Pensar en voz alta la justicia y la paz

Pietro Ameglio

Firmas independientes: exclusión social y tecnología

Se agudizan en México las contradicciones entre una población organizada que cada vez tiene más claridad que debe luchar para exigir sus derechos, y una clase política que no actúa con la más mínima legitimidad, ni hace real su carácter representativo consultando las decisiones importantes con las bases. La violencia oficial actúa cada vez con mayor descaro -disfrazada bajo múltiples formas: legalismos, recortes presupuestarios, seguridad…-, y el desafío es que nosotros/as, como sociedad civil, intensifiquemos cada vez más el nivel de nuestras acciones de resistencia civil noviolenta para que las autoridades “manden obedeciendo” los reclamos de las mayorías, empezando por los más empobrecidos y las víctimas de la guerra, o sean inmediatamente “sacadas de sus puestos”. Aumentará así -esperemos-, como reflexionábamos hace tiempo respecto a la resistencia de los maestros/as de la CNTE, la lucha de calles y la lucha de clases.

¿Qué significa intensificar la resistencia civil noviolenta en las actuales condiciones mexicanas de violencia e impunidad oficial y trasnacional?

Mínimo “dejar de co-operar” con el sistema en su impunidad, algo que podemos hacer bajo muchas formas. Como bien nos han enseñado la teoría de la resistencia civil, y sobre todo el gandhismo, el zapatismo y múltiples luchas sociales, la base del poder está en el “consentimiento-obediencia ciega de los ciudadanos”, y en el momento que ésta es retirada (en forma económica, social, política, jurídica…) ese poder ilegítimo que actúa desde una farsa legalista comienza su declive. Así, la base de la no-cooperación en sus muchas formas consiste en retirar nuestro cuerpo, recursos materiales y morales de ese “respaldo tácito o explícito” al poder.

Uno de los principales impedimentos para entrar en los terrenos de las acciones de no-cooperación y desobediencia civil –el grado mayor de la resistencia noviolenta- es la “sacralización-fetichismo” que hacemos (por muchas causas: familia, educación, cultura hegemónica, medios, temores…) del poder, de las autoridades, de la ley, del (des)orden social, lo que, como sostienen muchas investigaciones sociales sobre la “desobediencia social y civil”, nos hace sentir como que traicionamos a la sociedad, a los afectos, a lo sagrado, al “orden”. Esto nos hace perder de vista que las leyes y reglamentaciones, así como las autoridades encargadas de hacerlas cumplir, deben emanar de amplios y abiertos consensos-controles colectivos y someterse a sus “mandatos”. Por tanto, si no operan en favor de las mayorías, y sobre todo las más desfavorecidas, deben eliminarse y cambiarse, sea leyes, reglamentos o personas. En cambio, esa “sacralización-fetichismo”, largamente construidos en el orden social y en el principio de autoridad por el poder, nos hacen “olvidar” el origen de la “delegación y consenso del poder” y, como consecuencia nos arrojan hacia la “obediencia ciega a la autoridad y a toda orden de castigo que ella emita” (Juan C. Marín).

Así nos pasó con la expulsión del GIEI, encargado de investigar la verdad sobre la “acción genocida” de Iguala el 26-27 de septiembre del 2014, cuando, como sociedad civil, ofrecimos una mínima reacción de resistencia civil en comparación con la violencia de esa decisión oficial, viendo cómo Segob no les renovaba el permiso de trabajo en el país, mismo que era sostenido con nuestros propios impuestos y presión ciudadana masiva inicial. ¿Con qué autoridad democrática y republicana la Segob se permitió expulsarlos (disfrazado de legalismo claro) sin consultar a los familiares de los 43 desaparecidos, a las organizaciones sociales comprometidas en el tema, a la ciudadanía? Pero lo hicieron en la impunidad total, y en parte porque “los dejamos hacerlo”, al no hacer acciones de resistencia civil de no-cooperación y desobediencia civil que los obligaran a respetar la voluntad mayoritaria nacional. La historia bien nos muestra el peligro tan grave para una sociedad que no logra enfrentar con verdad, justicia, reparación y memoria las acciones genocidas, los exterminios masivos y selectivos como tenemos en magnitudes impresionantes con los desaparecidos y muertos por la actual guerra en México.

Un ejemplo de ello es la lucha tan fuerte desde el pasado 1° de agosto, que dio parte de la sociedad argentina e internacional, por encontrar el cuerpo de Santiago Maldonado, reprimido brutalmente por la gendarmería en una protesta de apoyo a los mapuches en el sur del país. Se trata de un desaparecido, pero con una historia argentina detrás –desde los setenta- con 30 mil desaparecidos, que enseña que la “frontera moral” de una sociedad no debe “dejar pasar” ninguna acción inhumana. En México, los familiares de desaparecidos tienen más de 35 mil reconocidos por el gobierno y la ONU, y aún no logran con sus heroicas y ejemplares organizaciones que haya un mínimo de compromiso real de todos los niveles de autoridades para buscarlos/as. Al igual que la CRAC en Guerrero, que acaba de cumplir 22 años, estos familiares con sus caravanas y otras acciones han transformado sus acciones de lucha social hacia el principio autonómico de “hacer por sí mismos” lo que el Estado no hace, y así dejar de co-operar con la simulación oficial.

