Las reglas del juego electoral en el último decenio han sufrido una metamorfosis hasta situarse en el estado actual de las cosas. Los actores políticos gradualmente decidieron apartarse de las normas jurídicas y dar paso a la ley de la selva, la cual permite a los contendientes recurrir a toda clase de maniobras (legales o ilegales) en pos de alcanzar la victoria en las urnas.

El punto de inflexión de la nueva realidad electoral fue el destape prematuro que realizó el primer mandatario Andrés Manuel López Obrador de los precandidatos presidenciales del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a los que coloquialmente denominó “corcholatas”. La respuesta de los opositores políticos fue condenar la maniobra presidencial denunciando la violación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que expresamente prohíbe los actos anticipados de precampaña, los cuales son definidos por el texto legal como: “Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura.”

La condena pública sobre la violación a la Ley fue secundada por los funcionarios que entonces encabezaban el Instituto Nacional Electoral y por el conglomerado de los opositores políticos (dirigentes partidistas, intelectuales, columnistas políticos, opinólogos, académicos, etcétera), quienes exigieron al primer mandatario que respetara la ley y se abstuviera de promover actos de precampaña. Es evidente que le asistía la razón a la oposición política en cuanto a que los pronunciamientos del presidente constituían actos anticipados de precampaña al hacer públicos los nombres de sus probables sucesores.

Paradójicamente, la condena de los opositores no siguió los cauces legales sino que emularon lo que tanto criticaron. Los conciliábulos celebrados por los partidos de la oposición PAN, PRI y PRD y que fueron presididos por Claudio X González, se abocaron a redactar las bases de la alianza opositora y a promover abiertamente a diversos personajes que hicieron pública su intención de alcanzar la nominación opositora, llegando incluso al grado de establecer cuáles serían sus acciones de gobierno en caso de que resultaran nominados y ganaran la elección presidencial, lo cual evidentemente también constituyen actos anticipados de precampaña.

Desde entonces, lo que ha prevalecido es la demagogia, la hipocresía, el cinismo y la doble moral de todos los actores políticos y sociales que se encuentran alineados con los bandos que abiertamente pelean la conquista del poder. La clase política nuevamente ve a la sociedad, no como un conglomerado de personas con derechos y proyectos de vida, sino como una masa de ciudadanos que pueden ser manipulados a su antojo.

Los actos de precampaña no se circunscriben a la elección presidencial, sino que abarcan las precampañas legislativas y municipales. A través de la publicidad, los ciudadanos nos hemos enterado que en este sexenio los destinos de la nación han sido dirigidos por los más preclaros legisladores (federales y locales) y por los más notables gobernadores y presidentes municipales; por ello todos los aspirantes –sin importar su filiación partidista- se consideran dignos de seguir dirigiendo el rumbo del país.

La sociedad mexicana se encuentra inmersa en un bombardeo publicitario que muestra a los precandidatos a los cargos de elección popular como funcionarios intachables, brillantes, honestos, cuyo objetivo principal es lograr el bien común del gobernado. Los slogans: #es … o #fírmaleX, han alcanzado un nivel ad nauseam, en la vida cotidiana. Los próximos meses estarán saturados de actos anticipados de precampaña y campaña, disfrazados de “informes legislativos”, “entrevistas en medios de comunicación” y “giras informativas”. Se avecina una lucha descarnada.

Las nuevas reglas del juego electoral sin duda facilitarán la participación de los grupos fácticos (delincuencia organizada, grupos económicos, cacicazgos, etcétera). La búsqueda desmedida del poder por parte de la clase política, crea inmejorables condiciones para la institucionalización del Estado criminal. La ruta electoral cuyo punto de llegada es el 2 de junio de 2024, probablemente estará marcada por hechos sin precedentes. La inescrupulosa actuación de toda la clase política mexicana y sus corifeos puede sumir a la sociedad en una confrontación de alcances inéditos.

La sociedad no puede caer en el garlito de que los aspirantes buscan preservar la democracia; esta figura, si alguna vez alcanzó su vigencia plena, ha entrado en crisis desde el momento en que todos los actores políticos decidieron tomar por asalto el poder sin respetar la norma jurídica, que es una de las bases fundacionales del modelo del Estado democrático de derecho.

Comportamiento judicial

Muchos de los miles de funcionarios judiciales federales y locales que abiertamente interactúan en las redes –aunque abiertamente lo nieguen- emitiendo “opiniones a título personal” o replicando el apoyo a determinado precandidato, han contribuido a vulnerar la norma jurídica que tanto se ufanan en respetar. Sus filias y sus fobias ideológicas, los han alineado con los aspirantes al grado tal de que han ensalzado su trayectoria pública, restándole importancia a los actos de corrupción en que se han visto involucrados varios de los aspirantes a puestos de elección popular.

Por ejemplo, el rechazo justificado o injustificado a los actos de los gobiernos encabezados por MORENA, ha llevado a los funcionarios judiciales a enaltecer a diversos opositores políticos, sin tomar en consideración que esas figuras, condensan lo peor del sistema político mexicano y que durante décadas, medraron sus bienes, a costa del erario público.