A la memoria de Noé Jiménez Pablo, activista social y defensor de derechos humanos. Su muerte es responsabilidad del Estado mexicano, porque fue incapaz de protegerlo y por tolerar y proteger al grupo político-criminal que lo asesinó.

En los tiempos que corren el pragmatismo político está por encima de la vida humana.

Amatán, es uno de los municipios más pobres del estado de Chiapas. De acuerdo con el informe anual de pobreza y rezago social (2017), elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) la mayoría de la población que habita en las colonias, ejidos y la cabecera municipal, carece de los servicios básicos de salud, agua potable, vivienda, alimentación y el 90% de la población de 15 años o más no cuenta con educación básica completa.

Por el alto grado de marginación social, Amatán, además del presupuesto estatal, recibe recursos federales provenientes de 11 programas sociales.

El municipio se encuentra ubicado en la zona norte de Chiapas y colinda con Tabasco; es una puerta de entrada o salida a esa entidad federativa. Su territorio es estratégico para la delincuencia organizada que lo utiliza como corredor para el trasiego de drogas, personas indocumentadas, armas de fuego, vehículos robados, etcétera. Perder el control del territorio, significaría la reconfiguración de las rutas y los choques con otros grupos delincuenciales.

Desde el año 2001, los hermanos Wilber y Manuel de Jesús Carpio Mayorga y personajes afines a ellos, han detentado el poder político y económico en el municipio de Amatán, sus vínculos con la delincuencia organizada han sido objeto de diversas denuncias.

Manuel de Jesús Carpio Mayorga ha sido presidente municipal de Amatán en los periodos 2001-2004 postulado por el Partido Acción Nacional (PAN) y 2012-2015 por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Para el 2018-2021 fue propuesto por MORENA.

Wilber Carpio Mayorga fue electo presidente municipal por el período 2015-2018 postulado por el PVEM y en el 2007 perdió la elección al ser abanderado del PAN.

Orbelín García (compadre de los Carpio) gobernó Amatán en el período 2004-2007 postulado por el PAN.

A lo largo de 18 años, la familia Carpio Mayorga ha consolidado un cacicazgo político-criminal, que utiliza el aparato institucional para ejercer el poder y cometer toda clase de actividades ilícitas.

El cacicazgo que ejercen los Carpio Mayorga, está cobijado por el grupo político que gobernó Chiapas en los últimos años y que fue fortalecido por el pragmatismo de MORENA; hasta la fecha, esa camarilla controla varios espacios estratégicos de la administración pública estatal, que le permiten proteger sus intereses y encubrir sus latrocinios.

El alto nivel de pobreza y el cacicazgo político-criminal ejercido por la familia Carpio Mayorga, generó, en la mayoría de la población del municipio, un hartazgo social, que tuvo su punto de quiebre en la jornada electoral del dos de julio de 2018, cuando descaradamente el candidato Manuel de Jesús Carpio Mayorga y sus simpatizantes robaron y quemaron urnas para alcanzar un triunfo que el pueblo les había negado a través del voto.

Cansados del cacicazgo político-criminal de la familia Carpio Mayorga y ante la total impunidad que mostraron en la jornada electoral, los ciudadanos decidieron organizarse espontáneamente y constituir el 15 de agosto de 2018, un movimiento de oposición denominado “Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común” (MPJBC)

En el MPJBC convergieron, ciudadanos sin militancia, activistas, militantes de partidos, feligreses de iglesias católicas, cristianas, adventistas y organizaciones sociales, entre ellas, el Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI CNPA MN) que desde hace años cuenta con una presencia importante en Amatán.

Como primer paso en su lucha, los integrantes del MPJBC acordaron plantear sus demandas al gobierno estatal. Desde la primera reunión los funcionarios estatales conocieron, a través de testimonios y documentos, los actos ilícitos que a lo largo de los años había cometido la familia Carpio Mayorga. Los ciudadanos le solicitaron a los servidores públicos que intervinieran para darle solución a la problemática social generada por el ejercicio abusivo del poder.

Desgraciadamente, la falta de oficio político y la torpeza gubernamental redujo el grave problema social a un conflicto postelectoral. Para las autoridades estatales, el problema no tenía asidero social, ya que se reducía a una “disputa de partidos políticos perdedores” y de grupos sociales afectados, su torpeza con el tiempo acarrearía resultados funestos e irreversibles.

Ante el menosprecio mostrado por las autoridades estatales, los integrantes del MPJBC sostuvieron entrevistas con Rutilio Escandón gobernador electo, con Ismael Brito, futuro secretario de gobierno, con la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero y Zoé Robledo futuros secretaria y subsecretario de Gobernación, respectivamente. Todos sin excepción, demostraron una falta de sensibilidad y comprensión del grave problema social que existe en Amatán.

El nivel de soberbia quedó evidenciado cuando el ahora Secretario General de Gobierno del estado, Ismael Brito Mazariegos, emplazó a los miembros del MPJBC para que levantaran el plantón, expresándoles “que el gobierno estatal estaba dispuesto a pagar el costo político que derivara del uso de la fuerza”. Es irónico e incongruente, que un funcionario proveniente de las filas de un partido político (MORENA) que entre sus actos fundacionales mantuvo en la ciudad de México el plantón más grande en la historia de este país, recurría a la amenaza de la represión para acallar la protesta social.

Ante la falta de respuesta gubernamental, los integrantes del MPJBC impidieron que Manuel de Jesús Carpio Mayorga tomara posesión como presidente municipal de Amatán, y decidieron constituir el 30 de noviembre de 2018, el Consejo de Gobierno Indígena y Popular de Amatán, (cerca del 60% de la población pertenece a la etnia Zoque) cuyas bases legales se apoyan en la Constitución Federal, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas.

