Clausewitz, teórico clásico sobre la guerra en el siglo XIX, decía que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”, y Foucault complementó esta frase con la idea de que “la política es la continuación de la guerra por otros medios”. Así se cerraba el periplo. Hemos venido reiterando cómo en México estamos atravesados, al menos en la última década, por acciones de guerra caracterizadas por formas de “exterminio masivo” (103 mil muertos, 32 mil desaparecidos y cientos de miles de desplazados) y “exterminio selectivo” (todas las semanas victimación o encarcelamiento de activistas sociales y políticos, periodistas, defensores de DDHH). Todo en medio de la impunidad y complicidad total del poder.

Pero la guerra, que entre otras cosas es un gran negocio, necesita permanentemente activar la “espiral de violencia”, para reproducir el aterrorizamiento social, la militarización, el armamentismo y el negocio económico. Esto se logra mediante múltiples formas de provocación y simulación. En México, actualmente estamos en riesgo que el poder -en todas sus expresiones- haya decidido darle una vuelta de tuerca a esa espiral de guerra, con el fin de imponer sus grandes negocios trasnacionales y de despojo, en el menor tiempo posible y con la mayor violencia, con el enorme riesgo que esto significa para toda la sociedad que es la primera gran víctima de la guerra. El caso del magisterio parece emblemático al respecto. La cerrazón política, la provocación represiva y laboral, la incapacidad para poder realizar un diálogo abierto e intelectual con el magisterio, que plantea formas diferentes de evaluación y educación según las especificidades socio e interculturales, advierten del peligro que se quiera cerrar más aún la opción política.

Por eso la importancia de organizarnos, como sociedad civil, para detener los despidos desproporcionados e injustificados de maestros, que han ejercido un derecho democrático y civil central: la objeción de conciencia ante una injusticia. Más allá de estar de acuerdo o no con algunas de sus acciones, nadie puede negar ese derecho y lo que ha costado a la especie humana reconocerlo incluso legalmente. Es preciso, entonces, “invertir la mirada bélica” hacia este conflicto social y en vez de ver al magisterio disidente como un enemigo o una amenaza, verlo como lo que es en realidad: un actor social importante que está ofreciendo una oportunidad de reflexión educativa amplia en su conjunto a las autoridades, con base en una larga experiencia docente y de inserción comunitaria, lo que redundaría -si se realizara un gran diálogo público- en un verdadero cambio educativo en el país, algo en lo que todos concordamos.

Una de las formas, entre muchas más de solidaridad y lucha, en que podemos apoyar que no se active y aumente la espiral de la guerra a través de la cerrazón política, de la polarización, de los castigos ejemplares y desproporcionados, y de la represión, es la construcción de instancias civiles de “mediación social”, que ayuden a las partes a regresar los conflictos al terreno de lo político, del diálogo plural abierto a la ciudadanía, del respeto y tolerancia hacia la otredad, en fin, de la racionalidad que nos humaniza, porque la guerra precisamente nos deshumaniza y coloca en el terreno de la ignorancia.

¿Qué significaría esto de la “mediación social” en un conflicto tan violento y polarizado? Ante todo, asumir que, como sociedad civil, el conflicto nos pertenece y atraviesa a todos y todas, y exige nuestro involucramiento en el nivel que sea. Más aún en temas de educación pública y desaparecidos. Así, en diferentes formas y escalas, tenemos ante todo que construir instancias que ayuden y obliguen a las partes al “diálogo y reflexión colectiva”, alejando así los prejuicios y estigmas (primera etapa de la guerra); que trabajen conjuntamente en “buscar la verdad” (diría Gandhi), en construir la justicia (basada en la “retribución” y no en el chivo expiatorio y el castigo ejemplar y exterminador). Se trata entonces de una mediación que priorice la justicia y la verdad -desde la reflexión y no el prejuicio-, que en la construcción de la paz reconozca y valore las diferencias como riqueza y no amenaza, que sea imparcial hacia los bandos. Esto comienza por la construcción de condiciones que ayuden a romper la “asimetría de poder” existente a priori entre cualquier identidad social, avanzando así hacia un “principio de igualación social”, que comienza por la “humanización del otro”.

Un ejemplo actual importante de mediación social es el que nos está dando la Rectoría de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), al colocar muchos de sus recursos -humanos y materiales- al servicio de los familiares víctimas de desaparición, en su búsqueda en las fosas clandestinas de Morelos. Resulta central, para presionar al poder político, judicial y de la gubernatura responsable de esas fosas y encubrimiento inhumano, la presencia “mediadora” de la rectoría universitaria, que representa una “fuerza y arma moral” socialmente muy importante, en apoyo a esta lucha ejemplar de los familiares y sus organizaciones. La mediación social que aquí se está efectuando tiene que ver con el respaldo total de la Rectoría a la verdad, justicia y reparación que esos familiares reclaman, ante el poder central, tratándose entonces de u na acción civil y pacífica de acompañamiento, empoderamiento y aumento de la fuerza moral en aras de la “igualación con el poder”, que sin ello seguiría haciendo oídos sordos hacia esa lucha.

Otro ejemplo, se ha dado recientemente en la UNAM, a partir de una Propuesta de Mediación Social de docentes y alumnos, ante los varios grupos de Okupas del auditorio Che Guevara-Justo Sierra, y la Rectoría. Esta propuesta busca también evitar la polarización, cualquier solución violenta o de criminalización al conflicto, y cualquier provocación que pueda afectar a la universidad y la educación pública. Los medios que propone parten de un respeto a la identidad de todas las partes involucradas en el conflicto a partir de un trato de “iguales”, y para ello se establece un “piso mínimo” que pudieran aceptar las partes: cogestión del espacio entre profesores, alumnos, trabajadores, okupas y autoridades; realizar un proyecto de rehabilitación del lugar; elaborar colectivamente los lineamientos para el uso del auditorio respetando la “función crítica de la universidad contra la injusticia, la violencia y la trasgresión de los derechos humanos que sufre actualmente la sociedad mexicana”.

Esta iniciativa se encuadra también dentro de la cultura del “Refléctere” que se ha promovido a través de Jornadas desde hace más de un año en la facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, como una forma de “no normalización” hacia los hechos de Iguala y violencia en el país.

El primer desafío de esta mediación social, al igual que en el caso de la lucha magisterial y de los familiares de desaparecidos, es lograr que las partes más intransigente tomen la decisión de “sentarse a escucharse y dialogar”, de “romper sus encierros”, para construir una camino de solución justa, verdadera, co-operativa y noviolenta. Es ahí donde, como sociedad civil mexicana, tenemos que potenciar nuestra capacidad de ejercer acciones masivas y organizadas como “armas morales” que somos, que luchan por la paz con justicia y dignidad.

Pietro Ameglio, 9 junio 2016