La controvertida elección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y su opaca (mediocre) gestión como Ombudsperson nacional ha generado el resurgimiento del debate sobre el carácter no vinculante de las recomendaciones emitidas por los organismos defensores de los derechos humanos.

Fue la propia Rosario Piedra Ibarra (consciente de su debilidad político-administrativa) quien propuso una reforma al apartado B del artículo 102 constitucional, en el que se determine que las recomendaciones públicas, denuncias y quejas de los organismos de protección de derechos humanos sean vinculantes.

En un mensaje difundido en redes sociales, la presidenta de la CNDH rememoró a la “Procuraduría de los pobres” señalando que esa figura “es la que su administración reivindica, pues considera que el modelo de operación de la CNDH ha sido un “fracaso evidente”, ante el enorme costo que ha representado y los escasos logros.”

La institución del Ombudsman tuvo su origen en Noruega. Desde su creación, el parlamento escandinavo determinó que el valor de las resoluciones emitidas por el Ombudsman serían no vinculantes, ya que la obligatoriedad de sus resoluciones estarían sustentadas, en la credibilidad de la institución, el prestigio de la persona que la presidia, y la existencia de un régimen democrático que garantizaba que cualquier violación de derechos humanos cometida por la autoridad sería reparada sin dilación u objeción. El nombre cambió recientemente a Ombudsperson para incluir a las mujeres ya que man significa hombre.

En México la creación de la CNDH (5 de junio de 1990) aconteció durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en gran parte, como corolario del asesinato de la abogada sinaloense Norma Corona Sapien, quien había denunciado a mandos de la Policía Judicial Federal en el estado de Sinaloa, de estar coludidos con el narcotráfico. En palabras del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, la CNDH “surgía con la intención fundamental de esclarecer la muerte de Norma Corona y, al mismo tiempo, con el proyecto de acabar con las violaciones a los derechos humanos en el país”.

Jorge Carpizo McGregor, fue el primer presidente de la CNDH. Con él dicha institución inició un periodo ininterrumpido de veintinueve años, en el cual el organismo público fue un coto de poder y botín político de un grupo de abogados pertenecientes al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El paso del tiempo demostró que la experticia jurídica de los abogados que encabezaron la CNDH, fue insuficiente para dotarla de autonomía, credibilidad y fortaleza, y que la institución, muchas veces fue utilizada como trampolín para impulsar carreras políticas o para favorecer económicamente a compadres y amigos a través de plazas laborales o contratación de toda clase de asesorías.

La falta de efectividad de la CNDH para disuadir la violación de los derechos humanos, contrastó con el dispendio de recursos. Los onerosos salarios de sus dirigentes que llegaron al puesto por amiguismo y la falta de vocación de la enorme mayoría de los servidores públicos que laboraban en la institución, eran ofensivos dado el nivel de pobreza que prevalece en México. La creación y funcionamiento de las comisiones estatales de derechos humanos, salvo contadas excepciones y durante ciertos periodos, han seguido el mismo derrotero de la CNDH.

En la más reciente elección, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y un segmento significativo de la sociedad civil, consideraron que la CNDH requería de un cambio estructural que le permitiera cumplir las funciones para las que fue creada, por lo que resultaba esencial que el nuevo titular no estuviera ligado a un grupo de poder y/o a un partido político.

El resultado de la elección es público. El cuestionamiento a que fue sometida Rosario Piedra Ibarra, desgastó prematuramente su cargo. Las declaraciones de algunos gobernadores de la oposición criticando la elección y adelantando que no acatarían las recomendaciones que emitiera la CNDH, terminaron por minar la poca credibilidad del organismo público. De poco sirvió que el presidente de la República y los gobernadores emanados de MORENA, públicamente manifestaran su apoyo y su compromiso de cumplir con las recomendaciones.

Los detractores de la actual presidenta, siempre objetaron su militancia en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y por lo tanto su impedimento para ocupar el cargo; también señalaron que su cercanía con el presidente de la República podía generar una sumisión que se convertiría en un obstáculo infranqueable que le impediría actuar autónomamente y, que a corto plazo, terminaría por privilegiar los intereses presidenciales y de los gobiernos emanados de MORENA, sobre su obligación de velar por el respeto y protección de los derechos humanos.

El tiempo ha dado la razón a los detractores de Rosario Piedra Ibarra. La negativa de la CNDH a promover una acción de inconstitucionalidad impugnando el decreto presidencial, emitido el 11 de mayo de 2020, que dispone de las fuerzas armadas para realizar tareas de seguridad pública, es un claro ejemplo; el cese fulminante de dos visitadores generales, que se negaron a favorecer intereses políticos de un funcionario cercano a la presidenta y la negativa del gobierno del Estado de Chiapas de acatar la Recomendación número 39/2020/VG “Sobre la investigación de las violaciones graves a derechos humanos acontecidas durante los conflictos sociales suscitados en el municipio de Amatán, Chiapas”, han exhibido la sumisión de Rosario Piedra Ibarra a los gobernantes emanados de MORENA.

La arrogancia del gobierno encabezado por Rutilio Escandón Cadenas, que se negó a aceptar la Recomendación derivada de la ejecución extrajudicial de Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, sienta un peligroso precedente, al ser la primera autoridad en la historia de la CNDH que se niega a cumplir una recomendación por violaciones graves a los derechos humanos relativas a un hecho tipificado por el derecho internacional como delito de lesa humanidad. Este detalle tan trascendente, fue obviado por los asesores externos a los que acudieron el gobernador y el secretario de gobierno; poco aprendieron los “expertos” por su paso en la CNDH y otras Comisiones.

Paradójicamente, los antiguos correligionarios de Rosario Piedra Ibarra, que tan vehementemente defendieron su elección, son los que la han ridiculizado públicamente, evidenciado su incapacidad para presidir el Ombudsperson nacional.

Antes de pensar en modificar la esencia del Ombudsperson, convirtiendo en vinculantes y por ende de cumplimiento obligatorio las recomendaciones, es indispensable que las víctimas de violaciones a derechos humanos sean quienes encabecen la transformación de la institución, desterrando para siempre a los grupos de poder y pongan coto a los que sirven de comparsas de los gobiernos en turno.

COMPORTAMIENTO JUDICIAL

Hace unos días iniciaron sus actividades los Tribunales Laborales Federales, a partir de su instauración, el Poder Judicial de la Federación busca crear un nuevo paradigma que deje atrás los vicios que pervirtieron y corrompieron las funciones de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

En los últimos años la calidad de la justicia laboral en las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, se medía en buena parte, por la rapidez con la que los secretarios de acuerdos, despachaban a los litigantes, el café, los sándwiches y todo tipo de comida chatarra, aunque parezca broma, la mesas de trámite, también funcionaban como expendios comerciales.