El artículo anterior que enviamos se llamaba “Guerra y Fraude Electoral: dos caras de una misma moneda”, y en él se buscaba reflexionar este doble proceso socio-político que atraviesa a nuestro país, relacionando la aprobación de las Leyes de Seguridad Interior y Desaparición Forzada con la construcción de candidaturas presidenciales “fantasmales”, a partir de potenciar una gigantesca “des-memoria colectiva”. Cuando decimos guerra no decimos sólo “violencia” sino que nos referimos a una “totalidad social” mucho más compleja y amplia en su lógica de acción, que se instala en todos los cuerpos y aparatos de la sociedad bajo formas y dispositivos muy diferentes, no construyendo el “aterrorizamiento social” como un medio sino ya como un fin. Bien decía Elías Canetti, en Masa y Poder: “Una guerra es una guerra porque incluye muertos en el resultado”; y México está entre los principales países del mundo en cantidad de muertos.

Para poder captar los “inobservados” de estos procesos que determinan con tanta violencia e impunidad nuestra vida social, resulta central no ver los “hechos sociales” como inconexos entre sí ni descontextualizados.

¿Cuál es el siguiente objetivo estratégico de esta guerra del poder político-económico (legal e ilegal), nacional y trasnacional, para expropiar y despojar todo tipo de cuerpos y recursos materiales y naturales que sean sujetos de ganancia capitalista? Alguien diría ingenuamente que “ganar las elecciones”, pero la pregunta de fondo es cómo hacerlo: a través de un fraude electoral, en sus múltiples formas claro (véase las diferencias y cambios cualitativos entre 1988, 2006, 2010 y recientemente la “prueba piloto” en el Edomex).

¿Cuartel de Guerra del PRI?

Para empezar, resulta muy sintomático que la campaña de Meade haya iniciado precisamente en San Juan Chamula, lugar emblemático nacional de toda la corrupción, represión, violencia social y cultural, racismo y destrucción comunitaria. Llamativo además que sea en una comunidad indígena, cuando estas identidades han sido -y lo serán más- devastadas por el neoliberalismo feroz, y en un Estado como Chiapas marcado históricamente por la peor corrupción y violencia del PRI y sus aliados.

Este enfoque belicista-armado-letal de la lucha por el fraude electoral, exige “gente preparada y experimentada”. El PRI ya tiene su “cuartel de guerra”. Son altamente llamativos, preocupantes y diáfanos los nombramientos del equipo de campaña del candidato Meade –fantasmalmente presentado como ciudadano, apartidista, honesto, secretario de Hacienda que nada tuvo que ver en el “Gasolinazo” y muchas otras políticas económicas antipopulares… haciéndonos “olvidar” la corrupción y partidismo de quiénes lo “pusieron” ahí y han sido siempre sus jefes.

A la cabeza del partido Enrique Ochoa, lo más parecido a un peleador callejero en permanente provocación verbal y búsqueda de pleitos a través de datos falsos o de “medias verdades”. Encabezando la (pre)campaña, como coordinador está nada menos que Aurelio Nuño, un ex_Secretario de Educación que impuso literalmente a sangre y fuego -véanse Noxichtlán, los muertos en represión, y el encarcelamientos de líderes magisteriales- una dizque Reforma Educativa que confunde evaluación con punición, castigo con superación, obediencia ciega con disciplina, leer con ler, astrología con astronomía… Bien llamado por el magisterio democrático y disidente: “el sargento Nuño”. Un hombre profundamente autoritario, clasista, arrogante, centrado en el “desprecio y el estigma al otro” ante la falta de argumentos, en permanente azuzamiento de la “espiral de la guerra” en el país contra todo el que piense diferente: en esta semana llamó a López Obrador “orate” y alguien “sin mucha estabilidad emocional”.

Debajo de Nuño, o a su derecha, en este “cuartel de guerra”, los dos expertos recientes más experimentados y probados del PRI en fraudes electorales: Eruviel Ávila en el Edomex y Rubén Moreira en Coahuila. Salientes gobernadores de dos Estados marcados como el de mayor número de feminicidios del país (En el Edomex hubo 272 en 2017; La Jornada, 29-12-17), y uno (Coahuila) de los de mayor desfalco y endeudamiento público de la autoridad y con mayor número de desaparecidos; además ambos Estados con índices delictivos, de impunidad y de guerra brutales.

