El pacto social alcanzó su etapa más avanzada en las constituciones modernas, en la cuales se encuentra sustentado el Estado democrático de derecho.

A través del pacto, los individuos cedieron parte de sus derechos a un ente superior, que desde entonces, detenta el monopolio de la fuerza y el poder punitivo.

El monopolio de la fuerza, es ejercido por el Estado a través de las corporaciones policíacas que tienen a su cargo la seguridad pública y la prevención de los delitos; las funciones desempeñadas por las fuerzas estatales tienen como objetivos, entre otros, el resguardar los derechos humanos (propiedad, vida, integridad física, etcétera) de los ciudadanos.

La centralización del poder punitivo que ejerce el Estado se basa en dos pilares fundamentales, la procuración y la administración de justicia.

La primera es ejercida por el ministerio público y/o fiscal, a cargo de la investigación de los delitos mediante la policía especializada, la cual puede recurrir a todos los medios permitidos por la ley.

En la conducción de la investigación, el fiscal tiene la obligación de ajustar su actuación al principio de legalidad, respetando los derechos de presunción de inocencia, debido proceso y defensa adecuada de los probables responsables, y el derecho al debido proceso y defensa adecuada en el caso de las víctimas.

La administración de justicia es realizada por tribunales previamente constituidos, presididos por juzgadores imparciales que cumplen sus actividades jurisdiccionales sin ningún tipo de interferencia estatal o fáctica que ponga en riesgo su independencia, los jueces deben tener un alto grado de profesionalismo, apegando su actuación al principio de legalidad .

Para que la procuración y la administración de justicia cumplan con sus objetivos, el Estado tiene la obligación de organizar todo el aparato institucional, para que el correcto ejercicio del poder punitivo permita garantizar que ninguna conducta delictiva quede sin castigo.

Desde la época colonial, existe en México un problema estructural que ha impedido la consolidación de los sistemas de procuración y administración de justicia, los abusos y la falta de acceso a la justicia han sido el común denominador en la historia de nuestra nación.

La incapacidad y la corrupción que siguen permeando en una parte considerable de las fiscalías y los tribunales, propicia un porcentaje elevado de delitos impunes. Fenómeno que generó un alto grado de desconfianza de la sociedad en las instituciones.

El escepticismo de la sociedad sobre la eficacia de las instituciones de procuración y administración de justicia, no disminuyó con la entrada en vigor del nuevo sistema acusatorio. A poco más de un año de vigencia, las fiscalías estatales y la federal acumulan miles de carpetas de investigación que no pueden ser judicializadas por incapacidad de los fiscales y de las policías para conducir las investigaciones forenses (basadas en métodos científicos) y persisten las viejas prácticas en las Unidades de investigación (detenciones arbitrarias, abuso de la fuerza, tortura, incomunicación).

La violación recurrente de los derechos a la presunción de inocencia, debido proceso, defensa adecuada e integridad física, ha generado que muchas de las acusaciones sean desestimadas por los jueces al quedar acreditadas las violaciones en que incurrió el órgano investigador.

Existen infinidad de casos en los cuales, la torpeza del fiscal para investigar los delitos, tiene como resultado que los autores materiales e intelectuales queden en libertad, su incapacidad, ha propiciado que los perpetradores cometan sus fechorías con la certeza de que difícilmente serán castigados.

También es justo decir, que existen magistrados, jueces y fiscales, que están conscientes de la corrupción que existe al interior de los órganos de procuración y administración de justicia, estos servidores públicos día a día realizan su trabajo convencidos de que las cosas deben cambiar.

¿Cómo entender la conducta de los policías de Tierra Blanca, Veracruz, que llevaron a cabo la desaparición de los jóvenes? ¿El comportamiento de los autores intelectuales y materiales de los homicidios de Regina Martínez, Miroslava Breach y Javier Valdéz? ¿la actuación de los perpetradores de los hechos sucedidos en Iguala, Guerrero el 25 y 26 de septiembre de 2014, que derivaron en la desaparición de 43 estudiantes? ¿La saña con la que privaron de la vida al dirigente social Ranferi Hernández y su familia?