Desde la fecha en que se constituyó el MPJBC, varios de sus miembros, así como distintos integrantes del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, fueron objeto de agresiones físicas; varios resultaron heridos con arma blanca o arma de fuego. También recibieron amenazas verbales, ataques a través de redes sociales y amagos con armas de fuego de alto calibre, realizados por un grupo de personas que se encontraba alojada en el domicilio particular de Wilber Carpio Mayorga.

Sin excepción, todos los actos de hostigamiento fueron denunciados a las autoridades estatales y federales. Por esta razón, el 10 de diciembre de 2018, el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, determinó incorporar a 31 integrantes del MPJBC, entre ellos, a Noé Jiménez Pablo.

Noé Jiménez Pablo, era miembro de la Comisión Política Nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA MN), en Amatán coordinaba las actividades del MOCRI CNPA; él era egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo y acrisolaba las cualidades de un dirigente con una sólida formación ideológica. Fue un hombre solidario, férreo defensor de los derechos humanos, preocupado por el progreso social, con una disciplina que sólo se obtiene a través de un proceso formativo y de sacrificios personales.

La decisión del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, exigía a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a proteger la vida e integridad física de las 31 personas incorporadas. El Estado mexicano tenía la obligación de salvaguardar los derechos de los beneficiarios y realizar todas las acciones encaminadas a brindar una protección efectiva, so pena de incurrir en responsabilidades administrativas y/o penales.

Minutos después de las dos de la mañana del 17 de enero de 2019, un operativo perfectamente sincronizado y encabezado por grupo paramilitar, atacó a los integrantes del MPJBC, que acamparon como protesta en el Palacio Municipal y las dos entradas principales de la cabecera municipal.

Con base en evidencias documentales (video y fotografías) y declaraciones de testigos presenciales, se pudo advertir que los integrantes del grupo paramilitar portaban armas de alto poder y cubrían su rostro con capuchas. Su acción desde un primer momento fue agredir con arma de fuego a Noé Jiménez Pablo, quien luego de resultar herido fue conducido por algunos paramilitares hacia un rumbo desconocido.

Desde los primeros minutos de la agresión, las autoridades estatales y federales, fueron alertadas sobre los hechos que se estaban desarrollando y sobre las personas que habían resultado lesionadas con arma de fuego.

De manera puntual el Subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Chiapas, Jorge Cruz y los subsecretarios de Gobernación Zoé Robledo y Alejandro Encinas, tuvieron conocimiento que varios de los agredidos estaban incorporados al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Durante las primeras 10 horas, la respuesta de Jorge Cruz fue evasiva; negó que durante el operativo hubieran resultado lesionados, asesinados o desaparecidos varios integrantes del MPJBC, aún y cuando en las redes sociales ya circulaban las fotografías y el video de la agresión; en ellos se veía en el piso el cuerpo de Noé Jiménez Pablo. La actitud asumida por Jorge Cruz fue secundada en las primeras horas por los subsecretarios de gobernación.

El encubrimiento estatal de la agresión cometida por el grupo criminal llegó al grado de que la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía General del estado de Chiapas emitieron sendos boletines en los cuales de forma tajante negaron la existencia de personas lesionadas, asesinadas o desaparecidas durante el operativo; incluso tuvieron el cinismo de afirmar que los pobladores de Amatán, eran los que habían realizado el desalojo.

De forma negligente las autoridades estatales retrasaron la llegada de la fuerza pública al municipio hasta las siete de la tarde del 17 de enero, dando oportunidad a que los agresores destruyeran las evidencias y se replegaran.

Aún ante las pruebas irrefutables de la agresión y de los testimonios que señalaban el ataque contra Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, así como su posterior desaparición, las autoridades estatales se negaron a realizar cualquier acción de búsqueda. Los mandos policiales se dedicaron a convivir con algunos integrantes del grupo agresor.

El 18 de enero integrantes del MPJBC, encontraron sin vida a Noé Jiménez Pablo y a José Santiago Gómez Álvarez. Sus asesinos los habían arrojado al basurero municipal; ambos activistas fueron salvajemente torturados, actuando con una saña demencial.

La agresión perpetrada el 17 de enero contra los integrantes del MPJBC, es un desafío al Estado mexicano por parte del grupo político-criminal que ha gobernado Chiapas en los últimos años. La acción, no pudo ser orquestada por los caciques Carpio Mayorga sin el respaldo de sus jefes políticos.

Los hechos demostraron que en ciertas zonas de la república mexicana sigue vigente el Estado fallido, que existe una simbiosis delincuencia organizada-autoridades; que en el caso de Amatán es prohijada por un poder político aliado a MORENA, ya que bajo las siglas del partido accedieron al poder varios miembros de ese grupo político-criminal.

El asesinato de Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, evidenció la incapacidad del Estado mexicano para proteger a los defensores de derechos humanos y la ineficacia para controlar, mediante el poder punitivo, la actuación de los grupos políticos-criminales enquistados dentro de la estructura estatal.

A cuatro semanas de los hechos que segaron la vida de los dos defensores de derechos humanos, la amenaza de nuevas agresiones continúa latente. La pasividad de las autoridades es pasmosa, pese a los llamadas de atención emitidas por varios organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

COMPORTAMIENTO JUDICIAL

Viene el relevo de la Ministra Margarita Luna Ramos, y el Presidente de la República, envió al Senado una terna de juristas, que si bien no tienen impedimento legal para acceder al cargo, las tres enfrentan conflictos de intereses por su ex militancia partidaria o de negocios.

Si el Presidente optó por la cuota de género, nada le impedía proponer a Magistradas del Poder Judicial de la Federación con méritos similares o mayores de las que fueron propuestas.

Nuevamente la obcecación por encima de la razón.