…”

El resultado de las sesiones es público. Por mayoría de ocho votos emitidos por los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia, Salvador Aguirre Anguiano, Sergio Valls Hernández, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo, Luis María Aguilar Morales y José Ramón Cossío Díaz, el Pleno de la SCJN determinó establecer responsabilidades a funcionarios menores, eximiendo a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Felipe Calderón; Eduardo Bours Castelo, gobernador del estado de Sonora y Juan Molinar Horcasitas, director del IMSS. Votaron en contra de la mayoría, los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, quienes consideraron que sí existían elementos para establecer la responsabilidad de los funcionarios y particulares eximidos por el voto mayoritario.

La revelación que llevó a cabo el actual presidente de la Corte, es sumamente grave, al evidenciar la manera en que el  expresidente Felipe Calderón Hinojosa vulneró la independencia judicial para impedir que una determinación del Máximo Tribunal perjudicara a su cónyuge y a la familia de ésta, así como a varios servidores públicos de primer nivel. El relato también pone en evidencia la pérdida de imparcialidad de algunos ministros.

Si bien, per se la facultad de investigación ejercida por la SCJN, no implicaba la acreditación de una probable responsabilidad penal, la cual sólo puede ser determinada por el Ministerio Público, sí es evidente, que el pronunciamiento del Máximo Tribunal fue determinante para que las autoridades ministeriales no ejercieran la acción penal en contra de los funcionarios y particulares beneficiados por la decisión del Pleno. 

La Corte Interamericana (Corte IDH) en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela(https://cutt.ly/FAuja8Qsu) sostuvo que “si bien es cierto que la independencia y la imparcialidad están relacionadas, también es cierto que tienen un contenido jurídico propio” (párr. 55).

En el caso citado, la Corte Interamericana sostuvo que la independencia judicial en un ejercicio autónomo “debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico”.

La Corte IDH también consideró que “el objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial” (párr. 55).

Además, el tribunal regional sostuvo que “los funcionarios públicos, en especial, las más altas autoridades de Gobierno, deben ser particularmente cuidadosos en orden a que sus declaraciones públicas no constituyan una forma de injerencia o presión lesiva de la independencia judicial o puedan inducir o sugerir acciones por parte de otras autoridades que vulneren la independencia o afecten la libertad del juzgador” (párr. 131).

En el caso citado, la Corte IDH al abordar la cuestión de la imparcialidad, consideró que ésta “exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad” agregando, que “el juez debe aparecer como actuando sin estar sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o indirecta, sino única y exclusivamente conforme a -y movido por- el Derecho.” (párr. 56).

Los hechos narrados por Zaldívar Lelo de Larrera, hoy Presidente del Poder Judicial de la Federación, en los que denuncia la intromisión del Poder Ejecutivo, en cualquier régimen constitucional, al menos ameritarían una investigación expedita y eficaz, en tanto que evidencian la injerencia presidencial para socavar la independencia judicial, la falta de imparcialidad de algunos ministros y más grave aún, la credibilidad del sistema de administración de justicia.

COMPORTAMIENTO JUDICIAL

Resulta extraño que el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz no haya emitido su opinión sobre las revelaciones que llevó a cabo el presidente de la SCJN, sobre todo por que aquel era integrante del Pleno que tuvo a su cargo la resolución de la facultad de investigación 01/2009.

Cossío Díaz, a partir de su conclusión del cargo, se ha convertido en un hiperactivo usuario de las redes sociales. Cotidianamente utiliza esos medios y otros espacio informativos para constituirse en un opinólogo de ocasión, que además, se asume como férreo defensor de la independencia e imparcialidad judicial y es un crítico acérrimo del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, ha hecho mutis con un asunto que lo involucra directamente por haber formado parte del bloque de ministros que eximió de responsabilidad a la prima de Margarita Zavala y a los funcionarios federales de primer nivel, con motivo de la tragedia acaecida en la guardería ABC.

Un mínimo de congruencia llevaría al ministro en retiro José Ramón Cossío a fijar su postura sobre los hechos ventilados por su colega Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y no guardar silencio como la enorme mayoría de “articulistas y líderes de opinión”, que han minimizado las presiones, intromisiones y amenazas perpetradas por Felipe Calderón Hinojosa y sus subalternos, que terminaron socavando las bases del sistema de administración de justicia.