El discurso pronunciado por la ministra Norma Lucia Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el pasado 5 de febrero, levantó algarabía entre los opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador y no pocos integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF). Para muchos, el discurso de la ministra marca claramente su postura sobre la independencia judicial frente a los demás poderes de la Unión y un cambio en la relación interinstitucional con el titular del poder ejecutivo, distinta a la que sostuvo el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Sobre la presunta inobservancia por parte de la presidenta de la SCJN, del protocolo que deben seguir los funcionarios en los actos oficiales que encabeza el primer mandatario y que a muchos les hizo recordar la celebre frase de Jesús Reyes-Heroles “en política la forma es fondo”, considero que la omisión de la ministra Piña Hernández fue más un descuido involuntario que un acto premeditado. La conducta de la ministra no debe juzgarse como un desafío al presidente López Obrador, como pretende presentarlo la oposición, tampoco puede considerarse una descortesía como la han calificado los simpatizantes del primer mandatario. Un desplante en los albores de su mandato, sería de poca utilidad para una relación que en toda democracia ha estado sujeta a los vaivenes políticos.

Más allá de las apreciaciones que llevaron a cabo los opositores  y los simpatizantes del actual gobierno, el discurso de la ministra alcanzará un valor de trascendental, si ella a través de las acciones de su mandato puede materializar la independencia judicial, como la vertiente del ejercicio libre de la actividad jurisdiccional apartada de toda intromisión que altere u obstruya la labor del juzgador.

Como también lo refirió la ministra en su discurso, otra vertiente de la independencia judicial es la transversalidad con el derecho de acceso a la justicia de los gobernados, por lo que “la ponderación de la actividad de los jueces en virtud de las resoluciones que emiten” debe estar sujeta de un estricto escrutinio. Y no sólo a través de los medios de impugnación establecidos en la Ley de Amparo, sino también a través de un análisis académico de las sentencias, que permita evaluar el alcance protector y la capacidad profesional de los impartidores de justicia.

Finalmente, otra vertiente de la independencia judicial, se encuentra intrínsecamente ligada a la transparencia y rendición de cuentas de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. La ministra, como funcionaria de carrera judicial, conoce perfectamente los lastres y prácticas viciadas enquistadas en el aparato judicial: el nepotismo, el favoritismo, la innegable corrupción en muchos circuitos y la ineficiencia disfrazada de “carga de trabajo”, también deben ser combatidos de manera frontal.

La ministra presidenta, también debe tener presente que el apoyo que públicamente le ha expresado una parte considerable de la familia judicial, no es un respaldo desinteresado, sino un anhelo del retorno al status quo que prevaleció bajo la presidencia de los ministros Luis María Aguilar Morales, Mariano Azuela Guitrón y muchos otros que los antecedieron, los cuales son considerados como los precursores de la familia judicial, una clan que bajo el pretexto de la independencia judicial, se alejó de la realidad social y se abstuvo de tratar a los gobernados como sujetos de derecho, reduciendo sus exigencias de justicia a simple expectativas de derecho.

La presidenta de la Corte debe ignorar los halagos de los corifeos políticos que la equiparan a la guardiana absoluta del orden constitucional y el Estado de derecho. La ministra Norma Lucia Piña debe tener presente los vaivenes convenencieros de la oposición, que así como hoy la ensalza, mañana la denostará sin ningún miramiento ante una acción que considere afín a los intereses del régimen.

Mal haría la ministra Norma Lucia Piña en sucumbir a los cantos de las sirenas expresado a través de la voz de los opositores políticos y de la enorme mayoría de la familia judicial. Su mandato apenas inicia, su labor no puede ser calificada prima facie. El éxito y la trascendencia de su gestión sólo puede ser evaluada de forma objetiva, a partir de la forma en que afronte las controversias judiciales que cotidianamente plantean los otros dos poderes de la Unión y los gobernados, así como la erradicación de los lastres internos que impiden materializar el derecho de acceso a la justicia.

COMPORTAMIENTO JUDICIAL

La intensa actividad en las redes sociales -dentro de su horario laboral-, de infinidad de jueces y magistrados, debe ser revisada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a través de la Comisión competente.

No se trata de coartar la libertad de expresión de los juzgadores; éstos pueden hacer uso de las redes sociales y expresar sus ideas fuera de su horario laboral. Si la nueva ministra pretende cambiar el paradigma de la administración de justicia, en su calidad de presidenta del CJF, debe velar que los jueces y magistrados cumplan cabalmente con su labor jurisdiccional.

Una revisión somera de la actividad en las redes sociales de muchos jueces y magistrados, permite advertir que a lo largo de su jornada laboral tienen infinidad de interacciones con otros usuarios, que van desde el simple “me gusta” hasta comentarios bastantes amplios. Irónicamente varios de activos usuarios a finales de mes se quejan que no pueden cumplir con las cuotas de trabajo debido a la “cantidad de asuntos que tienen encomendados”.