Foto: Cuartoscuro

Dentro del aluvión de propaganda y movilizaciones oficiales patrioteras, directas o indirectas (a través de sus intelectuales cooptados, voceros y medios), destaca por su infantilismo social la que dice: “Nuestra bandera es hecha a mano, como debe de ser…orgullo de México que nos une. Gobierno de México”. Retomemos la frase final en su sentido, pero con contenido inverso, y preguntémonos:

¿Qué nos puede estar uniendo ahora a los mexicanos?

Creo que para una muy grande mayoría la respuesta sería el hartazgo y rechazo total hacia el gobierno, la clase política, y sus medidas económicas y de seguridad pública.

¿Cómo puede un ciudadano mínimamente pensante y humanizado no sentir vergüenza e indignación de sus autoridades y políticos profesionales, cuando el propio gobierno (SNSP) le acaba de informar que hoy hay 30 mil 942 personas desaparecidas en México, y que esta cifra no ha parado de aumentar en los últimos 10 años?

La cínicamente llamada “guerra contra el narco” no es más que una guerra por el control territorial del monopolio delictivo, entre bandas con cuerpos diferentes pero identidades sociales similares en todas: autoridades de todos los niveles, delincuencia organizada, empresarios, fuerzas con armas, parte de la sociedad civil. El propio Departamento norteamericano, en su reciente “Reporte de Prácticas de DDHH 2016”, corrobora que hay “gran cantidad de casos de desaparición forzada cometidos tanto por grupos delincuenciales como por las propias fuerzas de seguridad del gobierno…algunos asesinatos perpetrados por el crimen organizado contaron con la complicidad de policías o militares” (La Jornada, 4-3-17).

Los Informes del año pasado acerca de las desapariciones en el país hablan de “Epidemia” (REDIM), de “Pesadilla” y “Trato de Indolencia” (Amnistía Internacional). El reciente Informe Anual de Amnistía Internacional, apunta que “México está sumergido en la peor crisis de derechos humanos de América Latina…aumentó el número de soldados y marinos desplegados en operaciones de seguridad en todo el país, pero los índices de violencia y de violaciones a los DDHH también reportan un acelerado incremento…vemos cada vez con mayor preocupación que no se están fortaleciendo las policías, sino que se está generando un marco legal que permita la continuación de la presencia militarizada en las calles” (La Jornada, 23-2-17).

¿Qué han hecho el gobierno y la clase política ante la mayor inhumanidad del país, en los últimos 10 años?

No hay una ley general sobre desapariciones forzadas y de particulares. No hay fiscalías especializadas. No hay una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que opere para los fines que se creó. No hay cuerpos de policías más capacitadas y confiables. No hay acciones del Estado verdaderas de búsqueda. No hay bases nacionales de datos ni de ADN. No hay verdad, justicia y reparación. En fin, no hay ninguna esperanza que este proceso se detenga o disminuya, al contrario hay la certeza que se incrementará cada día.

Todo esto nos reafirma en lo que sosteníamos en nuestro artículo anterior en este medio: el Gobierno-PRI-clase política son el verdadero “Peligro para México”, porque ya no tienen la capacidad, aptitud ni legitimidad para conducir al país en el terreno de la seguridad pública ni de la nacional frente a EU, así como en lo económico, por ello sería una prueba, al menos de algo de dignidad, si se retiraran de sus cargos y dejaran a la población organizarse bajo otras formas de sistema político y constitucional. El tiempo ante una debacle catastrófica y más violenta se agota.

Los familiares de víctimas de esta infame e inhumana guerra en que se nos ha instalado (sin ningún tipo de aprobación ni consenso social) hace tiempo que nos han estado mostrando el camino: la autonomía en la búsqueda y la no-cooperación en la complicidad de la simulación con la cultura del “expediente” y la “ley”. Han tenido dolorosamente que “romper la ilusión” con que fueron construidos socialmente, igual a muchos más, de que “el Estado los protege”, al tomar conciencia que en realidad el Estado ha sido parte central de la violencia antes, durante y después de la victimación de sus seres queridos. Han decidido, a pesar de la autoridad y las instituciones, y la brutal represión que enfrentan, asumir en forma directa con sus cuerpos y redes solidarias la búsqueda en campo de sus seres queridos, vivos o no.

