Cotidianidades

Leonel Rivero

Desaparición forzada, la tenacidad de las víctimas en su reclamo de justicia

El periodista venezolano Carlos Enríquez Consalvi (SANTIAGO), en su libro “La terquedad del Izote”, narra la experiencia azarosa de los operadores de Radio Venceremos, el medio de comunicación masiva que jugó un papel destacado durante la lucha de liberación emprendida en la República del Salvador por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN)

El valor estratégico de Radio Venceremos, trascendió el plano social como herramienta destinada a la reivindicación de las demandas sociales y de concientización política del pueblo. La radio, jugó un papel preponderante en la difusión pública de las atrocidades que perpetraron contra la población civil las fuerzas especiales del ejército salvadoreño.

Las denuncias públicas de Radio Venceremos, atrajeron la atención internacional, gracias a la labor informativa de la radio. El mundo pudo enterarse de la demencia criminal con la que actuaron los miembros del batallón Atlacátl, al desarrollar la estrategia contrainsurgente conocida como “tierra arrasada” aplicada con una perversidad meticulosa, en el caserío “El Mozote”, donde asesinaron a cerca de mil personas. Al paso del tiempo, el abominable acto criminal fue objeto de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que determinó que las fuerzas armadas del Salvador, porque habían incurrido en violaciones graves a los derechos humanos de los habitantes de El Mozote.

A lo largo de su texto Enríquez Consalví, describe que la molestia que produjo la actividad de difusión de Radio Venceremos, llevó al Estado Mayor del ejército salvadoreño, a comisionar al sanguinario batallón Atlacátl para que destruyera la radio y aniquilara a sus operadores. Los intentos de acallar al medio de difusión fueron inútiles; la tenacidad y el compromiso militante de los responsables de la radio, logró que la transmisión fuera incesante, sobreponiéndose a las peores adversidades de la guerra.

Al igual que el Izote, -la flor nacional del Salvador que se caracteriza por brotar en lugares en los cuales otras plantas difícilmente pueden sobrevivir o adaptarse, su renacimiento cíclico-, es objeto de admiración. Los responsables de Radio Venceremos, a través de su perseverancia en las peores condiciones de la guerra, dieron al mundo una lección de firmeza inclaudicable.

Traigo a colación la obra de Henríquez Consalvi, para fijar un paralelismo entre la tenacidad, la fortaleza y la valentía mostradas por los militantes revolucionarios, mismas cualidades que han desplegado los familiares y organizaciones que en México encabezan la lucha por la presentación con vida de las personas desaparecidas.

El 30 de septiembre se conmemoró el día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. De acuerdo con la información que emitió Amnistía Internacional, con motivo de esa efemérides, en México existen más de 70 mil personas desaparecidas.

Han transcurrido más de 40 años, pero en el imaginario social sigue presente la lucha que emprendieron Rosario Ibarra de Piedra y otras madres que aún sufren la desaparición de sus hijos a manos del Ejército, de la policía política del régimen o de los grupos paramilitares. La exigencia al Estado para que fueran presentados con vida sus familiares, topó con la resistencia institucional de los gobiernos priistas, sin embargo la lucha no fue estéril, la presión nacional e internacional obligó a las autoridades a excarcelar de los campos militares y presentar con vida algunos activistas detenidos. Las “doñas”, trazaron el ejemplo de lucha, que años después, seguirían las miles de personas que han padecido la desaparición de un familiar; como en el Izote, el reclamo renació con más vigor, en medio de la denominada guerra contra el narcotráfico emprendida por el malhadado ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

La incansable lucha escenificada por los familiares de los desaparecidos en las décadas de los setentas y ochentas del siglo pasado, enfrentó el desdén y la violencia institucional (persecuciones, agresiones físicas, campañas de calumnias, etcétera), que pretendía acallar sus reclamos. Ese mismo patrón de conducta estatal se repitió e incluso se agudizó en los gobiernos encabezados por Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Con el gobierno actual, el trato dispensado a las familias de los desaparecidos, es similar al que les otorgaron los regímenes anteriores. Paradójicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegó al poder adoptando el lema de campaña política “por el bien de todos primero los pobres”, se ha mostrado insensible con la inmensa mayoría de las familias y organizaciones que exigen la presentación con vida de los desaparecidos, negándoles un diálogo y una atención directa, otorgando un trato diferenciado injustificado, que privilegia la atención de ciertos casos -importantes sin duda alguna-, por encima del reclamo generalizado.

El menosprecio mostrado por el primer mandatario lejos de amilanar a las víctimas, las ha fortalecido. Ante el desdén presidencial, los familiares de los desaparecidos y los colectivos que los acompañan, día a día han refrendado su determinación de seguir adelante, con la conciencia plena de que la tenacidad, el valor y la fortaleza, reviven día a día sus reclamos de justicia.

Comportamiento Judicial

Han sido diversas las ocasiones, en las que me he referido a la existencia de un grupo cada vez más amplió de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación comprometidos con su labor jurisdiccional y con la tutela efectiva de los derechos de los justiciables.

En los tiempos que corren, ese bloque de juzgadores ha demostrado, además de un profundo compromiso social, una sólida formación jurídica que a través de sus sentencias les permite proteger y expandir los derechos de los grupos más vulnerables.

Prueba de lo anterior, es la reciente sentencia emitida por la licenciada Julissa González Rojas, titular del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales del Vigésimo Circuito (Chiapas), en el juicio de amparo indirecto 329/2020, a través del cual, un grupo de cuatro indígenas integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI CNPA MN) reclamaron la violación del derecho a la salud por parte del Presidente de la República, el Gobernador del Estado de Chiapas y el Secretario de Salud Federal, ante la falta de difusión adecuada en las lenguas indígenas tsotsil, tseltal, zoque y chol, de información oportuna, veraz y de las acciones emprendidas por esas autoridades ante la emergencia epidemiológica derivado de la pandemia causada por el virus COVID-19.

A partir del bloque de constitucionalidad que tutela el derecho a la salud, la juzgadora federal analiza las acciones de difusión en las lenguas de los pueblos indígenas, tsotsil, tseltal, zoque y chol, emprendidas por las autoridades, para atender la situación de emergencia epidemiológica derivado de la pandemia causada por el virus COVID-19, y determina que el Presidente de la República, el Gobernador del Estado de Chiapas y el Secretario de Salud Federal, violaron el derecho a la salud de esos cuatro pueblos indígenas.

En su sentencia, la jueza refrenda que las comunidades y pueblos indígenas son sujetos de derecho pleno y que las acciones de difusión de la información en la lengua materna que lleven a cabo las autoridades federales y estatales, debe ser producto de un diálogo intercultural autoridades/quejosos y pueblos indígenas, que permita un consenso bilateral en el que prevalezcan las especificidades y la cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas.

Siguiendo el ejemplo de la Corte Suprema Argentina, en el caso Riachuelo, la Jueza Federal ordena al Presidente de la República, al Gobernador del Estado de Chiapas y al Secretario de Salud Federal, que los funcionarios que dialoguen con los quejosos y las comunidades indígenas deberán tener el nivel de subsecretarios, o bien ser funcionarios con capacidad de decisión para celebrar acuerdos, debiendo informar el contenido de los compromisos pactados y sus resultados durante el tiempo que dure la emergencia epidemiológica.

La forma innovadora en que fue resuelto el juicio de amparo, trascendió las fronteras y ha sido mencionado en artículos que abordan resoluciones paradigmáticas en materia de derechos humanos (1), además de ser objeto de estudio en el Instituto de la Judicatura Federal.

(1) https://voelkerrechtsblog.org/vulnerability-in-times-of-corona/

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