Con la postulación de dos ministras y tres ministros en pos de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se inició formalmente el proceso de elección del próximo juzgador que presidirá el máximo tribunal y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por los siguientes cuatro años (2023-2026).

La condiciones en que se ha desarrollado la vida de la nación desde que asumió la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador sin duda serán primordiales para determinar en qué togado recaerá la presidencia del tribunal constitucional.

Sin menoscabar la importancia de los proyectos (propuestas y/o líneas generales de trabajo) que hicieron públicos las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Norma Lucia Piña Hernández y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Gelacio Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek, en la elección del próximo dos de enero, el plan de trabajo pasará a un segundo plano. La cuestión esencial será el perfil político del togado que presidirá el máximo tribunal por los próximos cuatro años. La preeminencia del oficio político para conducir las relaciones institucionales con el poder ejecutivo y el poder legislativo, no debe sorprendernos dado que los jueces no son actores imparciales, sino que se guían por acciones, formales, estratégicas o actitudinales, según el asunto y los intereses que se encuentren en disputa. En el caso de la Corte mexicana, la actuación de sus integrantes ha sido evidente en la resolución de la última controversia constitucional (avalando el uso de las fuerzas armadas para realizar tareas de seguridad pública) y la acción de inconstitucionalidad (invalidando la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral).

Para la consolidación del proyecto político-social del presidente Andrés Manuel López Obrador, que va más allá del actual sexenio, la elección de una ministra o un ministro que durante los próximos cuatro años tendrá a su cargo la titularidad de la SCJN y el CJF, es de vital importancia.

La fuerte polarización política que prevalece en México y la creciente confrontación entre la clase gobernante y la oligarquía empresarial que ha perdido buena parte de las canonjías que le otorgaron los regímenes priistas y panistas, son circunstancias que minimizan las posibilidades de que los ministros Javier Laynez Potisek y Alberto Gelasio Pérez Dayán, puedan alcanzar la presidencia de la SCJN.

En el caso del ministro Javier Laynez Potisek, su cercanía con Luis Videgaray Caso (Secretario de Relaciones Exteriores y Secretario de Hacienda) en el sexenio de Enrique Peña Nieto; con Luis Téllez, Roberto Gil Zuarth y Eduardo Medina Mora que ocuparon cargos de primer nivel bajo los mandatos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón, le cierra las posibilidades de acceder a la presidencia de la Corte, dado que los citados personajes son parte del grupo que López Obrador ha catalogado como la “mafia del poder”. Es evidente que el presidente de la república no estaría conforme con que la SCJN fuera encabezada por un ministro cercano a sus enemigos políticos.

Circunstancias similares a las del ministro Laynez Potisek, son las que concurren en el caso del ministro Alberto Gelasio Pérez Dayán, a quien desde siempre se le ha identificado como alguien cercano a Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala. Esa proximidad cierta o inexacta, es un elemento tóxico, que genera desconfianza en el ánimo del titular del ejecutivo federal. Además, muchos de los usuarios cotidianos del sistema de administración de justicia federal, identifican al ministro Pérez Dayán, como alguien que es un reflejo de un modelo de Poder Judicial arcaico, permeado por el formalismo y el nepotismo.

Una elección que privilegie la perspectiva de género, pone en casi igualdad de condiciones a las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Norma Lucia Piña Hernández. La diferencia que gravita entre las dos ministras, es la percepción pública de la cercanía entre la ministra Esquivel Mossa y el presidente de la república a partir de la relación que existe entre José María Riobo, cónyuge de la ministra y el presidente López Obrador. Su elección como titular de la Suprema Corte, sin duda generaría graves e ¿insalvables? obstáculos a la actividad administrativa y jurisdiccional; también sería una gestión marcada con el sino de la subordinación.

En el caso de la ministra Norma Lucia Piña Hernández, ésta ha sabido aprovechar su experiencia como funcionaria de carrera judicial; en los últimos años ha conseguido posicionar su discurso sobre la situaciones de desventaja que enfrentan las mujeres al interior del Poder Judicial de la Federación (PJF). Su postura, le ha generado un alto grado de empatía de la familia judicial. La falta de filiación política partidista y su pertenencia al PJF, pueden ser factores determinante para acceder a la presidencia de la SCJN. La elección de la ministra Piña Hernández, dejaría satisfecha a la familia judicial, al tener a uno de sus miembros como titular de la Suprema Corte y no sería mal vista desde el poder ejecutivo federal. Hasta cierto punto generaría en el ánimo de López Obrador la certidumbre de que su proyecto político-social seguirá avante.

Por otra parte, una elección que busque dar continuidad al actuar del ministro Arturo Záldivar Lelo de Larrea, actual presidente de la SCJN, pero que a su vez profundice el alcance de los derechos humanos y el cambio de paradigma en la actividad jurisdiccional, convierte al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en el candidato con mayores posibilidades de alcanzar la presidencia de la Corte; si bien, éste fue designado en las postrimerías (noviembre de 2012) del sexenio de Felipe Calderón, su inclusión en la terna derivó de una propuesta formulada por el Partido Revolucionario Institucional; no obstante, el ministro Ortíz Mena, desde temprano tomó distancia de los actos de la administración encabezada por Enrique Peña Nieto, formulando sentencias relacionadas con la libertad de expresión, la integridad personal, derecho a la salud, desaparición forzada, etcétera, que muchas veces contrariaron el ánimo presidencial. La actividad jurisdiccional y los lazos de consanguinidad que unen al ministro con algunos funcionarios de la actual administración, pueden ser claves al momento de la elección.

En conclusión, la posibilidad de alcanzar la presidencia de la SCJN se reduce a tres contendientes: Yasmín Esquivel Mossa, Norma Lucia Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; en alguno de estos, recaerá la titularidad del máximo tribunal.

COMPORTAMIENTO JUDICIAL

No deja de sorprender la cantidad de operadores de justicia que añoran el retorno a las prácticas y privilegios del pasado. Una revisión de las redes sociales muestra el apoyo que tiene de magistrados, jueces y secretarios con una visión formalista (conservadora) del derecho, el ministro Alberto Gelasio Pérez Dayán.

Llaman la atención muchos de los comentarios que “a título personal” realizan los simpatizantes del ministro Pérez Dayán, opiniones sesgadas cargadas de antipatía, clasistas y de menosprecio hacia las personas de escasos recursos, así como las expresiones de odio en contra del presidente López Obrador y de sus simpatizantes. Por si fuera poco, ponen de manifiesto una clara identificación con los anteriores grupos políticos que gobernaron a nuestro país.