FIRMAS INE: NO ES UN PROBLEMA TECNOLÓGICO SINO DE CLASISMO Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Existe ahora, en medio de esta coyuntura electoral, una situación muy en la línea de lo que estamos reflexionando, acerca de nuestra mirada y relación de poder con las autoridades, que es el procedimiento para recabar firmas a favor de las candidaturas independientes. No queremos polemizar sobre el tema electoral o las candidaturas en sí, sino sobre cómo invertir la relación de la población hacia el poder: en vez de “arriba hacia abajo”, que sea de “abajo hacia arriba”, porque así lo exige toda la esencia de la democracia y la legitimidad.

Confieso mi total “dislexia tecnológica” en cualquier nivel, así que desde que conocí la forma de registrar las firmas lo ví como un “imposible”, en mi caso particular aclaro. Sólo pensar en “bajar una aplicación de un celular” (jamás lo he hecho ni tengo la mínima idea), en firmar en la pantalla bien chica de mi celular, en sacarme una auto-foto y enviarla, etc. etc.; además mi celular (de “maestro de la Unam”) no tiene mínimamente la capacidad de memoria y tecnología requerida. Se trata de una tarea “imposible a priori” de emprender en forma individual por las mayorías, se nos coloca en la indefensión de la dependencia de otros/as (gestores o promotores).

¡Absurdo clasista total! ¡Contradicción total con la democracia!

Se nos requiere por parte del INE de un nivel tecnológico y económico elevadísimo, que resulta por tanto imposible (no es metáfora) para las mayorías y más para las clases medias y las “clases empobrecidas” de la población, para ejercer nuestro derecho más elemental de ciudadanos. Resulta entonces excelente y transparente el discurso de María de Jesús Patricio, candidata del CNI, en Palenque (18 de octubre) acerca de cómo los mecanismos del INE “no están hechos para el pueblo de México, para los pobres del país; sino para los ricos, exigiéndonos tecnologías para recabar firmas que en muchas de nuestras comunidades ni siquiera conocemos”. ¿Sólo los ricos o quienes tengan cierto nivel de recursos y conocimiento tecnológico van a ejercer su derecho ciudadano en un país con 60 millones de pobres y 20 millones por debajo de ese nivel?

Es una “orden inhumana” que hay que desobedecer.

Todo, entonces, es parte de la gran “simulación democrática”, de un show que busca la construcción de legitimidad política y social a partir de legalismos impunes. ¿Cómo dejar de co-operar con esto sin salirse del proceso político en que se ha decidido participar?

Justamente, creemos que no nos debe volver a suceder lo que pasó con la “expulsión del GIEI” hace año y medio: quedarnos “hipnotizados” (como decía Gandhi) mirando “hacia arriba” a ver qué decide la autoridad (INE) y qué se “sirve concedernos”. Hay que “desobedecer esa orden inhumana” que excluye y castiga a grandes mayorías, cuya ‘falta’ es la “pobreza tecnológica o material”, y les impide ejercer un derecho básico y elemental, del que además ellas son las que lo depositan en las autoridades. O sea, la autoridad está en su puesto para garantizar que todas y todos –¡sin ninguna exclusión!- podamos ejercer nuestro “poder ciudadano”, y si no lo hacen o no saben cómo hacerlo entonces se tienen que ir. Así de sencillo. Pero, claro que no lo harán por sí mismos por su falta total de ética, y entonces tenemos que ejercer las acciones directas con la intensidad y “firmeza permanente” necesarias para que cumplan su mandato. En este caso, no es suficiente con las denuncias, alegatos legales, conferencias de prensa, se necesitarán otro tipo de acciones muchos más directas y claras hacia la autoridad en la línea precisamente de lo que esta lucha electoral es: de calles y de clases.

¿Por qué no ir todas y todos los más posibles al INE, instalándonos en las oficinas de los Consejeros –para “trabajar juntos”- y no vamos a retirarnos hasta que se cambie la modalidad de firmas para candidaturas independientes, a fin que se asegure un método que no excluya a nadie? Es una forma de co-operación democrática.

No se trata de “parchar” la inmoralidad existente, sino de cambiar radicalmente el método –el medio- porque no estamos ante un problema tecnológico –como ingenuamente se nos dice- sino ante una acción de exclusión social, política, económica y de clase. No es un “error del INE”, sino una acción directa más de la clase política y los grupos en el poder para preservar su inmensa impunidad y privilegios de clase.

¿Vamos a dejarlos que nos den las “órdenes” de cómo ejercer nosotras y nosotros nuestros plenos derechos y poder ciudadano?

¿No existe más tecnología ni experiencia histórica en México que tener que recurrir a un celular de 10 mil pesos?

¿No será un aviso más, después de las elecciones del Edomex, del seguro fraude electoral del 2018?

Foto: Cuartoscuro

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