Frente a la polarización de la sociedad alentada día a día desde las élites políticas y económicas, el discurso de odio que cotidianamente es la principal “tendencia” en las redes sociales, el control territorial y político-administrativo del crimen organizado en distintas entidades de la república que ha convertido a pueblos enteros en rehenes de esos grupos delincuenciales, todo esto sumado a la ineficacia de la guardia nacional y el fracaso del modelo de seguridad pública, cabe preguntarse si somos una sociedad inmersa en un Estado fallido.

Probablemente la mayoría de los lectores considerarán que las interrogantes que planteo son una exageración retórica que carece de sustento.

Sin embargo, los actos criminales que cotidianamente perpetran los grupos de la delincuencia organizada en diversas entidades federativas (Guerrero, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Chihuahua, etcétera) los cuales son expuestos a través de los medios de difusión, son verídicos e incluso reconocidos por las propias autoridades. De hecho, la complicidad que sostienen con los criminales algunos alcaldes, diputados, senadores, fiscales estatales, gobernadores y otros altos funcionarios, confirman el alto grado de descomposición en que se encuentra inmersa nuestra sociedad.

Los casos que hemos acompañado en el último lustro en varios estados de la república, son pruebas empíricas, que me llevan a asentir que nuestro país se encamina a convertirse en un Estado fallido, sobre todo porque en todos los casos nos hemos enfrentado a la simbiosis Estado-crimen organizado. Sólo un iluso o un demagogo puede negar la realidad.

Ha llegado el momento de cuestionarnos si como sociedad tenemos la capacidad de revertir el proceso de Estado fallido al que indefectiblemente nos encaminamos.

Comportamiento judicial

Con el retorno al esquema normal de labores, el Consejo de la Judicatura Federal pone fin al modelo emergente de administración de justicia que funcionó durante la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (Covid 19) cuyo impacto en los derechos de los justiciables deberá ser evaluado en los tiempos subsecuentes. También, deberá ser evaluada la capacidad de respuesta institucional ante la pandemia y el desempeño del personal judicial.

Muchos funcionarios judiciales (Magistrados, Jueces, Secretarios, Actuarios y Oficiales) deberán prescindir de la comodidad del hogar, la casa de descanso, el club deportivo, para presentarse nuevamente a sus órganos de adscripción.

Algunos pretextos derivados de las fallas del internet, la falta de señal telefónica y las enfermedades, quedarán como anécdotas memorables por su alto grado de surrealismo.