Leonel Rivero

¡La tierra no se vende, se ama y se defiende! Con esta consigna, los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) recibieron en San Salvador Atenco al presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 30 de junio. Paradójicamente ese día se cumplieron trece años de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de votos de los ministros Arturo Záldivar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, determinó revocar las sentencias condenatorias dictadas por un juzgado penal del Estado de México a los líderes del FPDT.

La visita del primer mandatario tuvo por objeto la firma del acuerdo presidencial por el cual el gobierno de la república restituyó al ejido de San Salvador Atenco, 186,5 hectáreas que habían pasado al dominio de la Federación como parte del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El acuerdo presidencial que determinó la devolución de la tierra, además de trascendencia jurídica, tiene un alto valor simbólico y político, porque resarce al pueblo de Atenco del despojo de que fue objeto y ratifica la vigencia del Acuerdo Político suscrito el 18 de agosto de 2003 por el gobierno federal, el gobierno del Estado de México y el FPDT. Dicho Acuerdo le reconoce al Frente su calidad de contraparte en todo lo relacionado con los planes y proyectos de desarrollo y seguridad pública de la región.

La culminación de la restitución jurídica de la tierra no representa un punto de llegada, sino la continuidad de una ruta jurídico-política que se ha desarrollado a través de un diálogo entre el FPDT y el gobierno federal. La negociación emprendida por las partes, no ha estado exenta de desencuentros que han ameritado golpes de mano del primer mandatario, ante la resistencia de algunos funcionarios de alto nivel de acatar las instrucciones presidenciales. Más allá de la buena disposición de algunos secretarios de Estado, las inercias autoritarias siguen enquistadas en varias oficinas gubernamentales, los funcionarios que encabezan esas dependencias esgrimiendo pretextos legaloides pretendieron obstaculizar la concreción del acuerdo presidencial.

El papel de gestor social del FPDT, ha sido fundamental para que el gobierno federal disponga el inicio de obras de infraestructura social en la cabecera municipal de San Salvador Atenco, entre las que se encuentra, la construcción de un hospital de segundo nivel que será operado por Instituto Mexicano del Seguro Social y un plantel de la Universidad Benito Juárez. Estas obras son dos demandas que la comunidad y el FPDT enarbolaron desde hace más de cuatro lustros; su concreción no puede considerarse una dádiva presidencial, sino el resultado de muchos años de lucha.

Recordemos que la causa que detonó la lucha por la tierra tuvo su origen en el malogrado decreto presidencial firmado el 22 de octubre de 2001, por el entonces presidente Vicente Fox Quesada, que determinó la expropiación de las tierras ejidales y comunales de los pueblos de la cuenca del lago de Texcoco, para destinarlas a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En la lucha por defensa de la tierra perdieron la vida José Enrique Espinosa (11 de julio de 2002), Javier Cortés (3 de mayo de 2006) y Alexis Benhumea (4 de mayo de 2006); un indeterminado número de mujeres sufrieron abusos sexuales y más de doscientas personas fueron detenidas (2, 3 y 4 de mayo de 2006); y doce integrantes del FPDT, entre ellos, Ignacio del Valle Medina, enfrentaron sentencias condenatorias que iban de los 30 a los 120 años de prisión.

A lo largo de los últimos dos decenios, se han escrito miles de páginas sobre la histórica lucha por la defensa de la tierra que emprendieron los pueblos de la cuenca del lago de Texcoco y el FPDT como su vanguardia. Quedan pendientes por desvelarse algunos hechos que contribuyeron al triunfo de la lucha; éstos seguramente serán divulgados con el paso del tiempo o cuando las personas involucradas lo estimen conveniente. La revelación ayudará a los estudiosos de las ciencias sociales a comprender mejor la dinámica bajo la cual los pueblos y el Frente llevaron a cabo la defensa exitosa de la tierra.

A lo largo del mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador he sido crítico de muchas de sus acciones; mantener esa postura me ha ganado un buen número de detractores; en congruencia con mis convicciones reconozco que la decisión del presidente de restituir la tierra al pueblo de San Salvador Atenco, es un acto de justicia social para una comunidad y un movimiento social que padeció como pocos la represión del Estado en sus diversas formas.

Las consignas con las cuales los integrantes del FPDT recibieron al presidente López Obrador y su comitiva constituyen una expresión de independencia frente al poder estatal. El mandatario y los integrantes del gabinete que proceden del movimiento social así lo entendieron, los funcionarios que no lograron ocultar su enfado o incomodidad, son los que pertenecen a la clase política acostumbrada a la parafernalia que rodea los actos públicos. Para estos últimos, resultó intolerable la consigna ¡La tierra no se vende, se ama y se defiende!

COMPORTAMIENTO JUDICIAL

La solicitud que realizó la secretaria de gobernación Luisa María Alcalde Luján, a la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña Hernández, sobre las acciones que ha realizado el Alto Tribunal para cumplir con el mandato del artículo 127 de la Carta Magna que señala que ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República, reavivó nuevamente la discusión sobre los altos salarios que devengan los mandos medios y superiores del Poder Judicial de la Federación (PJF).

En un país en donde los salarios que devengan la mayoría de la población económicamente activa, son sumamente inferiores a los que perciben los secretarios, jueces, magistrados y mandos superiores del CJF, representa para muchos un agravio que debe ser reparado.

En la discusión sobre la enorme brecha salarial que existe entre los servidores públicos del PJF y la clase trabajadora, se ha puesto énfasis en la importancia de la labor jurisdiccional que realiza el PJF. Las funciones que por mandato de ley le corresponden a los juzgadores federales están fuera de discusión; en cualquier sociedad democrática el control de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los actos de autoridad que realizan los órganos jurisdiccionales, constituyen un elemento fundamental del Estado de Derecho. Sin embargo, cuando la discusión se enfila hacia la calidad de las resoluciones, la réplica judicial se desvía hacia “las grandes cargas de trabajo que hacen imposible estudiar a conciencia los asuntos”.

Mi experiencia como usuario habitual del sistema de administración de justicia en los distintos circuitos judiciales, me ha permitido constatar que existe una enorme cantidad de funcionarios judiciales comprometidos con su labor, preocupados por la adquisición de nuevos conocimientos jurídicos y ajenos a la frivolidad de las redes sociales. Lamentablemente también, en todos los circuitos judiciales existen magistrados, jueces, secretarios, actuarios, etcétera, que se distinguen por su mediocridad laboral, su nulo conocimiento jurídico y sus faltas injustificadas o incapacidades laborales o médicas continuas. Este grupo no tan insignificante de funcionarios, demerita diariamente el trabajo judicial de sus compañeros y ocasiona graves daños a los justiciables que tienen la mala fortuna de que su asunto sea turnado a esos servidores públicos.

¿En una sociedad tan económicamente desigual, es éticamente justificado que un grupo de malos funcionarios goce de altos salarios? La respuesta a esta pregunta debe ser contestada por los funcionarios que realmente trabajan, la solución al problema le corresponde al CJF.