El 3 de octubre del año en curso un numeroso contingente de habitantes de varios municipios de las Sierras Norte y Nororiental del estado de Puebla ingresó por la fuerza en el recinto ferial de Huauchinango (Puebla) donde el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y varios ministros presentaban un balance del Plan de Apoyo a Personas Afectadas por el Huracán Grace, en Puebla. La irrupción no fue una provocación de las “organizaciones sociales clientelares” como lo quisieron presentar (AMLO) y el gobernador del estado de Puebla Miguel Barbosa. El acto de protesta fue producto de la conjunción de diversos factores: falta de sensibilidad y oficio político, corrupción y nepotismo por parte de los servidores públicos federales y estatales. Vayamos a las causas que originaron la irrupción.

El paso del huracán Grace por los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo el 21 de agosto de 2021 tuvo efectos devastadores en varias zonas de esas entidades federativas. De la noche a la mañana, decenas de miles de personas sufrieron daños en sus bienes. La gran mayoría de las víctimas vive en condiciones de extrema pobreza y marginación. El fenómeno meteorológico, agravó la condición de vulnerabilidad de los damnificados.

El 27 de agosto de 2021, la Oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Bienestar Público, emitió un comunicado informando que en coordinación con los gobiernos estatales y municipales serían censados 69 municipios del estado de Puebla, 44 del estado de Hidalgo, y 28 del estado de Veracruz, para identificar, las afectaciones causadas por el huracán Grace, tal como lo había instruido el presidente de la república.

El comunicado también señalaba que… en seguimiento a la instrucción presidencial de trabajar coordinadamente, sin burocratismo y con transparencia, para acelerar el apoyo a la población afectada, el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, estableció mecanismos de coordinación con los gobiernos de Veracruz, Puebla e Hidalgo y sus respectivas autoridades municipales. La protesta suscitada el tres de octubre puso al descubierto que cientos de familias fueran excluidas del Censo y por ende del plan de apoyo gubernamental debido a las prácticas burocráticas y la falta de transparencia con la que actuaron los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, pero sobre todo el ente corporativo denominado Servidores de la Nación.

Los días 24, 25 y 26 de agosto los Servidores de la Nación y las Brigadas de Bienestar, efectuaron en las sierras Norte y Nororiental del estado de Puebla, el censo de las personas que sufrieron afectaciones en sus viviendas y daños en sus enseres domésticos o cultivos. De acuerdo con los grupos inconformes, en el registro que llevaron a cabo los funcionarios federales, éstos privilegiaron a sus familiares a personas afines a los gobiernos estatal y municipal, así como a militantes y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y de partidos aliados. La actuación de los Servidores de la Nación, fue la primera causa de inconformidad al dejar fuera del censo a cientos de familias que en los municipios de Cuetzalan del Progreso, Tuzamapan de Galeana, Ayotoxco de Guerrero, Teziutlán, Jonotla, Huehuetla, Tenampulco, Tetela de Ocampo (Sierra Nororiental) y; Jopala, Huauchinango, Tlaola y Tlapacoya (Sierra Norte), dando lugar a las primeras protestas las cuales fueron minimizadas por los funcionarios federales.

Con el paso del tiempo la protesta fue tomando forma por las tareas organizativas que realizaron diversos integrantes del Movimiento Independiente Obrero, Campesino Urbano y Popular integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (MIOCUP–CNPA MN), los cuales fueron indebidamente excluidos del registro, a pesar de que también resultaron perjudicados en sus bienes.

El 20 de septiembre de 2021, cientos de personas marcharon en la ciudad de Teziutlán, Puebla. Como resultado de la protesta obtuvieron el compromiso de la delegada de Bienestar Inés Vargas Cualo, de que el 24 de ese mes se reuniría con los inconformes en la cabecera municipal de Cuetzalan del Progreso Puebla, para atender personalmente las quejas y solicitudes que fueron formuladas. En la fecha acordada, la delegada federal no se presentó, acudiendo en su lugar un Coordinador Regional, que se dedicó a confrontarse con los asistentes, ya que éstos le cuestionaron la falta de transparencia del censo y los actos de nepotismo y corrupción en que estaban incurriendo los Servidores de la Nación al privilegiar el registro de familiares, militantes de Morena y personas afines al gobierno, muchos de los cuales no habían sufrido afectaciones.

