Restitución de los puestos de trabajo a l@s maestr@s injustamente despedid@s

La gran noticia que nos da esperanza en la lucha de la policía comunitaria guerrerense y del pueblo mexicano, es la liberación de la comandanta Nestora Salgado; fruto de una enorme presión nacional e internacional, sobre todo desde las comunidades y desde la entereza moral e inteligencia de la comandanta. Quedan otros presos políticos muy importantes: de la CRAC no menos de 9, el doctor Mireles, yaquis, zapatistas y de otras luchas de todo el país. Justamente el 19 de abril es el Día Internacional del Preso Político, lo que hace que renovemos la lucha contra la criminalización del activismo social y político en el país, que es cada vez más atroz e impune.

Sería útil detenernos a reflexionar un momento cómo, ante los tiempos políticos que se acortan por la sucesión presidencial y otras múltiples sucesiones, empieza a haber una presión y una prisa muy grande por parte del poder y sus aliados trasnacionales para concretar todos los megaproyectos y negocios trasnacionales en que tienen metido el despojo del país. Tenemos que entender si está habiendo una vuelta de tuerca en la ofensiva legal y represiva por parte del poder: se acaba de aprobar la Ley Atenco que autoriza a la policía en el Edomex a hacer uso de la fuerza e incluso de armas letales para reprimir manifestaciones de protesta; una comisión de la Cámara de diputados aprobó una minuta que autoriza al ejecutivo a aplicar la “suspensión de garantías” y el “estado de excepción” si se altera la “paz social”. A su vez, la Secretaría de Gobernación declara que al GIEI no se le renovará su estancia en el país, o sea, se renuncia oficialmente a la verdad y justicia en la situación de más inhumanidad reciente en el país, por tratarse de una “acción genocida” como la de Iguala.

La clase política -desde siempre- no consulta en nada a la población en temas trascendentes para la vida social, empezando por la de su distrito que es quien la coloca allí, por lo tanto esa clase no representa a nadie más que a sí mismos y al capital que los pone allí. La crisis de representatividad es total, y se sustenta en mucho en que con nuestra silencio e inacción permitimos que sigan en sus puestos de nula representatividad, y su cinismo es tal –léase el Gober de Veracruz- que seguirán allí si no los sacamos. ¿Quién les da ese poder? Su simulación institucional, nadie más, pero ejercen el poder (diría Lenin) ante nuestro vacío de control social. Un buen ejemplo es la toma de decisión que el GIEI no siga sus investigaciones, es una decisión que puede tomar sólo Segob sino que se debe consensar con los familiares de las víctimas, primero, y luego con una cantidad de organizaciones civiles y de DDHH involucradas en el caso.

Entonces, ante esta vuelta de tuerca que hay en la represión y violencia del poder oficial y delictivo, ante este estado de “emergencia nacional”, como lo definió el Movimiento por la Paz hace justo precisamente 5 años, cabe la pregunta colectiva:

¿cómo vamos a seguir luchando?, ¿cómo subir la escala de la lucha y la resistencia civil noviolenta para enfrentar esta escala cada vez más violenta e impune?

Dentro de las enseñanzas de experiencias de la resistencia civil, hace rato que la sociedad civil mexicana deberíamos estar incursionando más en los terrenos de la no-cooperación y la desobediencia civil. En este sentido, nos parece muy importante no normalizar ni pasar por alto el “castigo ejemplarmente injusto” que están sufriendo los 3360 maestros y maestras despedidos por negarse a hacer una evaluación homogeneizante y estandarizante nacional, en un país tan diverso y complejo como el nuestro, sin ningún proceso de consenso previo. La acción de ellos es ejemplar acerca de por dónde intensificar la lucha contra la violencia represiva oficial, porque se trata de una acción de no-cooperación, es una “objeción de conciencia” ante un acto injusto e impune del poder, un valor fundamental a enseñar a todo niño y joven en las escuelas. Ellos y ellas nos enseñan y muestran, empezando por sus propios cuerpos, que si no dejamos de “obedecer ciegamente a las autoridades y a los castigos que imponen” la violencia e impunidad no se van a detener.

¿La reforma educativa promueve, entonces, un nuevo “modelo pedagógico” para el país: si un niño o niña se niega a hacer un examen de evaluación será “expulsado” de la escuela?

Más allá de estar de acuerdo o no con algunas formas de lucha del magisterio disidente, algo legítimo y necesario de debatir, no cabe duda que el castigo de “despido laboral” no por negarse a ser evaluados (nunca lo han rechazado), sino por negarse a someterse a una “prueba de evaluación” en esas condiciones, es completamente desproporcionado ante la acción de los docentes. Lo que correspondería a autoridades que educan, y a una institución como el INEE, tan llena de expertos, es tomar en serio los contra-argumentos a esta forma de evaluar y sentarse a “pensar en voz alta” alternativas, que son elementales en una gran heterogeneidad como la mexicana. No es con “castigos ejemplares” y “chivos expiatorios” como se para la guerra en México, ni se construye una mejor educación. Sería interesante, que las autoridades educativas fueran a las escuelas donde enseñan esos maestros y maestras y preguntaran a los estudiantes si están de acuerdo con sus clases. Esa sería la “¡mejor evaluación!”.

En la lucha de resistencia civil el arma de la reserva moral es muy importante y, por eso, la sociedad civil mexicana no puede quedarse impávida normalizando esta represión tan injusta, dejando solos a los maestros y maestras, porque sería nuevamente dejar correr la frontera moral más en el terreno de la violencia social sin un costo social para el poder. Por eso es tan central no-cooperar con esta injusticia. En última instancia, quienes se deberían ir son las autoridades que no tienen el conocimiento para idear sistemas de evaluación alternativos, según las diferentes realidades e identidades.

Por eso tenemos que, con claridad, poner nuestro cuerpo a lado del de los maestros y maestras despedidos, organizándonos para impedir que se comenta esta atrocidad, apoyar acciones jurídicas, acciones de fuerza moral públicas, acciones de resistencia, y explorar más acciones de no-cooperación para que las autoridades sepan que si siguen con las injusticias, violencia delictiva e impunidad ya no “cuentan con nuestra obediencia ciega” ni con nuestros cuerpos. Los maestros y maestras pudieron haberse presentado a la prueba y tachado todas las respuestas, pero se negaron también a “obedecer una orden injusta con sus cuerpos”, en un signo mayor de su determinación moral.

Finalmente, otro ejemplo de lucha similar de no-cooperación, en la misma línea del magisterio, nos lo dan los jornaleros del valle de San Quintín, al reiniciar el boicot contra Driscoll’s, que no ha cumplido las condiciones del acurdo laboral y social que firmaron el año pasado.