Al emitir sus sentencias, informes de fondo y recomendaciones, los tribunales, organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, invariablemente disponen que el Estado debe cumplir con determinadas medidas de satisfacción y garantías de no repetición, (políticas públicas, reformas a disposiciones legales, capacitación a operadores de justicia y fuerzas policiacas en materia de derechos humanos, publicación de la sentencia y/o informe, acto de reconocimiento de responsabilidad, atención psicológica, etc.)

En su jurisprudencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que “…las medidas de satisfacción, tienen como finalidad la reparación moral de las víctimas, también efectos en la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad, la consolación de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir.”

Entre las medidas de satisfacción, la disculpa pública expresada por el  el Estado, los perpetradores y otras personas involucradas en la violación de los derechos humanos, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades, ocupa un lugar importante en la legislación nacional y la jurisprudencia interamericana.  

En el caso de la disculpa pública de reconocimiento de responsabilidad estatal, el suceso debe cobrar especial relevancia y no constituir sólo un acto protocolario con funcionarios de alto nivel. Ese es el criterio sustentado por el tribunal regional de derechos humanos al considerar  que “los actos públicos de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, cumplen la doble función de brindar satisfacción a la víctima y sus familiares, a través del restablecimiento de su dignidad, y de servir como una garantía de no repetición de las violaciones cometidas.”

El reconocimiento de responsabilidad no debe limitarse a un acto de contrición, ni un punto de llegada, en el cual la autoridad reconozca su responsabilidad en la violación de los derechos humanos de la víctima, debe ser un punto de partida para corregir las acciones que tuvieron como resultado la vulneración de los derechos.

El reconocimiento de responsabilidad a través de la disculpa pública es quizá una de los temas más complicados del cumplimiento de las sentencias y/o recomendaciones, la renuencia de las autoridades para llevar a cabo el acto suele ser el común denominador.

Para superar esa resistencia la Corte Interamericana en su jurisprudencia recurrente ha sostenido que “…el Estado debe procurar la participación, cooperación y acuerdo de los familiares de la víctima, en cuanto a su cumplimiento de la medida de satisfacción (reconocimiento de responsabilidad internacional)”

A las autoridades -aún y cuando ellas no hayan sido directamente responsables, por haber acaecido los hechos en otra época- les cuesta trabajo reconocer, que han incurrido en violaciones graves de los derechos humanos, el mea culpa más que un ejercicio democrático de rectificación de las acciones, es percibido como una afrenta pública.

El distintivo arbitrario que aún permea en muchas autoridades, les impide entender que el reconocimiento de responsabilidad no es un acto de sometimiento, en el cual de manera pública aceptan la violación de derechos humanos, sino que es un acontecimiento que dignifica a la víctima y una garantía de que las violaciones no volverán a cometerse; tal vez la falta de comprensión tiene como resultado que algunas garantías de no repetición carezcan de efectividad y por lo tanto las violaciones a los derechos humanos sigan perpetrándose.

La sentencia del caso Radilla Pacheco es un claro ejemplo de la falta de compromiso de las autoridades para implementar ciertas garantías de no repetición. En su resolución la Corte ordenó al Estado mexicano que sin perjuicio de los programas de capacitación a funcionarios públicos en materia de derechos humanos, en un plazo razonable debería implementar con la respectiva disposición presupuestal “Un programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas, dirigido a agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República y jueces del Poder Judicial de la Federación (…) con el fin de que dichos funcionarios cuenten con los elementos legales, técnicos y científicos necesarios para evaluar integralmente el fenómeno de la desaparición forzada”. A la fecha el programa no existe, en tanto que la desaparición forzada ha crecido exponencialmente.

El pasado 8 de febrero, el gobierno de la república y el gobierno de Chiapas efectuaron un acto público de reconocimiento de responsabilidad por haber violado los derechos humanos de Francisco Jiménez Pablo y de 24 integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente, (MOCRI-CNPA-MN), en sendas recomendaciones la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que las víctimas fueron detenidas de manera arbitraria y sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Acordar el evento no fue fácil, tuvieron que transcurrir más de cuatro años y la inminente intervención del senado de la república, ante la renuencia de cumplir cabalmente con las recomendaciones, lo que llevó al gobierno chiapaneco a realizar el acto de reconocimiento de responsabilidad.

Lamentablemente las garantías de no repetición, -cursos a policías sobre derechos humanos y uso de la fuerza- que también fueron decretadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han tenido poca efectividad, el abuso policíaco y la detenciones arbitrarias continúan siendo conductas recurrentes en esa entidad federativa, sin embargo, es una tarea de la sociedad y particularmente de las organizaciones no gubernamentales, exigir que el Estado cumpla cabalmente con las garantías de no repetición.

COMPORTAMIENTO JUDICIAL

Por diversos medios de comunicación -diarios, televisión, redes sociales- ha circulado un llamado a la sociedad para que exprese su nacionalismo  posteando imágenes de símbolos patrios en sus muros de facebook, whatsapp, twitter, etc.

Muchos personajes públicos también han aprovechado los foros para expresar sus opiniones algunas muy atinadas que demuestran el conocimiento de quien las expone, otras que sólo sirven para evidenciar la falta de conocimientos del funcionario que las emite, tal fue el caso del consejero de la Judicatura Federal Alfonso Pérez Daza.

De acuerdo con el portal del Consejo de la Judicatura, el consejero Pérez Daza, tiene una sólida formación académica adquirida en instituciones educativas nacionales y extranjeras, además es profesor en las facultades de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Panamericana.

Sin embargo, su formación académica quedó en entredicho al inaugurar en Paseo de la Reforma una exposición fotográfica en conmemoración del Centenario de la Constitución, en su discurso al referirse a los tiempos actuales, el consejero expresó “La unidad nacional ha sido nuestro principal bastión contra intervenciones extranjeras y nuestra principal arma contra la tiranía y el abuso.”

La declaración del consejero, hace que me pregunte:

¿En dónde estaba la unidad nacional durante la guerra de Texas (1835-1836), que tuvo como consecuencia la independencia de esa porción de territorio y su posterior anexión a la Unión Americana?

¿Acaso la unidad nacional fue nuestro principal bastión durante la intervención norteamericana (1846-1847), que derivó en la pérdida de California, Arizona, Nevada, Nuevo México y parte de Colorado y Utah?

¿Fue la unidad nacional la que prevaleció durante la intervención francesa (1862-1867)?, si el consejero conociera los textos de Guillermo Prieto, Vicente Riva Palacio, Ignacio M. Altamirano, José María Vigil y otros autores, difícilmente sostendría su afirmación, entendería que la tenacidad de muchos liberales y parte del pueblo fue lo que hizo posible el triunfo de la república sobre el invasor extranjero.

¿Realmente la unidad nacional ha sido nuestra principal arma contra la tiranía y el abuso, de ser así, cómo explica el consejero la dictadura de Porfirio Díaz, los 60 años del PRI en el poder y el actual estado de crisis en que se encuentra sumergida nuestra sociedad?

Es evidente que la alocución del consejero, demuestra su poco conocimiento de la historia nacional, ¿o interpreté mal al consejero, al pensar que se estaba refiriendo a nuestro país?