A la memoria de mi hermano Eduardo, las circunstancias cotidianas y mi falta de perseverancia pospusieron para siempre los momentos de convivencia. 

La muerte de un hijo transgrede el orden natural, impone a los padres una pena desproporcionada que trasciende por el resto de su vida. Mi admiración y solidaridad con mi padre que ha sobrellevado con entereza el deceso de sus hijos Silvia y Eduardo. 

La desaparición forzada suprime la presencia física de la víctima, también, en muchas ocasiones conlleva a su olvido familiar y/o social. El propósito del criminal se ve potencializado por la incapacidad y/o aquiescencia de las autoridades ministeriales y judiciales para investigar y sancionar la desaparición. 

Cuando la desaparición se produce por motivos políticos, el perpetrador, además de suprimir la disidencia y la crítica, busca evanecer la presencia del opositor de todos los ámbitos (familiar, social y político). Las secuelas de la sustracción, generan una onda expansiva que produce daños irreversibles (físicos, emocionales, organizativos) en el entorno familiar y social de la víctima.

Sin embargo, cuando la desaparición forzada se convierte en un fenómeno sistemático y las víctimas se cuentan por decenas de miles, la evanescencia se transmuta en presencia, y las víctimas a través de sus familiares y colectivos de búsqueda adquieren un rostro y una historia de vida, que cotidianamente perpetúa su figura. Cuando esto acontece, como en el caso de México, el Estado debe enfrentar un dilema jurídico y moral, que lo obliga a reconocer públicamente su incapacidad para erradicar y castigar la desaparición y por ende, su responsabilidad directa e indirecta en dicha práctica.

La desaparición de más de cien mil personas, ha puesto contra la pared a las autoridades mexicanas. El aumento sistemático de desapariciones demostró el rotundo fracaso de la política estatal, que buscó atacar la causa-efecto a partir de un caso paradigmático (Ayotzinapa), al que le han sido destinados toda clase de recursos (jurídicos, económicos, científicos, etcétera), menospreciando otros casos en los cuales las autoridades tienen el mandato judicial (sentencia) de crear junto con los familiares de las víctimas, la infraestructura jurídica y material que permita desarrollar las investigaciones y la identificación y sanción de los responsables.

Desafortunadamente ha quedado evidenciado que el combate y la erradicación de la desaparición forzada, va más allá de la ministración de recursos y la voluntad del primer mandatario de aclarar los casos que él ha determinado; el estado actual de las cosas ha demostrado que la voluntad presidencial y la infinidad de reuniones con los padres de los normalistas y sus representantes, han resultado ineficaces para determinar el paradero de los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos.

Los reclamos que en los últimos años han llevado a cabo los familiares de personas desaparecidas, las organizaciones sociales y los grupos armados, aunados a las acciones de búsqueda emprendidas por diversos colectivos, ha revertido los propósitos de los perpetradores. Hoy más que nunca la presencia de las víctimas sigue ganando espacio en el imaginario colectivo. Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, están presentes en la memoria de sus familiares y camaradas; la fidelidad de sus principios y el espíritu de sacrificio continúan vigentes, su desaparición forzada lejos de borrar su presencia, la enalteció.

Hoy, Solecito, Amores, Hasta encontrarlos, Fundem, Madres buscadoras, y muchos colectivos de familiares, han sentado las bases para perpetuar la presencia de todos desaparecidos a través de la recuperación de sus historias de vida, truncando para siempre la intención de los perpetradores de borrar de la faz de la tierra todo vestigio de las víctimas.

La memoria colectiva dejó de ser en lo básico un deposito de mitos, para transformarse en la salvaguardia de la presencia perenne de los desaparecidos.

COMPORTAMIENTO JUDICIAL

Los resultados electorales del pasado 5 de junio, impactarán la carrera por alcanzar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya elección se llevará a cabo en la primera semana de enero de 2023. La expectativa -¿apuesta?- del bloque de ministros basada en que una derrota de MORENA en las elecciones estatales del 5 de junio facilitaría su acceso al poder, ha quedado truncada. A seis meses de la elección del ministro que encabezará la presidencia del máximo tribunal, es un hecho –salvo que se produzca un cisma que divida y destruya a MORENA- que el próximo presidente del Tribunal Constitucional pertenecerá al bloque afín al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

La victoria del partido en el poder fortaleció su influencia política, por lo cual contará con un margen suficiente para incidir en la elección del próximo presidente de la SCJN, a través de los ministros que han sido cercanos al poder.

Aunque muchos de los malquerientes del presidente y su partido se rasgarán las vestiduras, acusándolos de intromisión, es claro que el diseño constitucional que reglamenta la elección de ministros de la SCJN, al igual que en muchos países, incluyendo los Estado Unidos de América, permite que el titular del Ejecutivo y el Congreso, sean los poderes que determinen la designación de los ministros y con ello la composición jurídico/ideológica (liberal o conservadora) de la SCJN.

Quién sostenga lo contrario, no solo desconoce el contenido de la norma constitucional, también ignora la lucha ideológica que se desarrolla en torno a la designación de los ministros.

Los ministros Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Norma Lucia Piña y Luis María Aguilar, identificados con los intereses políticos y económicos del PRI y el PAN, han contemplado como los resultados electorales del 5 de junio, truncaron su aspiración de retomar el control del máximo tribunal. La “aristocracia judicial” tendrá que esperar mejores tiempos para sentar nuevamente sus reales.