El Terror que prepara el fraude

Pero el fraude electoral tiene también otra cara en su estrategia bélica: el “Exterminio Selectivo” de candidatos o autoridades políticas, de activistas sociales y defensores de DDHH (34 ejecutados en 2017 según la Red Nacional Todos los Derechos Para Todos, La Jornada, 2-1-18) y de periodistas (13 asesinados en 2017); el “Exterminio Masivo” sabemos bien que no para de crecer en el país a cifras inimaginables antes del 2010 (2017 el año con mayor cantidad de asesinatos de los últimos 20 contabilizados). Las autoridades y medios cooptados nos dirán “ingenuamente” que se trató de enfrentamientos o ajusticiamientos entre criminales, pero la realidad es que para que esas ejecuciones se puedan realizar con total visibilidad y violencia, es necesario que la autoridad “garantice” la impunidad y que el territorio esté “libre”. Como hemos venido largamente sosteniendo se trata de una guerra por el control y monopolio territorial del delito, y en cada bando hay presencia de autoridades públicas y políticas de todos los niveles, delito organizado, fuerzas con armas legales e ilegales, sectores empresariales y porciones de la sociedad civil.

Aquí va la LISTA del “Exterminio Selectivo” de las últimas semanas con una curva peligrosísima que crece geométricamente:

18 de noviembre: fueron asesinados los hermanos Víctor y Marcelino Sahuanitla, mineros en paro de labores desde el 6 de noviembre contra la CTM y la minera canadiense Torex Gould resources, en Cocula, Gro.;

20 de noviembre: fueron asesinados Silvestre de la Toba, titular de la Comisión de DDHH de Baja California Sur, y su hijo (en 2017 los ombudsman de 9 Estados han sufrido amenazas de muerte, La Jornada 26-11-17) en La Paz, BCS.; fueron asesinados en Xalapa el alcalde de Ixhuatlán de Madero, Ver., Víctor Espinoza y su esposa; también en la misma fecha fue asesinado Santana Cruz, alcalde electo de Hidalgotitlán, Ver.;

27 de noviembre: fue asesinada la Fiscal de Veracruz Especializada en Delitos Sexuales, Yendi Torres;

8 de diciembre: fue asesinado el alcalde de San Pedro El Alto, Oax., José Santos; también fue asesinado Miguel García en el mpio. de Casimiro García, Jal., aspirante a presidente municipal de Morena;

18 de diciembre: fue asesinado el alcalde de Bochil, Chis., Sergio Zenteno;

22 de diciembre: fue asesinado en Tepito Eduardo García, activista sindical de la UAM y miembro estudiantil de la lucha del IPN en 2014;

24 de diciembre: asesinato de Salvador Magaña, coordinador del MC en La Huerta, Jal.;

28 de diciembre: asesinan al alcalde perredista de Petatlán, Gro., Arturo Gómez Pérez; también fue asesinado Saúl Galindo, diputado local del PRD que buscaba la alcaldía de Tomatlán, Jal.;

29 de diciembre: fue encontrado el cuerpo del fotógrafo Luis González en Progreso, Yuc.; también fue asesinado Gabriel Hernández, regidor del PRD en Jalapa, Tab.;

30 de diciembre: fue asesinado Juan José Castro en Mexicali, BCS., ex_candidato a diputado federal por el PRD; también fue asesinado Marino Catalán, precandidato del PRD a la alcaldía de Zihuatanejo, Gro.;

2 de enero 2018: fue asesinado Adolfo Serna, precandidato priísta a la alcaldía de Atoyac de Álvarez, Gro.;

3 de enero: fue asesinado el funcionario perredista del mpio. De Santiago Ixcuintla, Nay., Sabino Mejía; atentaron a balazos contra el dirigente sindical de la Universidad Autónoma de Nayarit, Luis Hernández. También fueron asesinados Miguel Licona, ex_alcalde de Mixquiahuala, Hgo., y su hijo.

4 de enero: fue asesinado César García, ex_candidato del PRD a la alcaldía de Tenampa, Ver.

5 de enero: muere Martha Reyes, activista de Morena herida en ataque violento a un mitin del partido en Coyoacán, Cd. Mx., el 3 de enero.

7 de enero: fueron muertos en enfrentamientos con pobladores favorables la mineras y a un líder delincuencial, policía estatal y ministerial, y Fuerzas Armadas, 5 policías comunitarios de la CRAC, y 6 civiles, en La Concepción, Acapulco, Gro.; también fueron asesinados el regidor del PRI y tres familiares en Balleza, Chih.

¿Quiénes siguen?

Como nunca es urgente el llamado y ejemplo de los pueblos, comunidades, organizaciones y barrios en resistencia a organizarnos, en la forma que se pueda, y explorar formas de lucha civil y pacífica mucho más proporcionales y acordes al tamaño de violencia que enfrentamos, en la ínea de la no-cooperación y la desobediencia civil.