La expansión del internet está incontrolable, no solo conectando a más personas, sino exacerbando las injusticias económicas, políticas, cognitivas y culturales. Qué hacer. Se distinguen varias tendencias. La primera: en 2016, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución no vinculante¹ para la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet, estableciendo que la conexión sería un derecho propiciador del resto de los derechos (educación, libertad de expresión, posibilidades de una vida mejor en general). En México, el acceso a internet está consignado en la Constitución Política² desde la reforma a la Ley de Telecomunicaciones de 2013. A la vuelta de los años, esto se popularizó como el derecho universal al internet.

Dos. Los dueños de las corporaciones, traspolando su derecho humano a sus negocios, se lanzaron con todo abuso a la minería de datos, a la extracción de información personal y colectiva. Entonces surgió la discusión sobre quién tiene la propiedad y control de los datos. Dónde queda el derecho a la privacidad, a que no se trafique con los datos que piden las instituciones, las plataformas de venta, los bancos, los patrones. La vigilancia remota en espacios públicos y escuelas son parte de este debate sobre la propiedad de la información, así como la redistribución de la riqueza acumulada a partir de la información producida por todos. Es decir: si soy dueña de mis datos, puedo traficar con ellos como mejor me parezca.

Sin embargo la propiedad de las infraestructuras y procesos necesarios para la recolección de datos, en manos un puñado de empresas, hace imposible que individuos o incluso comunidades o sindicatos puedan competir con las decisiones sobre cómo usarlos. Y tener control de los datos y plataformas no garantiza sus aplicaciones sean éticas o sin fines de lucro, como sabemos por los crímenes cibernéticos y la red oscura.

Una tercera discusión se ha enfocado en reclamar que el manejo de la información no se norme como bien individual, sino que deberíamos exigir regulaciones que beneficien colectivamente. Implica asumir que los datos sean tratados como bien público o incluso como un valor social, equiparable a los patrimonios de la humanidad que nadie puede vender o vulnerar, porque pertenecen a todos. Esta postura demanda que se normen las formas de recolección y procesamiento de la información y que haya la posibilidad de negarse totalmente a la extracción de datos.

La “datificación” es la transformación de cualquier información en materia prima para la acumulación de capital, un proceso particular de creación de valor que distingue al capitalismo de la información de sus formas precedentes. La datificación sirve al capitalismo de dos formas: es un proceso de producción en sí mismo y un exacerbador de las injusticias, explica Salome Viljoen, y sugiere que tal vez lo que debe restringirse es la información que puede convertirse en datos y pasar al ámbito de la acumulación capitalista.³ Sería bueno entonces eliminar el objeto “datos” del centro de la atención, para que sean las relaciones en torno a los datos lo que deba protegerse: las relaciones colectivas que aseguran la salud material y cultural de las comunidades urbanas y rurales, los contextos en los cuales ocurre la recolección y procesamiento de la información. Asegurar entornos donde no se abuse de la información abre posibilidades de una gobernanza del internet buena para todos. De hecho, cuidar las relaciones en torno a las tecnologías, abre el camino a una consideración colectiva de qué innovaciones queremos y para qué.

Para infinidad de comunidades rurales, la recolección de datos se considera algo ajeno a la percepción de la vida y la solución de las necesidades.⁴ Mientras que los oligopolios del internet aseguran que el hambre es un problema de falta de datos,⁵ y no pocos gobiernos muerden el anzuelo, organizaciones campesinas, ambientalistas y movimientos por la alimentación exigen que se detenga la minería de información en selvas, bosques, sierras, manglares, comunidades indígenas y otros territorios donde los pueblos resuelven su existencia sin datos y producen la mayoría de la alimentación para el resto del mundo.⁶

Estas reflexiones que desfetichizan los datos llevan a otra discusión imprescindible: la del derecho a no conectarse.⁷ Hay que ir más allá de eliminar a los desconectados (resolver la brecha digital) y gobernar a los conectados, proponen Karla Prudencio y Peter Bloom.

¿Estar en línea es el fin que justifica todos los abusos? La pandemia y los confinamientos hicieron que el discurso de la conectividad tomara tanta fuerza que parece imposible “participar de la sociedad y la economía” sin estar en línea. Dividir el mundo en conectados y desconectados semeja una sub-lucha de clases en la que no es la propiedad de los medios de producción el eje del enfrentamiento sino “el acceso a un producto o servicio.”⁸ Hay quienes no tienen o no quieren conexión y no son más tontos, atrasados o de menor valía que los on-line. La pugna por acceso universal a internet encubre problemas estructurales, abuso y explotación históricos en millones de pueblos y barrios que ahora se ven invadidos de infraestructuras no solicitadas para instalar internet, aunque su autodeterminación para cultivar o mantenerse sin mineras y petroleras no la tomen en cuenta las autoridades, y al contrario, ocasione que sus representantes y líderes sean asesinados.

Ante la imparable ola de la conectividad, lo deseable sería que “comunidades específicas en lugares particulares puedan forjar sus propios destinos digitales o decidir si se mantienen en el mundo análogo”, dicen Bloom y Prudencio. Las políticas de conectividad tienen que incluir los argumentos de quienes quieren seguir desconectados. En el distante 2016, la ONU dijo que la conectividad era para propiciar el resto de los derechos, no un fin en sí mismo. Parecía una propuesta sana, pues mientras los derechos humanos han caducado,⁹ la conectividad aplasta todas las formas de relacionarnos que no pasan por las redes internéticas.

1^ Aquí el documento de la ONU: https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_32_L20.pdf

2^ Ver: “El acceso a internet en México es un derecho constitucional”, en https://www.gob.mx/gobmx/articulos/en-mexico-el-acceso-a-internet-es-un-derecho-constitucional

3^ Salomé Viljoen, “Data as property?” en https://phenomenalworld.org/analysis/data-as-property, 16 de octubre de 2020.

4^ Mecanismo de la Sociedad Civil-Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, “Contribución a la consulta del Grupo de Expertos sobre Datos (para seguridad alimentaria y nutrición)” en https://www.csm4cfs.org/es/contribucion-del-msc-a-la-consulta-del-ganesan-sobre-datos/

5^ FAO, “Bill Gates destaca la función de los datos y la tecnología para poner fin al hambre en la Conferencia de la FAO”, 15 de junio de 2021, en http://www.fao.org/news/story/es/item/1412078/icode/

6^ GRAIN, “Hambrientos de tierra: los pueblos indígenas y campesinos alimentan al mundo con menos de un cuarto de la tierra agrícola mundial”, en https://tinyurl.com/3n8zjdtd

7^ Peter Bloom y Karla Prudencio, “Mantenlo análogo: parámetros para una exclusión voluntaria de la conectividad”, en https://tinyurl.com/2u6f94yb

8^ Ibid.

9^ Gianni Tognoni, Secretario del Tribunal Permanente de los Pueblos, “Es oficial: los derechos humanos han caducado”, en Ojarasca 291, 10 de julio: https://tinyurl.com/8cjhhhkz