Acaba de finalizar la 3ª Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (21 enero-4 febrero) en Sinaloa, las dos anteriores el año pasado habían sido en Veracruz. Según informes de la propia brigada, participaron 60 familias de desaparecidos y fueron hallados, entre otras muchas cosas, los restos de al menos 3 personas desaparecidas; a su vez se documentaron 40 casos de desaparición en ese estado norteño. Esta Brigada es un ejemplo heroico, sin exageración, de valentía por “buscar la verdad”, por enfrentar a los poderes violentos en sus muchas dimensiones, por reconstruir el tejido social y organizativo en medio de la guerra en México, por construir más conocimiento que ayude a conocer el proceso constituyente de la desaparición de personas y así poderlo detener cada vez más.

Intentemos ejemplificar con un poco más de claridad la descomposición política que nos traviesa actualmente en México, y que nos “une” en el rechazo.

2 FOTOGRAFÍAS DE LA ACTUAL MORAL Y POLÍTICA EN MÉXICO.

Los casos de Jaime Rochín y Margarita Zavala, son dos muy buenas fotografías del estado de las cosas políticas y morales en el país. Que Rochín quiera ser ratificado en la CEAV y Zavala quiera ser candidata presidencial son una muestra inequívoca de la descomposición de la clase política y de una “sociedad sin memoria”. Ambos representan la impunidad, la inhumanidad y el fracaso total de instituciones y políticas de Estado que tienen a las víctimas y a todo el tejido social en medio de una violencia, descomposición y guerra atroces. Uno lucrando con las víctimas y recibiendo por ello fortunas de dinero, la otra avalando en múltiples formas la política genocida de su marido. Una desvergüenza y despropósito totales, pero más que nada por responsabilidad de nosotros, como sociedad civil, que no los quitamos de ahí.

3 FOTOGRAFÍAS DE LA GUERRA CONTRA TODOS Y TODAS

Como bien dice Amnistía Internacional en el mencionado informe, la militarización crece al igual que la violencia, y es cada vez una preocupación mayor el marco legal que se está queriendo aprobar, a partir de la Ley de Seguridad Interior, que aumentará la impunidad en todo estos abusos. El proceso de violencia o guerra inicia con la “siembra del pre-juicio social”, de la estigmatización o criminalización general, lo que en el estado de impunidad casi total que nos atraviesa en México se vuelve de alto riesgo. Dos ejemplos de esta semana, que no son para nada hechos aislados: policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Morelos asesinaron a golpes a un joven jardinero (Erwin Altamirano) que salía de su trabajo “SUCIO” porque acababa de hacer su labor, fue “acusado de delincuente por su aspecto” (La jornada, 4-3-17); marinos asesinaron en Veracruz, según testimonios, a dos miembros de una familia oaxaqueña (Ramírez Bravo) que vacacionaba y desaparecieron a tres más en una gasolinera, a quienes por SU ASPECTO los “confundieron con un grupo de hombres armados” (La Jornada, 2-3-17).

Esta brutal criminalización de la sociedad civil, indiscriminada e impune al extremo, tuvo otro ejemplo atroz: Aracely Rodríguez, mujer, madre y defensora de DDHH ejemplar en la historia reciente de nuestro país, fundadora del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, incansable buscadora de su hijo Luis Ángel León, policía federal desaparecido en Michoacán el 16 de noviembre de 2009, no pudo presentarse a una cita de juzgado. Un juez ordenó entonces, según narra la madre defensora, una multa por más de $2000, por la cual la fuerza pública entró a su domicilio y se llevó una pantalla de tv, un microondas, un estéreo y unas bocinas como forma de pago. ¿Se imaginan? A una madre buscando a un hijo desaparecido la despojan además de sus pocos bienes materiales, en una forma de castigo ejemplar brutal. Es un excelente ejemplo del nivel de descomposición social e inhumanidad de nuestras autoridades, así como de su impunidad…por supuesto, no se trata sólo del juez sino de quien dio la orden desde más arriba.

¿La CEAV sabrá algo? ¿Lo seguiremos permitiendo?

Pietro Ameglio

Desinformémonos, 10 marzo 2017