Ante el fracaso del coordinador regional, la delegada federal se vio obligada a reunirse con una comisión representativa de las familias inconformes. Ante el cúmulo de quejas que le fueron expuestas, la funcionaria federal reconoció que existían “errores” en el censo los cuales solo podían ser subsanados por instrucción presidencial. La respuesta formulada por la delegada, fue el corolario de los hechos suscitados el tres de octubre.

Al ser informado por el gobernador Miguel Barbosa de que en el grupo que irrumpió en la reunión, se encontraban presentes varios integrantes del MIOCUP CNPA MN, el presidente como ya es su costumbre descalificó a priori la protesta, señalando que era una provocación montada por organizaciones sociales afectadas por la decisión de su gobierno de acabar con el intermediarismo y las prácticas clientelares. La intolerancia de AMLO hacia la gente que legítimamente cuestiona sus decisiones y actos de gobierno con argumentos y pruebas sólidas, le impide aceptar que el censo realizado por los Servidores de la Nación y las Brigadas de Bienestar, carece de transparencia y fue discrecionalmente en detrimento de un sinfín de personas afectadas.

Los daños ocasionados por el huracán Grace agudizaron las condiciones de pobreza y exclusión que padecen miles de personas que habitan en la sierras Norte y Nororiental del estado de Puebla. Si bien la marginación social es responsabilidad del sistema capitalista y no del actual gobierno, la operación tendenciosa del censo, sí es responsabilidad de los colaboradores del presidente de la república.

Es de sobra conocida la animadversión del primer mandatario hacia las organizaciones sociales y su desconfianza ante cualquier tipo de inconformidad; a las primeras las acusa de lucrar con la necesidad de las personas; a los actos de protesta los tilda de acciones ejecutadas por grupos conservadores que buscan desacreditar a su gobierno.

Más allá de sus fobias hacia el movimiento social y las crecientes inconformidades planteadas por diversos segmentos de la población, el presidente tiene la obligación legal de revisar las acciones del ente corporativo denominado Servidores de la Nación quienes han prohijado las prácticas corruptas que AMLO hipócritamente dice combatir, el ejemplo más reciente es el aquí reseñado.

A pesar de la promesa presidencial de que las familias inconformes serían atendidas por la delegada federal y del Secretario del Bienestar, al cierre de esta columna, no lo han hecho. Sigue prevaleciendo la falta de sensibilidad de las autoridades competentes, la descalificación de los justos reclamos y la denostación del movimiento organizado.

Comportamiento judicial

La concesión del amparo al empresario Kamel Nacif, otorgado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, Quintana Roo, reavivó la discusión sobre la existencia del innegable nepotismo y/o tráfico de influencias en el interior del Poder Judicial de la Federación (PJF).

La polémica más reciente está relacionada con la familia Avante Juárez. La magistrada Selina Haydee Avante Juárez, tuvo a su cargo la elaboración del proyecto de la sentencia que amparó a Kamel Nacif. A partir de la decisión judicial, la escritora Lydia Cacho en su calidad de víctima del delito imputado a Nacif y la ONG artículo 19, revelaron que además de la magistrada, en el PJF laboran Mario Avante Juárez, como Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el magistrado Alejandro David Avante Juárez, integrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ante el señalamiento realizado por Lydia Cacho y la organización defensora de periodistas y de la libertad de expresión, Artículo 19, el ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, descartó la existencia de nepotismo ya que los funcionarios judiciales “ trabajan en áreas distintas y no dependientes entre sí”, el presidente de la Judicatura pasó por alto los vasos comunicantes que existen al interior del PJF.

Para los usuarios cotidianos del sistema de administración de justicia federal, es de sobra conocido el tráfico de influencias que prevalece al interior del (PJF) las formas en las que muchos titulares de los órganos de justicia recíprocamente pactan las contratación de los familiares de sus pares para evadir el nepotismo. Justo es subrayar que esa práctica nociva es común en la función pública y no exclusiva del PJF.

Aunque pocos juzgadores admiten abiertamente la existencia del nepotismo y tráfico de influencias, en privado, las anécdotas sobre el desempeño de muchos recomendados son risibles debido a su ineptitud profesional, si bien la mediocridad no es una regla general, sí predomina sobre la excelencia.