Los hechos suscitados en los últimos días y que derivaron en el asesinato del periodista Víctor Alfonso Culebro (28 de junio) en el municipio de Cintalapa de Figueroa; el homicidio de 20 personas (26 de junio) en la Concordia; la emboscada perpetrada contra un convoy del Ejército (Marqués de Comillas) que arrojó como resultado la muerte de un militar y varios más heridos (01 de julio); así como el desplazamiento forzado interno de centenares de personas pertenecientes al municipio de Tila, son ejemplos contundentes de la incontrovertible ineptitud de Rutilio Escandón Cadenas para gobernar el Estado de Chiapas.

La fallida gestión encabezada por el gobernador Escandón Cadenas fue de origen una administración que se distinguió por el abuso de autoridad y las graves violaciones a los derechos humanos, un gobierno que no tuvo reparos en invadir las facultades del poder judicial local y federal, para llevar a cabo desalojos y recuperación de inmuebles cuya propiedad se encontraba en litigio ante los órganos de administración de justicia. Sobra decirlo, que invariablemente los actos de la administración encabezada por Rutilio Escandón, beneficiaron a grupos o personajes con fuertes intereses económicos.

Los asesinatos de los defensores de derechos humanos Sinar Corzo, Noé Jiménez Pablo, Estelina López Gómez, José Luis Álvarez Flores; Nora López León (https://bit.ly/4agwz3T) suscitados en el primer año de gobierno de REC, lamentablemente constituyeron el rasgo distintivo de la fallida administración.

El asesinato de Gilberto Rivera Amarillas, identificado por las autoridades federales como jefe de plaza del cártel de Sinaloa en Chiapas, perpetrado el siete de julio de 2021, rompió la ficticia seguridad pública que tanto alardearon los gobernadores locales, desde tiempo atrás la presencia de los grupos de la delincuencia organizada en el estado de Chiapas era notoriamente visible. Desde aquel 7 de julio la espiral de violencia en la que se encuentra inmersa esa entidad federativa ha crecido sustantivamente, al igual que los asesinatos y el desplazamiento interno de comunidades.

Es claro que, en la frontera sur de México y específicamente en la colindancia de Chiapas con Guatemala, actualmente se desarrolla un conflicto armado en cual se encuentran involucrados el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, la lucha por el control territorial de la frontera sur y el estratégico corredor de la Fraylesca-Costa, ha ocasionado la muerte de decenas de personas y desplazamiento forzado interno de centenares de gentes que habitan en las regiones que se disputan los grupos de la delincuencia organizada. La presencia masiva de elementos militares y de las fuerzas encargadas de la seguridad pública y procuración de justicia (Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal y Policía Ministerial) no ha conseguido reducir los índices de violencia, incluso muchas víctimas de desplazamiento forzado han señalado la connivencia que existe entre las fuerzas del orden y los delincuentes.

El empeño del presidente Andrés Manuel López Obrador de minimizar los hechos que se suscitan en la frontera sur a estas alturas solo puede ser catalogado como un acto que busca encubrir de la incapacidad de Rutilio Escandón para gobernar el estado de Chiapas; incluso se ha convertido en una muletilla el párrafo con el que la Fiscalía del Estado concluye sus comunicados de prensa “La Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso de aplicar el Estado de Derecho y garantiza que ninguna acción fuera de la ley quedará impune”.

El 11 de julio del presente, en el marco del 190° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se llevará a cabo una audiencia pública solicitada por cincuenta organizaciones defensoras de derechos humanos, las cuales expondrán ante los representantes de la CIHD y el Estado mexicano, el impacto de la Situación de Violencia en Chiapas de los derechos humanos. La audiencia temática además de visibilizar y denunciar la situación que prevalece en esa entidad federativa puede tener un efecto disuasivo para prevenir hechos de mayor violencia.

A escasos cinco meses de la conclusión del gobierno encabezado por Rutilio Escandón Cadenas, es difícil que éste renuncie o pida licencia para abandonar el cargo. No puede incluso descartarse que el gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar prefiera que su antecesor continúe dirigiendo la administración pública local para contar con más elementos que le permitan romper tajantemente con el pasado. La oriundez del gobernador electo con la zona en donde actualmente se desarrollan los enfrentamientos armados, será un factor importante al momento en que éste emprenda las acciones encaminadas a resolver los conflictos que asolan al Estado.

COMPORTAMIENTO JUDICIAL

La reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación y poderes locales sigue su curso, la elección de los ministros, magistrados y jueces por medio de elección popular. Lamentablemente es un hecho consumado; si bien, estoy de acuerdo con la propuesta de que el poder judicial debe ser reformado, en este espacio he señalado mis reticencias sobre la viabilidad de la elección popular y los riesgos que implica que aquella sea usufructuada por los grupos de poder político, económico y fáctico.

Es probable que el único cambio que pueda sufrir la reforma sea la sustitución y elección gradual de los juzgadores, como una concesión a la petición y/o sugerencia que han expresado algunos ministros, magistrados, jueces, académicos y litigantes en los Foros organizados por el Poder Legislativo.