Es posible que el grado de impunidad que prevalece en nuestro país, animara a los criminales a cometer los delitos, con la certeza de que difícilmente podrían ser sancionados.

Más allá de la retórica gubernamental, de que los hechos serían investigados y los responsables castigados, lo cierto es que hasta la fecha las desapariciones y homicidios siguen impunes.

Conocí a Ranferi Hernández a finales del 2003, al poco tiempo de que había regresado de su exilio involuntario, tras la feroz persecución que sufrió por parte del gobierno de Guerrero. A lo largo de catorce años nuestros caminos se cruzaron varias veces, en los últimos tiempos con mayor recurrencia por el caso de Sara Altamirano, Leonel Manzano y Lauro Grijalva, presos políticos de Oaxaca.

Otras personas han descrito de manera clara su compromiso social con las causas de los grupos más vulnerables de este país, por lo que no abundaré, me referiré a su trato afable que nos permitió expresarnos abiertamente -en ocasiones con frases duras o irónicas-, me sorprendió e indignó su homicidio y la crueldad con la que actuaron los criminales, me preocupó lo que parece tomar forma de una actuación recurrente encaminada a privar de la vida a periodistas y activistas sociales, sólo una investigación escrupulosa podrá aclarar el móvil del asesinato y el castigo de los responsables.

La impunidad se enquistó en nuestra sociedad, a un nivel intolerable, la solución difícilmente puede provenir del Estado, sobre todo si tomamos en consideración los altos grados de corrupción que permean al interior de la administración pública, abatir la simbiosis impunidad-corrupción, implica para el gobierno una especie de autoinmolación que la clase gobernante no está dispuesta a realizar.

Corresponde a la sociedad civil, la tarea de avanzar en la erradicación de la impunidad, la lucha no será fácil, las resistencias e inercias tienen raíces profundas, sin embargo, si se busca construir un mejor país, la acción es inaplazable.

Comportamiento judicial

El cese del ex magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, ¿debe entenderse como una acción encaminada a transparentar la actuación de los juzgadores? ¿o como un distractor ante los cuestionamientos de favoritismo que hay al interior del Consejo de la Judicatura Federal?

La actividad jurisdiccional de Luna Altamirano, está vinculada con la resolución de varios asuntos de trascendencia nacional e internacional, entre otros, la exoneración de Luis Echeverría por el delito de genocidio por la matanza de 2 de octubre de 1968; el auto de libertad decretado a favor de Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera; la opinión favorable sobre la extradición del ex militar Ricardo Miguel Cavallo, acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura castrense que gobernó la república de Argentina, también dictó un fallo que favoreció a Sandra Ávila Beltrán, conocida como La Reina del Pacífico.

En el medio judicial, el operador que conoce de varios casos relevantes, va forjando una reputación que genera respeto pero también enconos, su actuación por lo regular es objeto de una especial atención, cuidando que no existan conflictos de intereses, que pongan en duda el profesionalismo, probidad e imparcialidad de su actividad.

Bajo esta premisa, podemos suponer que los elementos de prueba que sirvieron de base para decretar su cese fueron irrefutables.

El cese ocurre justo en el momento en que al interior del Poder Judicial de la Federación, hay fuertes cuestionamientos sobre irregularidades en la construcción de inmuebles que albergan diversos juzgados.

En el Poder Judicial de la Federación, no se olvida que el 17 de febrero pasado, circunstancialmente se hallaron alrededor de 4 millones de pesos en la cajuela de un vehículo asignado a Francisco Javier Pérez Maqueda, director de Inmuebles y Mantenimiento. El hallazgo motivó el cese del director y de cuatro de sus colaboradores y la presentación de una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, sin embargo, a la fecha no se tienen noticias de que el fiscal haya judicializado la carpeta de investigación, lo cual genera dudas respecto a si realmente las autoridades quieren llegar hasta las últimas consecuencias.