Dejando de lado las filias y fobias de una sociedad cada vez más polarizada, un primer acercamiento a los hechos suscitados el 5 de enero del año en curso que derivaron en la captura de Ovidio Guzmán López y otras 20 personas, vislumbra un cambio de la estrategia presidencial para  afrontar el tema de la seguridad pública.

Hasta antes esa fecha, la política del presidente Andrés López Obrador, fue evitar la confrontación armada con los grupos de la delincuencia organizada. Ante la histórica falta de oportunidades de desarrollo, la estrategia de restarles la base social a las organizaciones criminales a través de programas sociales enfocados a los jóvenes y a las clases más vulnerables, tenía como objetivo disminuir la marginación y ofrecer nuevas oportunidades a los adolescentes que representan el sector más proclive a incorporarse a los cárteles de la droga.

El operativo desarrollado en la tenencia de Jesús María, municipio de Culiacán, Sinaloa, donde  el gobierno federal recurrió al uso de la fuerza con un alto nivel de letalidad, utilizando helicópteros artillados, un número considerable de elementos de las fuerzas especiales y el despliegue adicional de dos mil elementos castrenses, ha dejado atrás la política de “abrazos y no balazos”. Los 29 decesos -19 integrantes del grupo criminal y 10 militares- más un número indeterminado de personas lesionadas, así como los cuantiosos daños materiales que ocasionó la delincuencia organizada, representan un cambio de paradigma, cuyas consecuencias, al menos las que derivaran de la ejecución del operativo, debieron ser ponderadas por el primer mandatario.

Uno de los errores de la oposición política, es tildar de mesiánico al presidente; su obnubilación los lleva a pasar por alto que el liderazgo presidencial fue construido a ras del suelo, lo que le permitió adquirir un conocimiento profundo del pueblo que tanto desprecian sus opositores.

En pocas palabras, pierden de vista que López Obrador es un animal político (Zoon Politikon), que no gobierna a base de ocurrencias, sino que sus acciones son actos previamente ponderados. 

Resulta evidente que a estas alturas del sexenio, la agudeza política del presidente, le ha permitido advertir, que si bien su política le ha generado un amplio margen de apoyo de las clases vulnerables -que siguen siendo la inmensa mayoría en nuestro país-, la seguridad pública se ha convertido en el mayor fracaso de su administración y que la política de confrontar abiertamente a la delincuencia organizada, lejos de debilitar a las organizaciones criminales, las ha fortalecido a tal grado que en los últimos dos años expandieron su control territorial y político administrativo en varias entidades de la república. 

Es innegable que las políticas presidenciales sobre seguridad pública (programas sociales, militarización de la Guardia Nacional, racionalización del uso de la fuerza, etcétera) no han impedido que el crimen organizado implante el control territorial en algunas porciones de las entidades federativas, incluso en la propia capital de la república.  El control territorial le ha permitido a la delincuencia organizada manejar sin interferencia de las autoridades o de otros grupos criminales, estupefacientes, armas, personas indocumentadas, etcétera.

La conquista del poder político a través de la obtención de cargos de elección popular, le ha permitido al crimen organizado la posibilidad de acceder institucionalmente al control de la seguridad pública ya que los presidentes municipales y/o gobernadores tienen bajo su mando las fuerzas policiacas. Detentar el poder punitivo del Estado, significa tener la capacidad -en el caso de obtener una gubernatura-, de perseguir y castigar delitos; en el caso de una presidencia municipal de sancionar las faltas administrativas. Si bien válidamente se puede argumentar la existencia de la división de poderes y la autonomía de las fiscalías, lo cierto es que en la inmensa mayoría de las entidades federativas, la voluntad del gobernador sigue siendo determinante al momento de la designación del presidente del poder judicial y del fiscal general.

El control de la estructura político/administrativa municipal o estatal también pone al alcance  del crimen organizado el aparato burocrático, las facultades de fiscalización y recaudación de ciertos impuestos y contribuciones. El control institucional, también abre a los criminales el acceso al presupuesto público,  permitiéndoles llevar a cabo operaciones de lavado de dinero, diseñar e implementar programas asistenciales y/o clientelares dirigidos a consolidar su base social. 

La consolidación de la base social que ha logrado la delincuencia organizada en sus zonas de influencia, es sin duda uno de los mayores elementos que gravitaron en la decisión del cambio de paradigma. Las imágenes difundidas profusamente en las redes sociales en las que aparecen grupos del crimen organizado repartiendo despensas, juguetes, materiales de construcción y otro tipo de bienes, no solo en poblaciones rurales, sino también en la periferia de algunas urbes importantes (Guadalajara, León, etcétera), demuestran el nivel de aceptación y apoyo con el cuentan los mafiosos de un segmento de la población.

La compenetración y/o mimetización de la delincuencia con la población, que deviene en una base social, representa para cualquier Estado un obstáculo serio que le impide desplegar de forma eficaz las acciones de prevención y combate del delito por el nivel de protección que le puede brindar la población civil a la delincuencia. A manera de ejemplo basta constatar las muestras de apoyo de algunas personas cuya voz se escuchaba en videos que fueron difundidos en las redes sociales en relación con la detención de Ovidio Guzmán.

La cercanía de los hechos, nos impide hacer un análisis más profundo de las implicaciones que tendrá el cambio de paradigma, sin embargo, un primer acercamiento, nos lleva a colegir que la decisión presidencial fue propiciada por al menos tres elementos: el fracaso del plan de seguridad pública, el avance del control territorial y político administrativo de la delincuencia organizada y la consolidación de una base social. 

Los 29 muertos, el indeterminado número de lesionados, los graves daños materiales y la zozobra en la que se vio envuelta la población, han sido el punto final de la política de “abrazos y no balazos”. Las consecuencias de la decisión presidencial, solo podrán ser aquilatadas con el paso de los meses.

Conducta judicial

La elección de la ministra Norma Lucia Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no sólo es un hecho histórico al ser la primera mujer que encabeza el máximo tribunal, sino que su designación también representa una oportunidad de profundizar y acelerar los cambios al interior del Poder Judicial de la Federación.

El amplio conocimiento de la vida judicial, es un elemento que le puede permitir a la ministra presidenta corregir las graves deficiencias estructurales que prevalecen en el sistema de administración de justicia. El nepotismo, la falta de actualización y capacitación, el anquilosamiento del sistema judicial que han convertido en una quimera el derecho de acceso a justicia, deben ser suprimidos. 

Las acciones que a  corto plazo emprenda la ministra presidenta, deben dejarle claro a muchos de los integrantes del Poder Judicial, que su designación de modo alguno representa el retorno de viejos fueros y privilegios y que las siglas PJF, significan Poder Judicial de la Federación y no Poder Judicial Familiar.