Durante el Segundo Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia, que se celebró en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la Ciudad de México el pasado 14 de septiembre, se evidenció dramáticamente, el grado de sufrimiento e impotencia que enfrentan las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

Los reclamos de justicia, la exigencia de castigo a los responsables y los relatos de los familiares dejaron atónitos al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, a la futura  secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y al próximo subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas; sus gestos de contrariedad, asombro y pesadumbre denotaban el impacto que les produjo conocer de viva voz el viacrucis por el que han transitado las víctimas.

Era evidente, que las exigencias tomaron de sorpresa al presidente electo y demás integrantes del futuro gabinete. La respuesta que el primero dio a los familiares fue desarticulada, nada concreto sobre las acciones de búsqueda, su reclamo de acceso a la justicia y el castigo a los responsables; lamentable fue también, la petición de Alejandro Encinas de guardar un minuto de silencio, cuando lo que debe prevalecer es la presunción de vida. Como muchas autoridades en este país, el futuro subsecretario de Derechos Humanos parte del principio de presunción de muerte.

López Obrador y los miembros de su gabinete por vez primera se enfrentaron a la situación -que de no corregirse-, les tocará lidiar a lo largo de su sexenio. 

Los reclamos de los familiares, evidenciaron con una crudeza conmovedora, la incapacidad de los órganos de procuración de justicia, para investigar la desaparición forzada, así como el suplicio que padecen las familias buscadoras en las agencias del ministerio público, la revictimización y la estigmatización de que son objeto. Lo más fácil para los fiscales y los policías es relacionar las causas de la desaparición de la persona con presuntas actividades ilícitas supuestamente practicadas por ellas. En suma, el desdén de las autoridades tiene como propósito generar desánimo en las familias.

La realidad alcanzó  a los futuros gobernantes y puso al descubierto el sufrimiento de los familiares. Ese Segundo Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia marcará un antes y un después. La atención al fenómeno de la desaparición forzada requiere compromisos profundos no sólo de investigación del delito, también de prevención atacando las causas que han dado lugar al estado de las cosas. La postura del López Obrador, expresada el 26 de septiembre en la reunión  que sostuvo con los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, va en ese rumbo.

Ninguna sociedad o sistema de justicia están preparados para afrontar la desaparición forzada; éste delito no debería existir en un Estado cimentado en instituciones sólidas. En México, con el paso de los años y a partir de la exigencia de los familiares las autoridades, se han desarrollado protocolos de búsqueda, equipos multidisciplinarios que participan en la investigación, atención especializada a las víctimas de delitos, entre otras acciones.

Algunos tribunales del Poder Judicial de la Federación, a través de diversas sentencias de amparo, han obligado a las autoridades a realizar investigaciones efectivas. También han ordenado la creación de comisiones de búsqueda y comisiones de la verdad.

Justo es remarcar, que el presidente electo y los miembros de su gabinete no son los culpables de la situación actual, sin embargo el gobierno entrante tendrá la responsabilidad de continuar con las investigaciones, esclarecer los hechos y castigar a los responsables. Ese es un deber legal, pero también un principio de congruencia política dado que fue una promesa de campaña.

Para cumplir con su objetivo el futuro gobierno tendrá que atacar las causas que originaron el estado actual de las cosas: la inseguridad, el narcotráfico, la delincuencia organizada, no sólo a través de acciones preventivas dirigidas a combatir la inseguridad y sus efectos colaterales, sino que también deberá implementar una política social profunda que ayude a recomponer el tejido social.

COMPORTAMIENTO JUDICIAL

La frase atribuida a Jesús Reyes Heroles “En política la forma es fondo”, adquiere actualidad con el discurso pronunciado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, durante una sesión solemne donde se tomó protesta a diez jueces de Distrito.

Ante los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el ministro realizó una serie de declaraciones que no pueden ser obviadas por su trascendencia y porque además son acordes con la elección del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe celebrarse en la primera semana de enero de 2019.

De acuerdo con la información que circuló en varios diarios nacionales.

El ministro Zaldívar, reconoció que existen actos de corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación, por lo que consideró que “es necesario diseñar estrategias para atacar este tipo de delitos”. Para el ministro, es innegable que la corrupción se encuentra presente en algunos órganos federales de impartición de justicia, por lo que a su juicio, “tanto en la impartición de justicia como en las funciones administrativas del Poder Judicial deben operar eficazmente los procesos que permitan detectar y sancionar firmemente los actos de corrupción, en una política de cero tolerancia”. El ministro concluyó su alusión señalando que “un Poder Judicial de la Federación fuerte y confiable es indispensable en el combate a la corrupción”.

Zaldívar Lelo de Larrea, además aseveró que el Poder Judicial de la Federación les debe a las víctimas de la violencia en este país “un conocimiento de la verdad que ayude a sanar su dolor”. Al destacar la importancia de los tribunales consideró que “en una verdadera democracia, la única vía en sede judicial para obtener esa justicia es a través del debido proceso” resaltando que será a través de procesos justos, donde serán “sancionados quienes sean hallados culpables, más allá de toda duda razonable. Esa es la verdadera justicia a la que las víctimas aspiran y tienen derecho”.

En consonancia con el futuro gobierno, el ministro también señaló “que se deben diseñar programas y políticas de austeridad “reales y no simbólicas” sin que afecten la calidad de la función jurisdiccional.” Por lo que “cada peso del presupuesto debe servir a la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial. La sociedad debe saber con toda transparencia cuánto gastamos, cómo gastamos y para qué gastamos, para así tener la certeza de que el dinero público sirve a fines públicos y no financia privilegios”.

La postura del Ministro Zaldívar Lelo de Larrea no sólo es una autocrítica del papel que juega el Poder Judicial de la Federación, también debe verse, cómo una propuesta de transformación de la labor jurisdiccional.

Como en la anterior elección, que por cierto perdió el ministro Zaldívar, se avizora la conformación de dos bloques, el perteneciente a la autodenominada “familia judicial”, es decir los ministros con carrera judicial y el bloque externo, que en este momento es mayoría, pero que con la salida del ministro José Ramón Cossío, quedará en igualdad de número (cinco ministros por cada bloque).

El cómo se procesen y negocien los acuerdos entre los bloques, determinará el resultado de la elección.